Hasta el momento se desconoce el paradero de José Ramón y el gobierno ha tratado de ocultar su responsabilidad, a pesar de las múltiples evidencias que se establecieron durante las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Daniel Estrella Valenzuela, quien logró determinar la autoría de la desaparición por parte de elementos policiacos y se logró una orden de aprehensión que fue parcialmente cumplida con tres de ellos, pero sin que se ejecutara en contra de Nogueda Carbajal, quien posteriormente desempeñó cargos policiacos en el estado de Guerrero. El Gobierno del estado de Morelos eludió las investigaciones posteriormente a la caída del helicóptero donde viajaba el fiscal especial en donde murieron 4 personas. Por tal razón, las investigaciones que apuntaban hacia el gobernador Antonio Rivapalacio López y Salinas de Gortari quedaron sin concluir, manteniéndose hasta la fecha la impunidad.
Al cumplirse 20 años de su desaparición resulta sumamente preocupante que se repitan estrategias represivas por parte del gobierno, similares a las empleadas en 1988 para perseguir y reprimir a militantes políticos y luchadores sociales, como ocurre actualmente en contra de integrantes del Movimiento Magisterial de Bases y organizaciones solidarias, quienes son acusados de pertenecer a organizaciones guerrilleras (en este caso las FARC de Colombia), como en su momento intentaron hacer con José Ramón al intentar acusarlo falsamente de estar ligado a la organización separatista del País Vasco, ETA.
En estos días precisamente se han filtrado informaciones atribuidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, aunque esta haya realizado un deslinde público al respecto, donde se asegura que 4 compañeros de diversas organizaciones políticas de izquierda responden a una estrategia de las FARC y que estarían ligadas a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos para encabezar tomas de carreteras, bloqueos y actividades que en su conjunto llevarían a ser consideradas ilegales y "terroristas", como lo ha expresado el periódico "La Crónica de hoy" en su editorial, donde llama a tomar acciones para detener y encarcelar a los activistas políticos, dando por buenos los hechos que ellos mismos se encargan de inventar, en una maniobra claramente de tergiversación de la realidad y en la estrategia de criminalización de la solidaridad internacionalista y de la protesta social. Alertamos sobre cualquier intento de detención de los compañeros señalados y de cualquier otro participante en las luchas sociales en el estado de Morelos.
¡A 20 de la desaparición de José Ramón García Gómez seguimos exigiendo presentación con vida de todos los desaparecidos, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Alto a la persecusión política en contra del movimiento magisterial de bases de Morelos y por la reinstalación inmediata de las y los 60 despedidos por su participación en la lucha contra la Alianza por la Calidad Educativa!
¡Alto a la criminalización de los movimientos sociales, porque protestar es un derecho y reprimir es un delito!
Atentamente.
Frente Morelense contra la Represión.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Movimiento Magisterial de Bases de Morelos, Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, El Pregón, Concejo de Pueblos de Morelos, El Zurdo, Frente Popular Revolucionario, Partido Comunista de Mexico (ml), Sindicato Mexicano de Electricistas, Cooperativa Trabajadores de Pascual, Jubilados del STUNAM, Convergencia Sindical y Social,
(Solicitamos incorporar sus firmas y circularlo entre sus contactos. Gracias)
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