viernes, 25 de abril de 2008

Plaza Pública.

Los motivos de Uribe

Por

Miguel Ángel Granados Chapa


(25-Abr-2008).-
Como secuela de las acusaciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a los mexicanos muertos (y una lesionada) en el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el embajador de ese país, Luis Camilo Osorio, se permitió instruir al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México que condene la presencia de los universitarios de nuestro país y no al Presidente del suyo.

Lo que hizo el doctor José Narro Robles, después del despliegue propagandístico de Uribe durante su estancia en Cancún la semana pasada, fue invocar el principio elemental del derecho según el cual quien acusa debe probar o abstenerse de insistir en su denuncia. El embajador Osorio, sin el menor tacto diplomático (carencia comprensible porque ése no es su oficio, ya que fue recibido en México como un favor que le permita estar lejos de un eventual proceso debido a su deplorable desempeño como fiscal general de aquella República), escribió el 18 de abril al rector Narro una carta en que pide "a la autoridad universitaria que dirija su condena a la presencia de mexicanos en el campamento instalado por los autores de tantos asesinatos y secuestros y no contra el Presidente de todos los colombianos que sólo ha expresado la indignación que sentimos por la agresión terrorista que sufre Colombia".

En nombre del rector, el director de Comunicación Social de la UNAM, Enrique Balp, respondió anteayer. Además de enfrentar el sarcasmo barato del embajador ("el campamento de Raúl Reyes no era un campus universitario"), la respuesta rechaza las "sugerencias injerencistas que pretendan regular la vida de los universitarios y decidir por ellos hacia dónde deben dirigir sus pasos". Recordó al ex fiscal colombiano que desde comienzos de marzo la Universidad Nacional condenó la violencia y "dejó claramente establecido que los miembros de esta comunidad son responsables de sus actos, incluidos aquellos que realizan en pleno ejercicio de sus libertades, con el único límite que impone el respeto a los derechos de los demás".

Uribe llegó a México la semana pasada en una clara operación propagandística, para ocultar detrás de sus imprudentes pero meditadas acusaciones (que atajó incluso su amigo Felipe Calderón) la precaria situación de su gobierno, resultante no sólo de la guerrilla a que busca asociar a ciudadanos mexicanos sino al descubrimiento de los nexos de sus políticos cercanos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la guerrilla derechista que mata y obtiene provecho económico de sus delitos en medida análoga a lo que hacen las FARC, sólo que sin merecer la acerba condena del gobierno. La descomposición política en Colombia, que Uribe procura ocultar ostentándose como un campeón de las libertades y la democracia, lo tocó de cerca con la detención de su primo Mario y llegó a él mismo, según debió admitir apenas anteayer. Por si fuera poco, se ha revelado que el voto parlamentario que permitió su reelección en la Cámara de Representantes, en 2004, se obtuvo con sobornos, en una operación en la que el propio Uribe participó.

Incapaz de derrotar a las fuerzas guerrilleras que se le oponen, el gobierno de Colombia favoreció la creación de brigadas de choque, entrenadas por el Ejército para combatir a la insurgencia. Pero esos grupos paramilitares, congregados en las AUC, adquirieron autonomía, cometieron sus propios delitos (narcotráfico, asesinatos, robo y despojo) y se aliaron a partidos, grupos y candidatos cuya elección favorecieron sin embozo. De ello vino a saber la justicia colombiana (a pesar de la desidia del fiscal Osorio, el improvisado embajador en México) y como resultado de sus pesquisas y procesos, hoy están en prisión 36 parlamentarios, que recibieron el ilegal apoyo de los paramilitares. El caso más reciente es el del ex senador Mario Uribe, primo y colaborador político cercano del Presidente, que encabezó el Congreso y fue detenido el martes pasado, tras un intento fallido de hallar asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá. Se le procesará por el equivalente a asociación delictuosa y "por formalizar acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley". Se investiga también el provecho electoral que obtuvo de su alianza con los paramilitares y su opción de "negociar tierras gracias a sus nexos con los grupos irregulares de ultraderecha" (Reforma, 23 de abril).

El propio Presidente (cuya historia política no es tan impoluta como pretenden sus panegiristas, en Colombia o aquí) admitió anteayer que está sujeto a una investigación. Aunque negó los hechos y deploró que se preste atención al testimonio de un delincuente, se indaga su participación en un encuentro con jefes de las AUC y de fuerzas regulares (militares y policiacas) donde se planeó el rescate de seis secuestrados, entre ellos un primo suyo, y que en el asalto a los secuestradores murieron 15 personas en octubre de 1997.

El pasado fin de semana se hizo pública también una denuncia preparada por la diputada Yidis Medina el 8 de agosto de 2004, puesta en reserva hasta que ella lo decidiera. Lo hizo el domingo pasado. Es una confesión. Reconoce haber votado por la reelección de Uribe porque a ella y otros nueve legisladores del Partido Conservador les fueron ofrecidas notarías, consulados, embajadas. La oferta la hizo el ministro del Interior y Justicia, pero el propio Uribe dijo a Medina: "mija, no lo piense, por favor colabóreme", "que él quería salvar a este país... y tener un tiempo más para cumplir su programa de gobierno".





Cajón de Sastre



En el tercero y último día del Foro Internacional Reforma de Medios: un debate abierto, el panel inicial discutirá la concentración o competencia en el mercado de medios. Raúl Trejo Delarbre, investigador de la UNAM; Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia; Guillermo Mastrini, de la Universidad de Buenos Aires; y Johannes Weberling, de la Universidad Europea Viadrina, en Frankfurt. El segundo panel versará sobre programación y derechos del público, con Irma Pía González, subsecretaria de Normatividad de Medios; Guillermo Orozco, de la UdeG, y Néstor García Canclini, de la UAM. Las moderadoras serán Elisa Alanís y Gabriela Warkentin. Como en la inauguración, en la clausura hablarán Carlos Sotelo, Javier Corral y Rudolf Huber, de las entidades organizadoras.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com


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