Pero la paradoja mayor es que los problemas de las empresas para encontrar empleados capacitados ocurren con el telón de fondo de un desempleo que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, llegó el mes pasado a dos millones 400 mil personas, es decir, a 5.17 por ciento de la población económicamente activa, lo que significa un incremento de tres puntos porcentuales en el primer semestre del año en curso.
El déficit de capacitación es consecuencia de un modelo económico que ha dejado en el abandono –presupuestal, político, social– al sistema de educación pública y que, desde hace más de dos décadas, se ha empeñado en abaratar la mano de obra como supuesto factor de competitividad en el entorno global. Los sucesivos gobiernos del ciclo neoliberal han apostado por generar flujos de divisas mediante la atracción de plantas maquiladoras al país y, lo reconozcan o no, por dar como inevitable, y hasta positivo, el flujo migratorio hacia el vecino país del norte, fenómeno que se ha traducido en un movimiento de remesas en sentido inverso que terminaron siendo uno de los principales soportes de la economía nacional.
La devaluación del trabajo se ha realizado, desde el poder público, por la vía de las políticas de contención salarial, instrumentadas con el argumento antinflacionario
y mediante una deliberada falta de inversiones gubernamentales suficientes en enseñanza y capacitación. El desempleo y el subempleo –eufemismo para designar ocupaciones de estricta subsistencia que se contratan al margen de las prestaciones legales y fuera del sector formal de la economía– contribuyen de manera adicional al abaratamiento de los salarios, en la medida en que multiplican la oferta de trabajo disponible.
Este círculo vicioso ha resultado catastrófico para la mayoría de la población, la cual debe ajustar sus mejores expectativas a la obtención de trabajos mal remunerados, y ha permitido un dramático ahondamiento del abismo de desigualdad social que fractura al país y que constituye la principal amenaza potencial para la gobernabilidad y la estabilidad. En otros términos, los salarios insuficientes y los trabajos escasos han permitido a diversas corporaciones e individuos incrementar sus fortunas y su poder fáctico y han hundido en la desesperanza a millones de mexicanos en edad productiva.
A la larga, sin embargo, la depredación de la fuerza de trabajo empieza a gravitar en forma negativa para las propias empresas, las cuales ahora experimentan dificultades crecientes para reclutar empleados.
La conjugación de desempleo masivo y de falta de trabajadores debidamente capacitados constituye, pues, un dato adicional del fracaso de una línea de política económica oficial que ha causado ya demasiados desastres sociales y humanos y que debe ser reformulada de manera radical. Ese modelo ha hundido a la mayor parte de la población en una crisis endémica y ahora agrava la crisis coyuntural procedente del extranjero. Es tiempo de repensar las prioridades nacionales y de dirigir la inversión pública al actor central de la economía, que es la población: para reactivar la economía y hasta para preservar la estabilidad institucional es indispensable reconstruir el sistema de educación pública, otorgarle la preferencia presupuestal que merece y establecer con urgencia mecanismos de capacitación que permitan superar la paradoja mencionada.
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