El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, afirmó ayer que la toma de nota del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, es “totalmente legal” y que por tanto no hay motivo alguno para que sea removido del cargo. Al mismo tiempo, el funcionario calificó de “chantajes” los reclamos de los sectores que se oponen a la ratificación de Romero Deschamps al frente del gremio, y que tomaron, en protesta, la sede del STPRM en la ciudad de México el viernes pasado.
Las declaraciones del titular de la STPS son más que desafortunadas, porque dejan entrever la postura sesgada del gobierno federal en un conflicto creciente en el seno del sindicato petrolero, ante el que lo más deseable sería una actitud imparcial y conciliadora. Los asertos constituyen, además, una muestra contundente del enorme peso político que Romero Deschamps –cabeza de una dirigencia antidemocrática, charra y corrupta– tiene para la presente administración, como parte de la herencia del corporativismo sindical que se consolidó en tiempos del priísmo, en calidad de instrumento político clave de la estructura autoritaria del llamado superpresidencialismo mexicano.
Por añadidura, el apoyo del oficialismo al dirigente petrolero se explica en términos de la coyuntura política: el líder pudiera fungir como elemento clave en el proceso de reforma energética emprendido por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Ante el creciente rechazo social que ha despertado el cariz privatizador y antinacional de la iniciativa presidencial –cuya inviabilidad legal, política y económica fue puesta en evidencia durante los foros de discusión que se llevaron a cabo en el Senado de la República–, resulta lógico suponer que para el actual gobierno es crucial contar con Romero Deschamps de su lado.
En esta misma lógica se inserta lo expresado ayer también por el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al ser interrogado sobre la necesidad de reformar las relaciones con el sindicato petrolero, en el contexto de la reforma a Pemex, el responsable de la política interna afirmó que ésa “ es una discusión distinta y por ello (...) debe tratarse en un plano o en un momento distinto”, como si el rosario de vicios que corroe la estructura administrativa de la paraestatal no formara parte de los problemas actuales que ésta debe resolver con urgencia.
Las posturas de Lozano y Mouriño dan cuenta del amplio respaldo que el gobierno federal ha decidido otorgarle a Romero Deschamps, no obstante que ello implique que la administración calderonista, ante el conjunto de la opinión pública, sea vista como garante de impunidad y encubridora de las consabidas corruptelas del máximo líder del STPRM. Por lo demás, los elementos mencionados ponen en perspectiva, una vez más, el empleo de los instrumentos legales y de meros trámites administrativos –como las tomas de nota–, como herramientas para, según sea el caso, favorecer o golpear políticamente: en relación con lo segundo, baste mencionar la campaña de desconocimiento y persecución que la administración de Vicente Fox emprendió –a la que el calderonismo ha dado continuidad– contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, dirigente con añejas acusaciones por presunto desvío de fondos a las que, sin embargo, las autoridades no prestaron atención hasta que éste asumió una postura crítica hacia el gobierno foxista por la tragedia de Pasta de Conchos.
En suma, el apoyo gubernamental irrestricto del que, por lo que puede verse, goza Romero Deschamps, en buena medida explica la indiferencia del dirigente petrolero hacia el cúmulo de críticas, acusaciones y reclamos de que es objeto dentro y fuera de su gremio. Adicionalmente, esta situación revela el mantenimiento, al amparo del poder público, de estructuras sindicales añejas, descompuestas y nocivas, carentes de altura moral para representar a los trabajadores, que constituyen, en cambio, un lastre para éstos y la nación en su conjunto.
Fuente: La Jornada
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