Juan José Morales
Escrutinio
El Art. 3° de la Constitución establece clara e inequívocamente que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Esto incluye todos los niveles de la educación básica obligatoria, que de acuerdo con las reformas de 2002, abarcan la educación preescolar, la primaria y la secundaria.
En la práctica, sin embargo, durante los últimos años se ha establecido un pago que los padres de familia deben hacer para que sus hijos reciban esa educación: las llamadas cuotas voluntarias, destinadas a cubrir gastos de mantenimiento y reparaciones de los edificios escolares.
Es una situación anómala y confusa, puesto que en sentido estricto, el cobro no lo hacen las autoridades educativas, sino las sociedades de padres de familia, y teóricamente las cuotas no tienen carácter obligatorio. Sin embargo, en los hechos su pago es requisito indispensable para que los directores de las escuelas inscriban a los alumnos, no obstante que año tras año las autoridades digan que nadie está facultado para exigirlas.
En cuanto a su monto, varía de una escuela a otra y en las distintas entidades del país. En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, de acuerdo con una investigación hecha por el PRD, son del orden de $400 a $500 por alumno al año en preescolar, de $500 a $700 en primaria, de $800 a mil en secundaria, y de $1,800 en bachillerato. Para una familia con tres hijos en diferentes niveles escolares, esto puede implicar fácilmente una erogación de dos mil a tres mil pesos, que resulta especialmente onerosa dado que debe hacerse en una sola exhibición —no en parcialidades a lo largo del año escolar— y que a ella se suma el gasto por uniformes y útiles escolares. Así, el total puede resultar equivalente a un mes completo de ingreso familiar, e incluso más, lo cual evidentemente significa una pesada carga económica para personas de escasos recursos.
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