El gobierno de Felipe Calderón insiste: no hay ninguna justificación para que se abran los paquetes de la elección presidencial de 2006. Con ese argumento, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejar sin efecto la solicitud hecha al Estado mexicano para tomar medidas cautelares a favor de Proceso, publica el semanario en su edición 1657.
Con las medidas precautorias el organismo interamericano pretende evitar que las autoridades mexicanas destruyan la papelería electoral que dio como ganador de los controvertidos comicios del 2 de julio de 2006 a Calderón.
Aunque la protección requerida al Estado mexicano sólo aplicaría en tanto la CIDH resuelve si admite la denuncia de la revista respecto a la violación del derecho de acceso a la información, el gobierno de Calderón consideró que la solicitud de la Comisión Interamericana debe ser desechada por imprecisa, desproporcionada, parcial y alejada de los hechos.
Pero también, porque no hay precedentes en el Continente Americano de que la Comisión haya hecho una petición de medidas cautelares relacionada con el acceso a las boletas electorales.
Aunque no retomó de forma explícita el argumento del IFE de que dar acceso a las boletas afectaría incluso la seguridad nacional, Calderón le advirtió a la CIDH que si se tomaran ese tipo de provisiones las consecuencias serían ahora no sólo para México, sino posteriormente para todo el continente.
Sin precisar a qué tipo de intereses aludía, el Ejecutivo mexicano aseguró que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la información en materia electoral debe estar limitada “en función de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales”, destaca Proceso en su número 1657.
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