Miguel Ángel Granados Chapa
(09-Abr-2008).-
Ya José Reveles hizo en su contundente libro Las manos sucias del PAN una clara exposición de las maniobras que diputados de ese partido urdieron para asignar partidas presupuestales que después se encargaban de gestionar para dirigir el dinero público a organismos civiles creados ex profeso o inexistentes y quedarse con una tajada de lo tomado ilegalmente de las arcas gubernamentales. Después de aparecida esa investigación periodística nadie duda que la corrupción en el partido en el poder es semejante a la de PRI, sólo que tardó mucho menos tiempo en manifestarse y en llegar a la sofisticación que tan rápidamente adquirió.
La denuncia sobre la dualidad que permitió a Juan Camilo Mouriño ser al mismo tiempo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y apoderado de una de las empresas de su familia, Grupo Energético del Sureste, situó la posibilidad de corrupción en el gabinete mismo. Otros casos, el de Eduardo Sojo, secretario de Economía, y el de Javier Lozano, que lo es del Trabajo y Previsión Social, podrían mostrar por lo menos que la selección que el presidente Felipe Calderón hizo de su personal de primer nivel no fue muy rigurosa y no halló problemas de honestidad que después afloran, o conociéndolos actuó como si no existieran.
En un artículo periodístico Federico Berrueto se refirió el domingo pasado a un conflicto de intereses del secretario de Economía. El autor adquirió notoriedad porque enfrentó la arbitrariedad de Roberto Madrazo que como presidente del PRI pretendió impedirle que fuera candidato a diputado. En su texto titulado "Sojo, igual que Mouriño" (Milenio, 6 de abril), refiere que la esposa, el cuñado y el suegro del secretario de Economía son socios de una empresa que contrata con Pemex. Esa relación se inició en 2003, cuando Sojo era coordinador de políticas del gobierno de Vicente Fox, y continúa ahora mismo, cuando es secretario de Economía y en ese carácter miembro del Consejo de Administración de la empresa petrolera con la que contrata su familia.
Javier Lozano ha aparecido en un informe de la Auditoría Superior de la Federación como probable causante de un daño millonario a la hacienda pública. Cuando presidió la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación, ahora Unefon, de Ricardo Salinas Pliego, obtuvo del pleno de la Cofetel un singular favor: dos prórrogas para el pago de poco más de 2 mil millones de pesos, importe del 80 por ciento de la contraprestación que esa empresa debía al Estado por haberle concedido 18 frecuencias de telefonía inalámbrica, fija y móvil.
En apariencia no había tal favor, pues se fijó a la beneficiaria el pago de intereses moratorios. Por ignorancia o mala fe (a sabiendas de que habría que devolver lo cobrado indebidamente) se eligió esa forma de cubrir la mora, de modo que Unefon litigó y ganó la devolución de los intereses que había erogado y pelea en tribunales un monto mucho mayor. Un día antes de que concluyera el sexenio de Fox le fueron pagados 550 millones de pesos a la empresa de Salinas Pliego, que espera cobrar más de 2 mil millones más, que tienen su origen en la errónea o deliberadamente equivocada decisión de cobrar intereses como si se tratara de un crédito fiscal. Da la casualidad de que tiempo más tarde Lozano actuó como asesor de TV Azteca, matriz de los negocios del propietario de Unefon, que en 1998 y 99 no sólo obtuvo la gracia de un mayor plazo para cubrir su adeudo sino después la devolución del dinero que alega le fue exigido sin base legal.
Aterrorizado por la posibilidad de que el rijoso secretario Lozano suelte de su ronco pecho desmentidos y descalificaciones en mi contra cito en apoyo de esta información (que por lo demás es pública y consta en informes oficiales) lo dicho anteayer en la sección de Negocios de Reforma por Javier Tejado Dondé, antaño responsable jurídico y ahora director de información de Televisa, y vicepresidente (y cerebro) de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Afirma el abogado, fundador y consejero del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones que en torno de este asunto en la SCT se ha desarrollado "una estrategia de argucias y verdades a medias para centrar la atención en el pago realizado por la administración foxista. Todo ello para evitar que las investigaciones se adentrasen en los vicios del asunto, que involucran al hoy secretario del Trabajo, Javier Lozano. El propósito parece entonces blindar a Javier Lozano de que legal y políticamente se le vinculara con un daño a la hacienda pública que entre cobros indebidos y actualizaciones podría alcanzar los $3,653 mdp.
"Por donde se le vea, el caso es una pena: la trayectoria de Javier Lozano, quien en buena medida forjó el sector de telecomunicaciones que hoy conocemos, quedó seriamente en entredicho; el bien intencionado secretario Téllez por hacerle caso a su abogado (quien tiene un conflicto de intereses al haber trabajado para Lozano cuando sucedieron los yerros en torno a Unefon)...
"Lo que más extraña es el por qué el entonces presidente de Cofetel, Javier Lozano, decidió otorgar una prórroga, con intereses sin fundamento, para el pago de Unefon. Esto a sabiendas de que había un escrito ingresado por el representante legal de la telefónica señalando que combatirían las contraprestaciones establecidas y el proceso de licitación. Este escrito fue clave para que Unefon ganase millonarios juicios al gobierno".
Cajón de Sastre
Mañana sesionará de nuevo el Frente Nacional por la Reforma de los Medios, la organización más amplia de la sociedad civil enfocada al propósito enunciado en su nombre. El frente ha presentado, también, la propuesta más cabal y comprehensiva para una nueva legislación que regule los medios electrónicos. Uno de sus propósitos es muy oportuno respecto de la necesidad planteada por el Instituto Federal Electoral de contar con una vasta y onerosa estructura para el monitoreo de los mensajes propagandísticos de los partidos. Un órgano autónomo que regule la comunicación electrónica podría montar un aparato semejante que al mismo tiempo cumpla las funciones actualmente reservadas para la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Ésa es una de las razones por las que apremia esta reforma de los medios, a desahogarse en este mismo mes de abril.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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