Por
Miguel Ángel Granados Chapa
(03-Abr-2008).-
En septiembre pasado el gobierno mexicano otorgó al consorcio español Repsol (que controla la empresa Gas Natural, surtidora desde 2005 de ese combustible a seis entidades de la República) un contrato para suministrar gas natural licuado a la zona de Manzanillo, Colima, que provendría de Perú y sería revendido a la Comisión Federal de Electricidad. El 24 de febrero siguiente, Andrés Manuel López Obrador denunció como corrupta esa operación, que sólo esbozó en términos generales. Como ocurrió con los contratos firmados por Juan Camilo Mouriño como proveedor de Pemex mientras encabezaba la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados (que aparecieron en El Universal, antes de que los estudiaran los legisladores que recibieron esa documentación), la información sobre el contrato a Repsol apareció a detalle en La Jornada el 29 de febrero.
En ella se hizo hincapié en que la licitación había sido avalada por la Fundación Heberto Castillo Martínez, que actuó como testigo social a través del experto David Shields Campbell. Al día siguiente, doña María Teresa Juárez, viuda del recordado político (muerto hará el sábado 11 años) y apoderada de la fundación, mostró su consternación por el papel que había jugado ese organismo civil en ese proceso y deslindó a la fundación del proceder de Shields, que "hizo valoraciones personales contrarias a los principios y objetivos que dieron origen a esta asociación civil" y anunció que la misma no participaría más en licitaciones públicas. El 2 de marzo Shields deploró esa decisión y tomó dolida nota de la desautorización a su trabajo.
López Obrador anunció que el 1o. de abril daría pormenores del negocio que permitiría a Repsol obtener una ganancia de 15 mil millones de dólares en perjuicio de los consumidores mexicanos de energía. Cumplió su palabra, pero la CFE o la Secretaría de la Función Pública se le anticiparon en una maniobra para neutralizar el efecto de sus informaciones. Una de las dos entidades públicas ordenó la inserción en varios diarios, con el nombre y el logotipo de la fundación, del testimonio rendido por Shields más de seis meses atrás.
La Secretaría de la Función Pública estableció la figura del testigo social en diciembre de 2004, con el propósito de hacer partícipe a la sociedad civil de los mecanismos de transparencia buscados en las licitaciones públicas, una de las fuentes de enriquecimiento ilícito más socorridas en el sistema autoritario y corrupto que había padecido México (y que no desapareció ni mucho menos a la hora de la alternancia partidaria en el Ejecutivo). Organismos y personas técnica y éticamente calificados atestiguarían tales licitaciones para asegurar que de ellas nadie obtenía provecho ilegal. Un defecto grave tuvo esa figura desde su aparición en el escenario público: que sus servicios son pagados por la entidad pública que convoca a la licitación.
En el caso de Repsol, conforme a la ley, Shields puso su testimonio en manos de la CFE y la Sefupu, que desde septiembre disponían de ese documento y de las características gráficas con que fue presentado. De modo que a ellas puede atribuirse el desembolso de una buena cantidad de dinero en la difusión del texto de Shields en nombre de la fundación. Quien ordenó la publicación se propuso, y seguramente lo consiguió en amplia medida, no sólo contraponer información conveniente a sus intereses a la que expondría López Obrador, sino restarle autoridad porque en sentido opuesto a sus palabras se manifestaba la fundación que lleva el nombre del muy reputado y respetado político de izquierda, cuya hija Laura Itzel, por añadidura, forma parte del gabinete de López Obrador. Ella misma salió a aclarar que nada tenían que ver la fundación y su familia con la difusión del testimonio de Shields, a recordar que éste había quedado desautorizado un mes atrás, y a anunciar denuncias y demandas contra quienes usaron de mala fe el nombre de la asociación civil de que cuya directiva ella forma parte.
El intento de curarse en salud, de controlar los daños antes de que se produjeran, revela con claridad la importancia que en el gobierno federal y en la CFE en particular se concede a las denuncias de López Obrador. El propio martes, oficialmente, la Comisión Federal de Electricidad contradijo las cifras ofrecidas por el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos. Pero no entró a desmentir la acusación de López Obrador de que Repsol contó con información confidencial que le permitió presentar una postura que ninguno de los otros interesados pudo siquiera igualar, por lo que se retiraron de la licitación todos a un tiempo. No se explicó tampoco el que se contratara a una empresa intermediaria, cuya participación necesariamente encarece el producto, en vez de propalar directamente un contrato con la empresa peruana que extrae el gas natural licuado, que apenas está por construir la planta de licuefacción de gas natural en la localidad de Pampa Melchorita y un gasoducto de 408 kilómetros hasta el puerto de donde partirá a México.
El 18 de mayo de 2004, cuando Felipe Calderón era todavía secretario de Energía, Repsol anunció su propósito de incrementar sus negocios en México, que el año anterior le habían significado un contrato para participar en la explotación de la cuenca gasera de Burgos. Su subsidiaria Gas Natural logró después siete permisos para distribuir ese combustible en Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, México, Nuevo León y el Distrito Federal.
Cajón de Sastre
El cómputo nacional de la elección de presidente y secretario general del Partido de la Revolución Democrática debió efectuarse el domingo 23 de marzo, una semana después de la jornada electoral. No fue posible hacerlo, y se calculó que se realizaría el domingo 30. Como tampoco se logró concluir los cómputos estatales, cuya suma da el nacional, el domingo pasado se conjeturó que el miércoles 2 de abril se darían a conocer los resultados de la contienda. Se venció anoche ese nuevo plazo sin que el proceso toque a su fin. Por añadidura, ante esa repetida imposibilidad dos órganos del partido, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia y el Consejo Nacional planean intervenir en la conflictiva situación electoral, con atribuciones que no todos aceptan por lo que las delicadas condiciones del PRD pueden empeorar.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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