Abuso de la renta petrolera

Abuso de la renta petrolera Ifigenia Martínez 12 de abril de 2008

Actualmente el término “renta petro- lera” se difunde con gran profusión debido a la importancia que reviste para la economía mexicana, por lo cual es indispensable tratar de aclarar su significado.

En la economía clásica, “renta” es el pago por el uso de un recurso que puede ser la tierra, el trabajo, un equipo, ideas o dinero. La renta que produce el trabajo se denomina salario; el pago por el uso de la tierra y equipos, renta; por el uso de una idea, regalía, y por el uso del dinero, interés (Palgrave, Diccionario de economía).

Los economistas mexicanos hemos denominado renta petrolera al ingreso por la venta de un recurso no renovable cuyo precio se fija en el mercado mundial independientemente de su costo, bajo el supuesto de que dicha renta se debe invertir en un capital permanente, o sea en la ampliación de la capacidad productiva del sector y del país. Hemos utilizado el término “renta” bajo el supuesto de que, siendo los hidrocarburos propiedad de la nación, el beneficio obtenido por su venta debe reinvertirse en la ampliación de la capacidad productiva del sector y del país para transformar así el beneficio obtenido de un recurso no renovable, propiedad de todos los mexicanos, en un capital productivo generador permanente de bienes, ingresos y empleo. En términos simbólicos de algún presidente, se pretendía “sembrar el petróleo” y ese es el significado que le damos a la renta petrolera.

Muy lejos estamos de haber cumplido con ese propósito, pues la renta petrolera ha ido a parar —mediante un esquema fiscal excesivamente duro— a la Secretaría de Hacienda, incluso obligando a Pemex a endeudarse para financiar sus propias inversiones con el alegato de que “así le conviene más al gobierno”. Aún más: para facilitar la apropiación fiscal de la renta petrolera en 1994 se cambió la estructura corporativa de la entidad paraestatal Pemex —organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Energía—, fraccionándolo en cuatro organismos; de ellos, Pemex Exploración y Producción es el gran generador de “renta económica”, mientras las subsidiarias Refinación, Gas, Petroquímica Básica y Petroquímica han disminuido sus inversiones, convirtiendo al país en importador de estos productos, indispensables para el funcionamiento de la economía. Por tanto cualquier reforma que se pretenda realizar en el sector energético debe contemplar una reorganización del organismo que permita industrializar el recurso y satisfacer las necesidades del país.

Pemex extrae y vende un recurso no renovable de la nación y tiene la obligación de transformarlo en un aumento (permanente) de la capacidad productiva, así como de apoyar la investigación e impulsar “el desarrollo de las industrias de fertilizantes, petroquímica y siderúrgica (proceso de extracción, producción, trabajo y fundición del hierro)”, además de coordinar a las entidades paraestatales del ramo y fomentar “el desarrollo de los energéticos, de la industria básica (estratégica y naviera), tal como lo prescribe la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La reforma energética es asunto de todos y amerita un amplio debate entre nuestros técnicos y especialistas, no sólo del sector estatal y paraestatal sino de la academia, los centros de investigación y las asociaciones de profesionales y de trabajadores en toda la República, pues se trata de un recurso que constitucionalmente es propiedad de todos y el destino de cuya renta ha sido decidido por muy pocos.

En paralelo, la Secretaría de Hacienda debe trabajar el proyecto de una verdadera reforma fiscal. De aquí la importancia de reducir el gasto corriente, en especial sueldos y salarios de funcionarios altos y medianos, y aplicar una política de austeridad; disminuir las prerrogativas y concesiones a las grandes empresas, transformadas en “pequeños gobiernos” ocupados en otorgar patrocinios y caridades deducibles de impuestos, y restablecer el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas, como se hace en todos los países modernos de economía mixta con una distribución del ingreso, menos desigual que la nuestra.

Presidenta del Consejo Consultivo del FAP