De La Jornada.

Editorial

Referendo y revocación, mecanismos democráticos
La reciente declaración del coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo, sobre la pertinencia de instaurar los mecanismos del referendo y de la revocación de mandato, ha dado pie a una enésima campaña de linchamiento mediático en la que se ha distorsionado el planteamiento hasta el grado de acusar el declarante de buscar el “derrocamiento” de Felipe Calderón. Lejos de tal escenario, que llevaría implícita una ruptura de la institucionalidad, Muñoz Ledo se refirió a un posible escenario de presidencia interina –prevista en la Constitución– antes de 2012, y propuso perfeccionar el marco republicano vigente con la incorporación de un mecanismo de control ciudadano sobre las autoridades. Hecha la aclaración, las voces del grupo en el poder han seguido denostando la idea y la han calificado de violenta, peligrosa, “golpista”, inductora de ingobernabilidad y producto de la “locura”.

Un elemento de contexto necesario para comprender tal andanada es que, a más de un mes de tal declaración, en el panorama político nacional han proliferado las demandas de que dimitan los funcionarios incapaces de revertir la escandalosa y aterradora violencia criminal que se abate sobre el país. Es razonable suponer que tal exigencia ha generado nerviosismo en el equipo gobernante y en sus aliados políticos, particularmente priístas y perredistas de la corriente Nueva Izquierda, lo que explicaría, en parte, la virulencia ante una propuesta institucional que resulta, por donde se le vea, razonable y necesaria.

Por lo que hace al referendo, Muñoz Ledo no ha sido el primero en pedir su instauración; muy diversas voces de distintos signos políticos han reclamado que se incorpore esta figura al marco constitucional, como una forma de evitar que los gobernantes en turno se extralimiten en su mandato e impongan al conjunto de la nación decisiones de trascendencia que no cuenten con un consenso social claro, como es precisamente el caso de las iniciativas de privatización de la industria petrolera presentadas por el Ejecutivo federal y por el Partido Revolucionario Institucional. En el curso del debate por esas propuestas de reformas legales ha sido posible apreciar la necesidad de este mecanismo democrático, toda vez que la consulta popular prevista en el artículo 26 de la Carta Magna resulta, en sus términos actuales, ambigua y sujeta a las interpretaciones más contrastantes.

En cuanto a la revocación de mandato, el mecanismo constituye un factor de control de la autoridad por parte de la ciudadanía que está presente en diversas legislaciones del mundo contemporáneo.

Sea por medio de un referendo revocatorio –abierto al voto de la ciudadanía en general– o de una moción de censura parlamentaria, la normalidad democrática moderna requiere de sistemas que permitan a las sociedades retirar de sus cargos a altos funcionarios –incluidos jefes de Estado y de gobierno– que se hayan revelado incapaces para cumplir con sus responsabilidades, que se rehúsen a llevar a cabo sus respectivos mandatos o que violenten el marco legal en forma manifiesta. Lejos de representar mecanismos subversivos, constituyen formas para garantizar la gobernabilidad y la continuidad institucional.

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