la gravedad de la circunstancia que enfrentamos. En el primer caso, renovó a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora; de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez.
Como elementos de contexto, cabe recordar que la eficacia de tales funcionarios había venido siendo cuestionada desde mucho antes de las elecciones de julio pasado: en el caso de Medina Mora, por el inocultable y alarmante fracaso de los lineamientos de reforzamiento del estado de derecho, por la persistencia de la impunidad, por el incremento de las violaciones a las garantías individuales y por la confrontación –un secreto a voces– entre la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna. Por su parte, Reyes Heroles, en Pemex, desplegó una campaña costosa, llena de falsedades, inútil a la postre, para colocar en manos privadas los segmentos fundamentales de la industria petrolera, y bajo su administración la paraestatal aceleró su declive, no sólo por causas externas (como la caída internacional de los precios del crudo, el saqueo fiscal de Pemex y la crónica dependencia de los ingresos petroleros en la que ha caído el sector público), sino también por la inocultable corrupción, el contratismo desaforado y la incapacidad o la falta de voluntad para planificar y racionalizar la producción de hidrocarburos. De la gestión de Alberto Cárdenas en la Sagarpa es difícil recordar algo relevante, salvo que esa dependencia siguió permitiendo la ruina de la mayor parte de los campesinos del país y orientó su acción a favorecer a grandes empresas agroexportadoras.
Con tales antecedentes, la presencia de esos tres funcionarios en el gabinete calderonista –y la conformación misma del equipo gubernamental– se volvió insostenible tras la derrota electoral sufrida en julio pasado por el PAN; los relevos operados resultaban ya impostergables y necesarios para dotar a la administración de márgenes mínimos de operación política. Sin embargo, el anuncio de los movimientos perdió buena parte del efecto que buscaba, pues Calderón fue más allá de la cortesía y la diplomacia y formuló elogios tan elevados a los funcionarios removidos que obligó a preguntarse el porqué aceptar la renuncia a tres empleados públicos que, en la perspectiva de Los Pinos, resultan tan capaces, responsables y eficientes.
Para colmo, la elección de los sucesores ha despertado una oleada de críticas y señalamientos. Juan José Suárez Coppel llega a la dirección general de Pemex con una carga de antecedentes que hacen dudar de la pertinencia de su nombramiento: sus vínculos políticos y empresariales, así como su paso por la dirección de finanzas de la paraestatal se vinculan con ejercicios de especulación poco responsable y con episodios de opacidad, hasta el grado de que los apellidos Suárez Coppel figuran en una indagatoria emprendida por la Secretaría de la Función Pública (SPF) en torno a una presunta red de corrupción en Pemex.
Arturo Chávez Chávez, propuesto para encabezar la PGR, ostenta, por su parte, una trayectoria lamentable como procurador de Chihuahua (de 1996 a 1998), cargo en el que fue señalado por omisiones, negligencia y la comisión de irregularidades graves, particularmente ante la ola de feminicidios que ya por entonces se abatía sobre Ciudad Juárez. Para colmo, la propuesta de Chávez Chávez parece haberse presentado sin previa negociación política con las fracciones parlamentarias del Senado, órgano que tiene la facultad de aprobar, o no, el nombramiento del nuevo procurador general. En cuanto al relevo de Alberto Cárdenas por Francisco Mayorga en la Sagarpa, la medida refleja más designio de continuidad que espíritu de cambio en las políticas agrarias en curso.
A los relevos del lunes debe agregarse el anuncio formulado el martes sobre ajustes administrativos y en política social. Y es que, en rigor, Calderón Hinojosa se abstuvo, una vez más, de emprender un viraje económico, que es lo que el país requiere, y se limitó, en esencia, a anunciar la adopción de medidas de austeridad tan tardías cuanto insuficientes y el reforzamiento de programas asistenciales –sobre cuya operación recae siempre la sospecha de manipulaciones electoreras– de entrega de dinero en especie a los estamentos más pobres de la población y el incremento de presupuesto para el Seguro Popular, un sucedáneo engañoso y demagógico de una verdadera seguridad social de cobertura universal. Adicionalmente, el gobernante anunció la desaparición de tres secretarías poco relevantes: Turismo, Reforma Agraria y Función Pública; un colofón lógico a la caída del sector turístico, a la orientación empresarial y anticampesina del actual gobierno y a la prevalencia de la impunidad y la corrupción en las oficinas gubernamentales.
En suma, la crisis económica sigue causando estragos sociales, el tejido social del país continúa resistiendo embates que amenazan con provocar estallidos sociales y la descomposición institucional avanza a un ritmo alarmante, pero el grupo en el poder sigue, a tres años de inaugurada la presente administración, sin encontrar un rumbo plausible. En tal circunstancia, cabe preguntarse si la frase el tiempo y los recursos se nos agotan
no fue la más certera de los mensajes emitidos.
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