PLAZA PÚBLICA

El inseguro entorno de García Luna
Miguel Ángel Granados Chapa
13 Jul. 08

La atracción que la PGR hizo para investigar el asesinato del abogado Marcos Castillejos tiene como antecedente la relación del hoy occiso con Genaro García Luna, a quien el abogado defendió 2001

Aunque era un litigante que de manera formal carecía de vínculos directos con la seguridad pública y la procuración de justicia federales, el asesinato del abogado Marcos Castillejos Escobar está siendo averiguado en la Procuraduría General de la República y no en la del Distrito Federal como correspondería a su condición de homicidio común. La decisión se tomó quizá por la relación de la víctima con el secretario Genaro García Luna, en cuyo entorno han ocurrido otras muertes violentas en los meses recientes.

Castillejos Escobar fue defensor del hoy secretario de Seguridad Pública cuando el titular fundador de esa dependencia, Alejandro Gertz Manero, acusó en 2001 a ex jefes de la Policía Federal Preventiva (de que García Luna fue responsable del área de inteligencia) de irregularidades administrativas en la adquisición de equipo. A la eficacia profesional de Castillejos Escobar se agregó, para la exoneración de García Luna, el que el general Rafael Macedo de la Concha lo designara director de la naciente Agencia Federal de Investigación (AFI). García Luna había sido colocado de ese modo en una posición inverosímil: si en vez de quedar libre de imputaciones se hubiera ordenado su aprehensión, él mismo habría tenido que hacerse cargo de consumarla como parte de sus funciones al frente de la policía ministerial.

García Luna designó director general de investigación policial de la AFI a Luis Cárdenas Palomino, yerno de su defensor en aquella coyuntura. Y Humberto Castillejos Cervantes, hijo del abogado muerto el miércoles 9, y ahijado del general Macedo de la Concha, fue nombrado asesor en asuntos internacionales del propio procurador. Ambos, Cárdenas Palomino y su cuñado Castillejos Cervantes, serían en su momento llamados a declarar por la Procuraduría del estado de México en la averiguación del asesinato de Enrique Salinas de Gortari.

La causa de que se les interrogara fue que en el domicilio de la víctima, ultimado en diciembre de 2004 y a quien agentes de la AFI estaban presumiblemente extorsionando, se recibió una llamada de Castillejos Cervantes desde un número telefónico registrado a nombre de su padre. No se siguió de esa convocatoria ninguna consecuencia legal contra el asesor y ahijado del procurador. Cárdenas Palomino, en cambio, continuó bajo la atención del Ministerio Público mexiquense porque la oficina a su cargo tuvo una peculiar intervención en el caso.

Enrique Salinas de Gortari estaba siendo buscado por la procuración de justicia francesa, a propósito de cuantiosos depósitos en bancos de aquella nacionalidad. Giró a ese propósito un pedido de ayuda a la PGR y a la AFI. Esta agencia la canalizó a través de la dirección a cargo de Cárdenas Palomino, que destacó a varios agentes para localizar al hermano del ex presidente de la República. Lo hallaron y presumiblemente le exigieron dinero para mentir al gobierno francés negando que lo hubieran ubicado. Salinas de Gortari pidió un plazo para reunir la suma que admitió pagar y, sin embargo, fue asesinado en circunstancias que tres años y medio después no han sido suficientemente aclaradas. Lo que se supo inequívocamente es que el mismo 6 de diciembre en que se encontró el cadáver de Salinas de Gortari, de la oficina de Cárdenas Palomino se emitió a la justicia francesa la mentira pactada, según la cual nada se sabía del mexicano buscado. Sin embargo, ¡vaya que se sabía de su paradero!, porque, sin que fuera de su competencia, agentes de la AFI acudieron al lugar en Huixquilucan donde había sido encontrado el cadáver de Salinas de Gortari.

Ordenó esa movilización, y firmó el comunicado a los peticionarios franceses el jefe del grupo antisecuestros de la AFI, Édgar Eusebio Millán, quien prosiguió impertérrito su carrera al lado de García Luna, quien el año pasado lo designó coordinador de seguridad regional de la policía federal (donde actuaba de hecho como comisario, dado que la plaza está vacante). Millán fue asesinado el 8 de mayo pasado, en apariencia como resultado de una conspiración criminal incubada en el seno mismo de la Secretaría de Seguridad Pública. Cinco agentes de la policía federal están por ello bajo arraigo.

Otros miembros de la AFI fueron en 2005 involucrados en el homicidio de Salinas de Gortari. Dos de ellos, los agentes José de Jesús Medellín y Eduardo Paredes fueron los únicos en pisar la cárcel, de la que salieron exonerados. Se dictó orden de aprehensión contra dos más, el comandante Eleazar Muñoz Valdez y el director de mandamientos judiciales de la AFI Nahúm García Martínez. Ambos huyeron con la protección de sus jefes en esa agencia. Muñoz Valdez fue enviado, a sabiendas de la averiguación mexiquense en su contra, a una comisión en Washington, donde permaneció cuando se ordenó su aprehensión. A la postre sería exonerado y ganó legalmente la restitución en su plaza de la AFI. También sin cargos, García Martínez fue incorporado en septiembre pasado a la SSP. Fue uno de siete comandantes asignados a la Coordinación de Seguridad Regional (que estaba a cargo de Édgar Millán) no obstante haber reprobado el examen de control de confianza.

También llamado a declarar en el expediente de Salinas de Gortari, Igor Labastida Calderón era, bajo el mando de Millán, subdirector de secuestros en la Dirección General de Investigación Policial a cargo de Cárdenas Palomino, el yerno del abogado caído el miércoles pasado. Permaneció en su cargo y el año pasado fue designado coordinador del área de contrabando y piratería de la policía federal, el inconcluso proyecto de fusión policiaca generado por García Luna. Labastida Calderón fue asesinado el 26 de junio, junto con su escolta José María Ochoa.

Por su parte, Castillejos Cervantes había vuelto a la Procuraduría General de la República de cuyo titular Eduardo Medina Mora fue asesor hasta el 30 de mayo pasado. No se conoce la causa de su renuncia pero acaso tenga relación con un extraño episodio en que apareció su padre y que fue hecho público por su cuñado Cárdenas Palomino 10 días antes del asesinato del activo defensor penal.

Cárdenas Palomino está en trance de dejar la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada para encabezar el nuevo proyecto de la SSP consistente en crear un cuerpo de protección a oficinas e instalaciones federales. En una entrevista con el reportero Rodolfo Montes reveló que su suegro había recibido comprobantes del pago de tenencia vehicular de una docena de vehículos blindados que en algún momento fueron estacionados a las afueras del despacho de Castillejos Escobar. Su yerno relacionaba este lance destinado a involucrar con el narcotráfico al abogado muerto días después, y tal vez en respuesta a medidas de la SSP para restringir el uso de esa clase de vehículos, muy utilizados por jefes de la delincuencia organizada. Castillejos Escobar, según su yerno (que fue secretario particular de García Luna en sus tiempos de la Policía Federal Preventiva), presentó cuatro denuncias por la maniobra en que se pretendió involucrarlo (Milenio, 10 de julio).

Antes que Millán y Labastida, otros altos jefes de la SSP habían sido asesinados, entre ellos Roberto Velasco Bravo, responsable de combate al narcotráfico. Todos ellos habían mantenido una larga relación con García Luna que es dado a conservar la colaboración de sus amigos aunque estén en entredicho. Un ejemplo de esa actitud es Francisco Javier Garza Palacios. Era, hasta mayo de 2007, coordinador de seguridad regional, una especie de director de la formalmente extinta Policía Federal de Caminos. García Luna tuvo que cesarlo, junto con otros coordinadores de esa área, ante los escandalosos sucesos ocurridos poco antes en Sonora, que el gobernador Eduardo Bours reprochó ácidamente al gobierno federal. Y no era para menos: una caravana de 12 vehículos con hombres ostensiblemente armados cruzó sin problemas aquella entidad y sus ocupantes protagonizaron en Cananea balaceras en que murieron 22 personas, todo ello sin que el personal federal se diera por enterado. Garza Palacios quedó desempleado sólo un breve tiempo pues hoy representa a la SSP ante el gobierno de Colombia.

Nos planteamos una vez más si a los riegos funcionales de todo desempeño en materia de seguridad pública la República merece que se agreguen los propios del titular de esa dependencia, Genaro García Luna y su entorno.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com