PLAZA PÚBLICA / Manos y cabezas ajenas al PRD

Por

Miguel Ángel Granados Chapa


(09-May-2008).-

En una carta dirigida a algunos militantes que, como él mismo, han encabezado el Partido de la Revolución Democrática, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas considera "grave que vayan a dejarse decisiones cruciales para el presente y el futuro del PRD en manos y cabezas ajenas al partido". Es cierto. Más aún: es gravísimo, toda vez que esas manos y cabezas actúan en el marco de instituciones tachadas por ese partido, y a los que pertenecen todavía seis consejeros y un magistrado de lo que integraban el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo General del IFE durante el proceso electoral de 2006.

Pero no hay otro remedio. Cárdenas propuso a Amalia García, Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez, Leonel Godoy y Leonel Cota una solución interna, a partir de la renuncia de los dos contendientes arduamente enfrentados, organizada por el Consejo Político Consultivo, al que pertenecen el autor y los destinatarios de la carta. Como es natural, la misiva no fue enviada a ex presidentes del PRD que dejaron de ser sus miembros: Roberto Robles Garnica, Porfirio Muñoz Ledo y Rosario Robles, cuya ausencia denota la inestabilidad presente en el PRD desde la segunda década de su fundación.

Por atinada que pudiera ser la propuesta del fundador del partido (no lo pareció a los aspirantes en pugna, que rechazaron hacerse a un lado), es claramente extemporánea. Precisamente el día de su fecha se produjo una sentencia del Tribunal que es la primera de las "decisiones cruciales" a que se refiere Cárdenas, que va a ser tomada por "manos y cabezas ajenas al partido". Si hubo un momento en que una solución interna hubiera prosperado, ese tiempo transcurrió ya. Queda aún un tramo del endiablado proceso electoral aún a cargo de órganos internos, pero su actuación responderá a órdenes judiciales o estará sujeta a la aprobación de los órganos electorales. No puede ser de otro modo, porque el PRD está sujeto a una legislación en que los conflictos internos no resueltos conforme a la propia legalidad interna pasan necesariamente al ámbito de competencia del IFE o del Tribunal. De no acatarse las resoluciones de esos órganos puede llegarse al extremo de la cancelación del registro del PRD, es decir, a su desaparición, extremo a que ninguna de las corrientes en pugna quiere llegar por una suma de buenas razones políticas pero sobre todo por una de naturaleza pecuniaria, que es el financiamiento público, que significa 400 millones de pesos en este año que no es electoral.

De una decisión del IFE depende el nombramiento de presidente del partido, que con el carácter de sustituto hizo el Consejo Nacional a favor de Guadalupe Acosta Naranjo el domingo pasado. La corriente de Alejandro Encinas estima que esa designación no fue válida porque no se reunió el quórum que hace funcionar a ese órgano. Digo por mi parte que la reunión misma del Consejo es discutible, porque concluyó la vigencia del mandato de sus integrantes y queda por ver si el propio Consejo Nacional puede decretar, como lo hizo, la prórroga de sus funciones.

El Trife, por su parte, emitió el miércoles una sentencia que sólo será el primero de los fallos judiciales destinados a establecer quién obtuvo el triunfo en los ya remotos comicios del 16 de marzo. Formulada en torno a una impugnación de Jesús Ortega, la Sala Superior del Tribunal le dio la razón: deben ser computados el ciento por ciento de los votos, tal como alegó desde siempre el jefe de Nueva Izquierda, en sentido contrario a la posición de Alejandro Encinas, que buscó eliminar del cómputo votos que en su opinión serían anulables, pero que de ser invalidados ello correspondería a una etapa posterior del proceso, la calificación del mismo. Sin embargo, el 11 de abril la Comisión Nacional de Garantías de ese partido había ordenado a la Comisión Técnica Electoral la realización de la totalidad del cómputo. El 29 de ese mismo mes la propia comisión, en la necesidad de entrar a la etapa de calificación, admitió en vez del cómputo al ciento por ciento el acta en que se hizo constar el resultado de 83.95 por ciento de las casillas instaladas. A juicio unánime de los magistrados electorales, la comisión se desacató a sí misma y por lo tanto dispusieron que la comisión esté a lo acordado por ella el 11, no el 29 de abril, y le ordenaron que instruya a las áreas jurídica y de planeación del órgano electoral (descabezado por la renuncia de sus tres miembros) para que computen el ciento por ciento de los votos, lo que debe hacerse en un plazo de 72 horas. En las 48 horas siguientes deberá prepararse el acta de cómputo nacional.

No lo dice la sentencia porque no corresponde a la litis que resolvió, pero el cómputo y el acta respectiva son impugnables. En la etapa de calificación que desahogará la Comisión Nacional de Garantías se determinará la validez de los votos, sobre todo de aquellos que fueron de antemano calificados de controvertidos. Sólo al cabo de esa etapa (y su presumible presentación ante la justicia electoral) podrá saberse con certidumbre formal quién ganó la elección. Son prematuros, por consecuencia, el triunfalismo y la quejumbre de quienes suponen que la sentencia de anteayer, por haber resuelto a satisfacción de Ortega un juicio promovido por él, significa su consagración como presidente del partido. Lo será sí, y eso no tiene vuelta de hoja, quien determine el Trife, al que llegado el caso también los encinistas tendrían que acudir.

Cajón de Sastre

Hace ocho años, Napoleón Gómez Urrutia recibió de manos de su padre Napoleón Gómez Sada la conducción del poderoso sindicato minero. La Secretaría del Trabajo, entonces a cargo de Mariano Palacios Alcocer, rehusó tomar nota de su encargo. Tres secretarios del Trabajo después, superado en lo fundamental el embate lanzado en su contra por Francisco Javier Salazar, antecesor de Javier Lozano, Gómez Urrutia acaba de ser confirmado en su dirección sindical por una convención sin fisuras, pese a que no se encuentra en territorio nacional, hostigado por el remanente de las maniobras que se propusieron abatir su liderazgo.



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