Por
Carmen Aristegui F
(09-May-2008).-
Aleida Calleja es vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la figura conocida más relevante en México de entre quienes han dedicado largas tareas a reivindicar el derecho de los pueblos indígenas a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Mujer de convicciones profundas, a la que igual se le ve en encuentros de alto nivel con organismos internacionales, que conociendo, in situ, las condiciones por las que atraviesan las comunidades más apartadas y miserables de nuestro país y las enormes dificultades que enfrentan para poder lograr algo, tan fundamental y básico, como comunicarse. La incansable promotora de la existencia y mantenimiento de las llamadas radios comunitarias y de diversas tareas a favor del derecho a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión, acaba de ser acusada por el subprocurador Juan de Dios Castro de ser -con todas sus letras- "enemiga del Estado". Quienes presenciaron la escena, en instalaciones de la propia PGR, no daban crédito a una acusación de ese tamaño proveniente de una voz oficial. Aleida forma parte de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación que visitó México del 19 al 26 de abril de este año. La misión se reunió con organizaciones, periodistas, víctimas, familiares de víctimas, autoridades estatales y federales. El 21 de abril, tocó su turno a esa Subprocuraduría. Los asistentes afirman que el subprocurador se mostró, en lo general, confrontativo. El punto que rebasó los límites se dio en el intercambio entre Calleja y Castro Lozano. Grave, por quien acusaba, y grave, por el contexto en que lo hacía: -¡Es usted enemiga del Estado!
-¿Yo soy enemiga del Estado?
-Sí, por las afirmaciones que hace, es usted enemiga del Estado.
El tema que sacó de quicio al subprocurador era el asesinato de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, comunicadoras triquis de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, acribilladas el 7 de abril, en Putla de Guerrero, Oaxaca. El subprocurador intentó desestimar el asunto diciendo que no se acreditaba que las dos mujeres fueran periodistas y que su asesinato no estaba relacionado con ninguna tarea informativa. Ambas eran "sólo amas de casa", cuentan los presentes que dijo, casi al mismo tiempo en que las dos mujeres eran reconocidas con el Premio Nacional de Periodismo, otorgado post mortem por su servicio a la sociedad. Aleida Calleja intervino para informarle a Castro que su organización había documentado el caso y que, hasta donde se sabía, se les había asesinado por la relevancia que habían tomado las dos indígenas en su comunidad al denunciar agresiones y violaciones a mujeres, además de hablar sobre la autonomía del municipio. La reacción de Castro fue desmedida. Le preguntó a Aleida si ella tenía copia de algún "contrato" que acreditara a las dos indígenas como periodistas y que de paso le echó en cara que esa estación comunitaria no tenía ni siquiera permiso. Los extranjeros que veían aquello no entendían cómo era posible que una autoridad mexicana fuera capaz de responder de esa manera, ante un hecho ominoso como los asesinatos. Suponiendo que la tarea realizada por las dos indígenas no quedara suficientemente clara o que la radio comunitaria no tuviera permiso para operar -falta más bien de carácter administrativo- es algo que no justifica, de ningún modo, la desacreditación oficial a quienes han querido contribuir, como AMARC, para conocer la verdad de los hechos y menos una acusación tan fuera de lugar como la hecha a Aleida. No es un tema cualquiera porque denota un talante totalmente inapropiado para quien, se supone, está encargado de los Derechos Humanos, la Atención a Víctimas y el Servicio a la Comunidad, en México. El caso de las indígenas no fue el único abordado en la reunión, pero dado que desembocó en la insólita acusación, obligó a varios miembros de la misión a enviar una misiva al presidente Calderón: "Los miembros de la Misión Internacional desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de dicha Subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas... esperamos una explicación y una disculpa por parte del Gobierno Federal ante esta delicada situación". ¿Será capaz el gobierno federal de explicar y de pedir disculpas como se lo piden? ¿O mantendrá la acusación ratificando su dicho o por la vía del silencio?
La misión se llevó de México, además de la experiencia descrita, informaciones y testimonios sobre diferentes asuntos en el país: libertad de expresión y agresiones a periodistas, censura, autocensura, etcétera. Emitirán un informe en algunas semanas. Por lo pronto, es ya de notarse que un grupo de 12 organizaciones internacionales de primer nivel hayan decidido conformarse en misión, venir a México, evaluar y pronunciarse, como lo harán, sobre estos temas en México.
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