Por
Miguel Ángel Granados Chapa
(11-May-2008).-
En la agenda del gobierno federal, el jueves 8 de mayo estaba marcado por asuntos de gran relevancia. Muy temprano, la Secretaría de Seguridad Pública ofrecería una conferencia de prensa para informar sobre la reciente batida contra la banda de los hermanos Beltrán Leyva, uno de los cuales, Alfredo, apodado El Mochomo, había sido detenido meses atrás, así como nueve más en la víspera en una operación supervisada por Édgar Eusebio Millán Gómez. Horas más tarde, en el Senado de la República, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, presentarían la "Fundamentación de la Propuesta de Reforma Energética", preámbulo del debate nacional que organizado por esa Cámara comienza mañana y se extenderá hasta julio. Y el gabinete de seguridad se reuniría para estudiar la petición de los eventuales mediadores para el diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, necesitados de una mayor precisión sobre la actitud gubernamental respecto del propio grupo civil, y sobre todo respecto del diálogo mismo, pues la respuesta ofrecida por el secretario de Gobernación el 29 de abril era, a juicio de muchos, por lo menos ambigua cuando no una negativa con apariencia de lo contrario.
Al comenzar ese jueves, sin embargo, un asesinato en la colonia Guerrero, uno de los barrios tradicionales de la Ciudad de México, cimbró la estructura gubernamental y marcó hondamente, con sangre, esa fecha. El virtual responsable de la Policía federal, Millán Gómez, fue recibido a tiros en el domicilio de sus padres, donde pernoctaría, y murió pocas horas después, no sin haber detenido a su agresor, que hasta la mañana del sábado no había declarado ante el Ministerio Público para aclarar los móviles de su acción, lastimado hasta el extremo por la golpiza que presuntamente pudo asestarle su víctima. Podría suponerse que aguarda que se le rescate, en una acción como las que se han vuelto parte del modo de operar del crimen organizado.
La conferencia de prensa programada en la SSP fue cancelada, pero más tarde se divulgó el documento que habría sido presentado en esa reunión, y que contiene datos que quizá ayudan a comprender el sentido y el alcance del condenable ataque a Millán Gómez, agresión que dejó heridos a dos de sus guardaespaldas, hospitalizados en lugares fuertemente resguardados, para evitar que la banda que ultimó a su jefe atente contra ellos para evitar que aporten información sobre los hechos.
El Mochomo y los matones detenidos en Xoxocotla, Morelos, apenas el miércoles, horas antes del asesinato de Millán Gómez, formaban parte de la escolta de Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas. Aparte su cotidiana actividad criminal, en la semana en curso ese jefe de banda había realizado una singular guerra de propaganda: había hecho colocar en fachadas del centro histórico de Culiacán mantas con leyendas amenazantes o mordaces contra las Fuerzas Armadas y también contra sus adversarios Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, e Ismael Zambada, El Mayo. Las mantas recogían hechos de actualidad, incluida la detención de Alfredo Beltrán Leyva, ya que uno de esos mensajes decía: "Voy con todo, sépanlo, policías-soldados, para que les quede claro. El Mochomo sigue pesando. Atte. Arturo Beltrán Leyva". La misma noche de ese jueves, quizá miembros de su grupo atentaron contra parientes de El Chapo y El Mayo, en un ataque con armamento tan poderoso que incluyó una bazuca. En el episodio murieron un hijo de Guzmán Loera, Édgar Guzmán Beltrán, y Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, conocida como La Emperatriz, presunta operadora financiera de Ismael Zambada.
Aunque sí consideró el pedido de diálogo de la insurgencia armada, y produjo una nueva posición (dada a conocer el viernes por la mañana) que incluye lo que los eventuales mediadores consideraron una apertura hacia su participación como facilitadores de ese diálogo, la junta del gabinete de seguridad fue dominada por el asesinato de Millán Gómez, cuyos méritos fueron expuestos por su jefe, el secretario Genaro García Luna, de quien se había convertido en principal colaborador. Debido a que está en proceso de construcción, la Policía federal no cuenta propiamente con un comisionado que la encabece, por lo que en los hechos Millán Gómez había asumido su dirección.
En la semana anterior habían sido también asesinados otros mandos superiores de aquella corporación, Roberto Velasco Bravo, que había sido director de combate a la delincuencia organizada en la AFI, y el inspector José Aristeo Gómez Martínez, director de asuntos administrativos del Estado Mayor de la Policía federal. Por el cargo de este último, y por las circunstancias de su asesinato, se dijo inicialmente que era un homicidio común para intentar robarlo. Pero el jueves 8 se incluyó su muerte en el marco del ataque delincuencial contra jefes policiacos y miembros de las corporaciones federales. También se investiga en ese contexto el asesinato del comandante Esteban Robles, de la Policía Judicial del DF, que fue tiroteado el viernes por la mañana, al salir de su domicilio en San Juan de Aragón, en el oriente de la Ciudad de México.
El gabinete de seguridad sesionó dos veces el viernes, primero en Tijuana y después en Chihuahua. Aunque en las dos reuniones se deploró la muerte de los jefes y agentes asesinados (seis más habían caído en Morelos y Sinaloa en las horas recientes) predominó un tono de autosatisfacción por el avance en la lucha contra el crimen, quizá necesario para no denotar ante la población abatimiento por las derrotas, pero que puede ocultar una incapacidad de comprensión del verdadero alcance del problema. El secretario Juan Camilo Mouriño repitió una falacia patética con que los funcionarios se autoengañan: "La reacción violenta del crimen organizado y la secuela de asesinatos de mandos policiacos en todo el país, así como los enfrentamientos entre bandas de delincuentes son síntomas inequívocos de los logros alcanzados en la lucha contra el narcotráfico". De ser compartido ese falso triunfalismo, uno desearía que no hubiese tantos logros gubernamentales en la materia, para que amainara la violencia y decreciera el número de víctimas. Mouriño habló en Chihuahua el viernes.
Horas después, en Ciudad Juárez, fue asesinado el director operativo de la policía municipal, Juan Antonio Román García, como episodio central de una jornada en que fueron ultimadas 10 personas más.
El presidente Calderón, por su parte, viajó también a Reynosa el propio viernes. En la inauguración de un hospital se refirió indignado al asesinato de Millán Gómez, cuya muerte se produjo en circunstancias que están todavía por esclarecerse, pues corrieron demasiadas versiones no obstante que hay testigos presenciales del acontecimiento. El aparato de seguridad en torno de Calderón fue especialmente reforzado, aunque quizá lo propio hubiera sido evitar el viaje a esa ciudad tamaulipeca. El secretario de Seguridad del ayuntamiento fue hace poco detenido, acusado de vínculos con la delincuencia. No es prudente exponer al Presidente a viajar a zonas donde la vulnerabilidad institucional se ha expresado tan crudamente.
Lo mismo, sin embargo, podría decirse de su estancia en Tijuana, y si lleváramos el razonamiento hasta sus últimas consecuencias, Calderón tendría que permanecer cautivo en Los Pinos. Sólo podría ser de otro modo si tuviera un ánimo festivo como el que mostraron en Acapulco el alcalde de ese puerto, Félix Salgado, y el gobernador Zeferino Torreblanca, que se mostraron gozosos bailando en público como si no envolviera a la entidad un clima de violencia letal sofocante. No digo que los funcionarios permanezcan enlutados en sus oficinas, pero al menos pueden mostrar un recato acorde con la gravedad de la que ahora se vive, salvo que ignoren esa gravedad.
No rieron, en cambio y por la circunstancia anotada, la secretaria Kessel y el director Reyes Heroles en el Senado. Antes del 8 de abril la funcionaria había anunciado el envío de las iniciativas cuando estuvieran planchadas. Si eso significó que el apoyo del PRI se había asegurado, las iniciativas ya se arrugaron pues los senadores Raúl Mejía y Rogelio Rueda, y el diputado Mariano González Zarur se mostraron distantes y aun opuestos a ellas.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario