Por
Miguel Ángel Granados Chapa
(21-May-2008).-
Ciento quince personas se inscribieron para contender por los tres lugares en el Consejo General del Instituto Federal Electoral vacantes en agosto. Sesenta y cuatro de ellas participaron en el concurso en que fueron elegidos el presidente y dos miembros de ese cuerpo, en la primera etapa de renovación de dicho consejo, cumplida tardíamente en febrero y prevista en la reforma constitucional en materia de elecciones. Es digna de encomio su perseverancia, porque no sólo muestra su interés por formar parte del órgano federal electoral, sino porque pasan por alto la desaprensión con que frente a ellos y muchos otros solicitantes actuaron los diputados responsables de la selección y la elección.
Pero no nos detengamos en los deslices del pasado, sino en las urgencias del presente y el futuro en torno al escogimiento de nuevos consejeros. La equidad de género se erige en un factor que, independientemente de las disposiciones legales al respecto, estará presente de modo determinante en las deliberaciones de la Comisión de Gobernación, de la Junta de Coordinación Política y del pleno de la Cámara. Esas instancias en San Lázaro tendrán un arduo asunto político y social que resolver, aparte de los que plantea el cumplimiento de los requisitos legales y los condicionantes partidarios. Se trata de la presencia de las mujeres, o la cuota de género en la integración del grupo que rige el instituto electoral.
En la primera etapa del IFE como órgano constitucional independiente (1996-2003) fue elegida una sola consejera, la doctora Jacqueline Peschard. En la segunda etapa el número se triplicó. Fueron elegidas, citadas en orden alfabético de sus apellidos, María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapí Renner y María Lourdes del Refugio López Flores. La segunda de ellas contó entre quienes fueron reemplazados en febrero (con Luis Carlos Ugalde y Rodrigo Morales), y las dos restantes dejarán de ser consejeras dentro de tres meses (con Andrés Albo). Si no se decide explícitamente incluir una o más mujeres se perderá en el Consejo General del IFE la presencia femenina. Puede producirse también el efecto contrario: que para restituir a plenitud esa presencia, en este turno electoral, sean elegidas tres consejeras, lo que resultaría doblemente inequitativo para los candidatos varones, pues haría meramente virtual su participación ya que les privaría de la oportunidad real de ser elegidos, a pesar de que su número es tres veces superior al de las mujeres: 89 frente a 26.
El criterio acertado, en mi opinión, consistiría en seleccionar en sus méritos a los aspirantes mejor calificados, entre los cuales seguramente figurarán mujeres con experiencia electoral o estudiosas de la materia. En igualdad de circunstancias, como acción afirmativa, cabría preferir a una mujer. Sería en cambio una decisión infortunada que sólo en función del género se escogiera a quien no satisficiera los requisitos formales pero colmara la necesidad de contar con mujeres en el consejo.
(El considerable avance de la presencia femenina en la vida pública presenta muchos rezagos en cargos de alta responsabilidad, ejercidos individualmente o en cuerpos de dirección. Sólo hay tres secretarias de Estado, sólo dos gobernadoras, dos ministras de la Corte. No hay ni ha habido gobernadoras ni vicegobernadoras en el Banco de México, y sólo ha habido una presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apenas el año pasado hubo una candidata a la Rectoría de la UNAM. El número de senadoras y diputadas federales es notoriamente menor a la proporción que corresponde a las mujeres entre los votantes).
Por otro lado, los diputados tendrán que privilegiar la calidad de los elegidos esta vez. En febrero se practicó una discriminación al revés, eliminando a muchos cuyas personalidades o sapiencia los hacían idóneos para protagonizar el primer escalón de relevo en el IFE, no sólo en su presidencia. El acuerdo entre los partidos, largamente aplazado, se produjo en torno a un criterio obtuso: rechazando las eminencias y prefiriendo el término medio. El resultado ha sido lesivo para el instituto. Ya era previsible que la renovación parcial del consejo, generada de manera polémica, iba a hacer difícil la transición. Lo ha sido en mayor medida de lo imaginable, porque las nuevas funciones del IFE, especialmente en materia de comunicación política, demandaban condiciones no necesariamente de liderazgo fuerte sino de capacidad de conciliación y convocatoria que no se lograron y no han sido suplidas por un desempeño sólido de los nuevos consejeros, colocados contra su voluntad en la trinchera opuesta de quienes están por irse y aun de quienes permanecerán en sus lugares hasta el 2010.
Se requiere, en consecuencia, que la elección de tres consejer@s ayude a colmar los huecos evidentes en la actual composición del consejo. Hay tela de dónde cortar. El elenco de los candidatos, a algunos de los cuales nos referiremos específicamente así haya sido depurada la lista confeccionada el lunes, muestra presencias que pueden ser valoradas por los legisladores. Conviene a este propósito la división del trabajo que sin quererlo beneficia al Congreso. Mientras recae en el Senado la discusión de la reforma petrolera, en San Lázaro debe completarse la concerniente a elecciones, con la modificación de leyes complementarias y la designación de consejer@s idóne@s. Si no se procede en esa dirección se ayudará a que triunfe la campaña contra esa reforma.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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