12/OCTUBRE/2008
PLAZA DOMINICAL
Días de saqueo y represión
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Renuentes al aprendizaje que ofrece la experiencia, hemos vivido esta semana lo ya vivido: las reservas del Banco de México se escurren velozmente como agua entre las manos, y el exceso de las fuerzas federales al pretender imponer la ley no hace más que agrandar los problemas y generar otros. Esa vuelta atrás, ese retroceso tomó sólo tres días: de miércoles a viernes las crisis que se acumulan aumentaron su riesgo exponencialmente y amenazan crecer todavía más a partir de mañana.
En esos días, el Banco Central mermó en casi 11% sus reservas en el inútil intento de frenar la devaluación del peso frente al dólar, que se aceleró en sólo unas horas, notoriamente al influjo de la especulación. El martes, el Banco de México anunció la colocación de 2 mil 500 millones de dólares, más 400 millones más cada día que fuera necesario, para equilibrar el mercado de cambios, que súbitamente había perdido la placidez de la sobrevaloración del peso. La puesta en marcha de la medida no fue exitosa: sólo se vendieron el miércoles poco menos de mil millones de dólares, porque el precio no satisfizo a los adquirientes. El jueves el mercado se animó y las divisas subastadas se agotaron. El viernes la demanda creció aceleradamente y el Banco Central tuvo que vender, en sólo unas horas, seis mil 400 millones de dólares. Es decir, en sólo tres días, sin que eso detuviera la devaluación de la moneda mexicana (pues al cabo de esas intensas jornadas el dólar se cotizó por encima de los 13 pesos) fueron adquiridos por particulares casi nueve mil millones de dólares, monto en el que disminuyeron las reservas, que en la semana anterior sumaban poco más de 84 mil millones de dólares.
Si se mantuviera la velocidad con que mermaron las reservas en esas 72 horas, el País las perdería todas antes de que concluya octubre. El resultado sería semejante al padecido por México en crisis cambiarias como las de 1976, 1982 y 1987, en que montos menores de reservas se agotaron en lo que fue, netamente, una mera transferencia de recursos públicos a especuladores. El trágico lamento y la patética bravata de López Portillo: ¡ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!, estarían en posibilidad de consumarse de nuevo. Veremos en los próximos días, en las próximas horas si ese derrotero ya conocido se nos impone una vez más.
Es probable que los bancos comerciales que adquirieron los caudales ofrecidos por el central los hayan enviado al exterior, a las matrices de los que operan en México. El jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Zamarripa Escamilla dijo que su oficina detectó un flujo de divisas en esa dirección. Dinero mexicano contribuiría de ese modo a aliviar las necesidades de liquidez de los establecimientos metropolitanos de que dependen Banamex, BBVA Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC. Es posible que las remesas de las sucursales a las matrices estuvieran rebasando los límites establecidos, y eso explicara la voracidad con que fueron engullidas las sumas subastadas por el Banco de México.
(Un provecho cierto, comprobable, estaban esos y otros bancos obteniendo de la actual delicada coyuntura: la diferencia entre el precio de compra y de venta de la divisa norteamericana llegó a más de un peso, hasta 1.70 en algunos momentos, con lo que la ganancia bancaria en las operaciones con el público habría crecido sin control hasta significar 10 veces más del diferencial admitido en jornadas menos turbulentas).
La voracidad del mercado cambiario (así como la veloz disminución en el precio de la mezcla mexicana en el mercado mundial petrolero) hizo que perdiera centralidad el programa para impulsar el crecimiento y el empleo (Peci), presentado por la Presidencia de la República, inesperadamente, el miércoles y detallado el jueves en sendos mensajes por televisión encadenada a cargo de Felipe Calderón. Después de un lapso prolongado en exceso en que el Gobierno rehusaba admitir el efecto de la crisis financiera mundial en la vida mexicana, las autoridades federales se vieron constreñidas a actuar. El Banco Central lo hizo en el sentido y con los resultados sabidos. El Ejecutivo, por su parte, transitó en dos vías. Por un lado, ajustó los criterios económicos que apenas un mes atrás había presentado ante el Congreso como fundamento de la legislación financiera que regirá el año próximo, cuyos datos axiales eran ya inservibles. Y por otro formuló un plan de acción inmediata, sorpresivo también por su contenido. Se trata de un programa explícitamente contracíclico (el propio Calderón usó la palabra, que es anatema para el credo liberal, mercadólatra, a que su Gobierno estaba afiliado), es decir, que propuso aumentar el gasto público en vez de achicarlo como recomienda la ortodoxia. En otra herejía, aunque en este caso sin reconocerlo expresamente, Calderón propuso también un manejo de la deuda y las finanzas públicas que supone admitir que el presupuesto de 2009 sea deficitario (como lo son los planes de gasto de todos los países, Estados Unidos particularmente, que recomiendan o instruyen a otros a no recorrer la senda por la que ellos transitan).
A pesar de que el jueves Calderón ofreció pormenores sobre su programa de emergencia, se precisan explicaciones adicionales, no sea que el Gobierno esté anunciando como novedades medidas adoptadas con anterioridad. Eso podría ocurrir con el gasto en infraestructura, que destinará 10 mil 700 millones de pesos a carreteras y casi otro tanto a ampliar, mejorar y mantener instalaciones petroleras o eléctricas. Hay que recordar que en mayo pasado se constituyó el Fondo Nacional de Infraestructura, que contó con 70 mil millones de pesos de los cuales están ya comprometidos la mitad. Los 20 mil millones mencionados ahora por Calderón, ¿son parte de los 30 mil disponibles en ese fondo o tienen otro carácter?, pues sólo así tendrían el efecto estimulante de la economía que caracteriza al programa de emergencia presentado esta semana. Lo mismo cabría preguntar respecto de los más de siete mil millones de pesos que apoyarían la producción agrícola, pues las acciones de apoyo a la economía familiar, anunciadas también en mayo, incluían partidas para financiar la tecnificación rural. ¿Qué fue de aquellas? ¿Son las mismas que ahora se presentan como nuevas?
El programa emergente de Calderón incluye también cinco mil millones de pesos para infraestructura de seguridad, es decir, “nuevos penales y centros penitenciarios, nuevas estaciones de Policía y también nuevos cuarteles e infraestructura militar”. A este respecto, amén de indagar también si se trata de gasto adicional o es parte del que concreta los compromisos del Ejecutivo ante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cabe preguntarse si esas nuevas instalaciones albergarán a delincuentes o a ciudadanos que participan en movilizaciones sociales que infringen la ley al impedir la circulación en carreteras federales o, peor aún, a gente detenida sin causa por la arbitrariedad y la impericia policiaca.
Que eso puede ocurrir, quedó patente los mismos días de la agitación financiera y del activismo gubernamental en la materia, en Morelos. Lejos de resolver el grave problema de una huelga magisterial decretada por las bases al margen de su dirección seccional y nacional (y aún contra ellas), el excesivo uso de la fuerza, particularmente en Xoxocotla, ha creado un nuevo problema, o dio relevancia a uno de los aspectos de la movilización de los profesores, que es la solidaridad que les brinda una parte de la población, especialmente la que ha sufrido embates de autoridades arbitrarias y abusivas y cree en la necesidad de la autodefensa.
Ciertamente el daño a los escolares y a sus familias, causado por el paro magisterial es de tal modo severo que debe ser frenado cuanto antes. Pero convertir en elemento central de la estrategia contra la huelga el ataque a los pobladores que apoyan a los huelguistas, y el modo en que se hizo, revelan o una miopía inadmisible o la decisión de imponer soluciones de fuerza a problemas políticos. Especialmente grave es la incorporación del Ejército a la represión. No hubo soldados en Atenco ni en Oaxaca. Que los haya en Morelos no debe permitirse.
El pasado presente
El 12 de octubre de 1968, hoy hace exactamente 40 años, comenzaron los decimonovenos juegos olímpicos, en el Estadio de la Ciudad Universitaria. Encabezó la ceremonia el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que sólo 10 días atrás había ordenado la represión en Tlatelolco, donde un ataque militar privó de la vida a decenas de estudiantes y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre reunión y expresión.
La atleta Enriqueta Basilio ascendió velozmente hasta el pebetero en que durante dos semanas ardería la llama olímpica. En ese lapso, tres deportistas mexicanos obtendrían medalla de oro, el máximo galardón en esa competencia: Ricardo Delgado y Antonio Roldán en boxeo, y Felipe Muñoz, apodado “El Tibio”, en natación. Cuatro décadas después, el fresco muchacho que conmovió con su triunfo es un discutible presidente del Comité Olímpico Mexicano, carente de autonomía pues representa los intereses de quien verdaderamente encabeza el olimpismo mexicano, Mario Vázquez Raña.
El mismo 12 de octubre, lejos del regocijo olímpico, los padres de Raúl Álvarez Garín, quienes lo supieron detenido en la noche de Tlatelolco, tuvieron noticias de él, a la sazón representante en el Consejo Nacional de Huelga de la Escuela de Fisicomatemáticas del Instituto Politécnico Nacional y hoy uno de los activistas del Comité 68 por las libertades democráticas, cuyo impulso logró sentar a Luis Echeverría en el banquillo de los acusados que, eso no obstante, se salvó de ser formalmente condenado por los actos de genocidio en que participó cuando fue Secretario de Gobernación y encabezó como Presidente de la República.
Raúl Álvarez Encarnación y Manuel Garín de Álvarez, padres del pasante de la carrera de Matemáticas y profesor de Física en el Poli, escribieron al Procurador de Justicia del Distrito Federal en que expusieron los siguientes hechos:
“El joven Luis Raúl Álvarez Garín, fue detenido desde el día 2 de octubre, después del mitin de Tlatelolco, y conducido a la prisión de Santa Marta Acatitla.
“A partir del viernes 4 de octubre desconocíamos su paradero hasta el día 12 de octubre, en que fuimos informados por varios testigos de que se encuentra incomunicado en el Campo Militar No. Uno.
“Nos permitimos informar a usted que estamos solicitando la intervención de un juez de distrito para gestionar en vía de amparo, que cese la incomunicación en que se mantiene a nuestro hijo y de que se exija el respeto a su integridad física”
No fue concedido el amparo cuya presentación fue anunciada de esa manera. Estaba echada a andar la maquinaria judicial, pero con el fin de culpabilizar a las víctimas de la represión, no a sus autores. En su recopilación de hechos sobre El movimiento estudiantil de México. Julio-diciembre de 1968, el profesor Ramón Ramírez recuerda que ese 12 de octubre: “El juez Primero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, Lic. Eduardo Ferrer McGregor, declaró formalmente presas a 15 personas que le fueron consignadas con motivo de los hechos producidos el día dos de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Todos los detenidos , que fueron interrogados el día 10 del actual en la cárcel preventiva de la ciudad, son acusados de la comisión de 10 delitos del orden federal: invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad.
“A uno de los acusados se le agregan los delitos de falsificación de documentos y uso de documento falso.
“Por su parte, el juez sexto de la Segunda Corte Penal del Distrito Federal dictó la formal prisión de 58 de las 98 personas que le fueron consignadas también en relación con los sucesos registrados en la Plaza de las Tres Culturas el del actual. Las 58 personas son responsabilizadas de nueve delitos del fuero común: robo, destrucción de vehículos del transporte público local, daño en propiedad ajena, lesiones, homicidio, disparo de arma de fuego contra agentes de la autoridad, resistencia de particulares, acopio de armas y asociación delictuosa. Por otra parte, ocho de estas personas son acusadas a la vez de delitos del orden federal.
“Todos los interesados expresaron su inconformidad con el decreto de formal prisión y anunciaron que apelarían del auto que les fue comunicado”
El mismo 12 de octubre, en Puebla, el comandante de la XXV Zona Militar, general Eusebio González Saldaña, informó que el Ejército permanecería apostado en varios jardines públicos y el Zócalo de esa ciudad, “donde podrían los estudiantes intentar realizar mítines, con el fin de evitarlos, pues están prohibidos, aquí lo mismo que en el resto del estado”.
El propio día 12, la asociación de comerciantes del edificio Chihuahua, denunció que al volver a sus locales, tras 10 días de ocupación policiaca y militar, encontraron que faltaba mercancía por más de 200 mil pesos.
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