La naviera Oceanografía y la trasnacional gasera Grupo Zeta amenazan a los periodistas de Contralínea y Fortuna. Luego de que los reporteros Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez documentaran, a través de ambas revistas, los supuestos actos ilícitos en que incurrieron las empresas junto con funcionarios de alto nivel de Pemex, sus accionistas iniciaron una campaña de acoso: amenazas de muerte y “desaparición”, así como demandas de carácter civil, consta en la denuncia presentada ante la CNDH.Érika Ramírez
Tras el acoso, las amenazas y la persecución por parte de los funcionarios del gobierno federal y los contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez interpusieron una queja ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández. El 12 de septiembre pasado, solicitaron que se inicien investigaciones en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría.
El documento indica que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México; José César Nava Vázquez, secretario particular de la Presidencia; Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación; Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Petróleos Mexicanos; Carlos Arnoldo Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción (PEP); José Antonio Ceballos Soberanis, director de Pemex Refinación, y Carlos Ramírez Fuentes, gerente de Comunicación Social de Pemex, han incurrido en violaciones a los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Dichos artículos prevén que todo servidor público tiene como obligaciones la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar a sanciones.
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