Ayer, en sincronía con el arribo a Tokio del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, The Japan Times publicó un artículo firmado por éste en el que se sostiene que la estrategia oficial contra el crimen organizado “marcha en la dirección correcta”; afirma que con ella “el estado de derecho ha resultado fortalecido” y presume los “severos golpes” propinados al narcotráfico por las corporaciones policiales y militares.
La aparición de ésas y otras aseveraciones prácticamente coincidió con la masacre cometida en una fiesta juvenil en Ciudad Juárez, en la que murieron 14 personas, varias de ellas menores de edad, y otras tantas resultaron lesionadas. El ataque fue perpetrado por un grupo de sicarios que llegó a bordo de varios vehículos y actuó en forma precisa y sincronizada; constituye el tercer acto de barbarie de ese corte en los pasados cinco meses y el quinto que se produce en un lapso de dos años en esa ciudad fronteriza. Unas horas después, en Torreón, en una acción similar, un comando asesinó, con ráfagas de armas automáticas, a una decena de parroquianos de un bar y causó lesiones a otros 15; al igual que en la localidad chihuahuense, varias de las víctimas no llegaban a los 18 años.
Estas atrocidades no son sino repuntes de una violencia que ha dejado más de 15 mil muertos en distintas zonas del país en los tres años que lleva la actual administración, en el curso de la cual no ha habido un día con saldo blanco en el terreno de esa “guerra contra la delincuencia organizada” cuyas dimensiones, costos y consecuencias rebasaron hace mucho toda proporción con respecto a los objetivos presuntamente buscados. Cada ejercicio de optimismo declarativo del gobierno se ve desmentido, con horas o días de diferencia, por combates, hallazgos de cuerpos, homicidios colectivos y otras manifestaciones inequívocas del poderío, la organización y la capacidad de fuego de las organizaciones criminales.
Para las decenas de víctimas mortales de la madrugada del domingo; para las decenas de heridos, para centenares de familiares, amigos, condiscípulos, colegas y vecinos suyos, el estado de derecho –es decir, ese orden social que se plantea, como primera prioridad, garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad de los habitantes de un país– no existe, como tampoco existe para los luchadores sociales injustamente encarcelados, torturados y sentenciados; para los informadores levantados y asesinados; para las mujeres maltratadas sobre quienes pende ahora, además de las amenazas del machismo corriente y doméstico, el maltrato de Estado que significa el retroceso legislativo en materia de derechos reproductivos.
Por otra parte, es claro que los “severos golpes” contra los cárteles que operan el trasiego de drogas ilícitas suelen ir sucedidos por golpes mucho más severos de ésos o de otros estamentos criminales contra la población: las víctimas de atrocidades como las perpetradas hace unas horas en Ciudad Juárez y en Torreón no son únicamente los muertos y los heridos, sino el conjunto de la sociedad, a la cual se le derrumban la perspectiva de seguridad, la confianza en el castigo a los delincuentes, la credibilidad en las instituciones y la esperanza de la convivencia pacífica.
El discurso y la práctica oficiales en materia de seguridad y de combate a la delincuencia son insostenibles, y cabe preguntarse cuántas muertes más deberán ocurrir para que el gobierno federal se decida, a golpes de realidad, a formular una estrategia coherente y articulada –policial, sí, pero sobre todo económica y social– para hacer frente a un fenómeno que no puede desactivarse únicamente con el recurso de la fuerza.
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