La responsabilidad será atribuida exclusivamente a los policías que cometieron los atropellos y, en los casos que corresponda, a los mandos inmediatos que lo permitieron, resolvió el pleno.
Jesús Aranda y La Jornada On Line
Publicado: 12/02/2009 13:48
México, DF. En la sesión de este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, de la violación grave de garantías en San Salvador Atenco, estado de México.
Por ocho votos contra tres, los ministros deslindaron también de responsabilidad a los altos mandos policíacos que planearon el operativo en la comunidad mexiquense, concretamente, a Ardelio Vargas Fosado, quien fungía como coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo y el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien era director de la Agencia de Seguridad del estado de México.
La mayoría resolvió, de tal manera, que la atribución de responsabilidades por la violaciones de derechos humanos recaerá exclusivamente en los policías que cometieron los abusos y, en su caso, en los mandos inmediatos que lo permitieron.
Por otra parte, el pleno discute la posibilidad de que el Estado indemnice a las víctimas y que se exhorte a las autoridades correspondientes, para continuar con las investigaciones de abuso de autoridad y de agresiones sexuales y castigar a los culpables.
Los ministros debieron emitir sus votos a ocho preguntas planteadas al concluir el análisis de ayer miércoles enfocadas a precisar los criterios para determinar quienes, cuándo y cómo se dio origen al abuso de la fuerza pública en el municipio mexiquense.
Para ello, se pronunciaron a favor de solicitar a las autoridades ampliar las investigaciones sobre los hechos con el fin de fincar posibles responsabilidades individuales y no de manera genérica o a nivel de instituciones, toda vez que, por unanimidad, consideraron que sí es posible abordarlo.
No así, de manera diferenciada ocho contra tres ministros consideraron que no podría atribuírsele responsabilidad por la represión policiaca a las autoridades federales y estatales, reunidas el 3 de mayo, entre ellas el gobernador mexiquense, Enrique Peña y el ex titular de la SSP, Eduardo Medina Mora, pese a que estas autorizaron la aplicación del operativo.
En el mismo sentido siete ministros se pronunciaron en contra de considerar que tales autoridades reunidas tuvieron participación en los actos de agresión contra los civiles. Tres ministros votaron en sentido contrario, entre ellos Genaro Góngora, Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Mesa. Solamente el ministro José Ramón Cossío consideró pertinente recomendar una ampliación de la indagatoria para conocer con precisión qué fue lo que se determinó en dicha reunión y solo así deslindar responsabilidades.
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