Columnas de hoy...

Entre la omisión y el desplante

Viernes, 27 Febrero, 2009

Que como dice Fernando Gómez Mont, la administración de Vicente Fox “pecó de omisión” en el combate al narcotráfico y más que eso entregó –el secretario se quedó convenientemente corto en su análisis– al crimen organizado regiones enteras del territorio nacional, no hay duda alguna. La demostración palmaria de este hecho es el repunte generalizado de las organizaciones criminales que hoy cubren al país de sangre. Durante seis largos años, roto el aparato de control y convivencia priista con la delincuencia, tuvieron los narcos tiempo y espacio físico para crecer y consolidarse. Sin ser molestados por las fuerzas federales, se hicieron de territorios y de base social que hoy pelean por mantener. Acrecentaron su poder de fuego y su capacidad económica. Expresión de esta vitalidad criminal adquirida en el período foxista es el virtual estado de guerra en que vivimos.

Así como el borracho de Yeltsin entregó el poder a la mafia, Vicente Fox, empeñado en asegurar la sucesión presidencial y perdido en la frivolidad y la soberbia, entregó el país al narcotráfico. No tuvo los tamaños que el momento histórico exigía. El peligro de que eso sucediera estaba latente. Ni supo, ni quiso verlo. El final del régimen autoritario tenía como colofón necesario –bastaba echar una ojeada a la ex Unión Soviética– la expansión de mafias y organizaciones criminales que aprovechan la ruptura de los instrumentos tradicionales de control social del Estado.

Incapaz de entender esto Fox falló dramáticamente en la tarea de desplazar al régimen autoritario y sustituirlo con un aparato de gobierno digno y efectivo. No fue capaz de devolverle majestad a las instituciones de la República, al contrario, demolió con esmero lo que de ellas quedaba en pie. No pudo tampoco garantizar la seguridad de la población; era la de su sexenio, hoy lo sabemos, la paz de los sepulcros. Los criminales velaban sus armas. No combatió la impunidad, ni pudo ni quiso darle contenido real al mandato democrático que recibió con los votos de millones de mexicanos en las elecciones presidenciales del 2000. Le faltaron a ese, el primer presidente electo democráticamente de la historia reciente, dignidad, patriotismo, visión y valentía. Sacó Vicente Fox al PRI de Los Pinos, es cierto, pero sólo para que el caos imperara en el país entero mientras el “encargaba el despacho” y hacia campaña.

Que, por otro lado, en esa administración “omisa” trabajaban –como dice Santiago Creel– al salir, en una imposible defensa de su exjefe, muchos de los mismos funcionarios que hoy conducen ese combate y que, por tanto si de buscar responsables se trata, como sugiere Creel, basta con que esos mismos funcionarios se miren en el espejo tampoco hay duda.

Hereda Calderón de Fox su urgencia mediática acrecentada por la necesidad de una legitimidad que de origen no tiene. Desata, es cierto, el poder del estado contra el crimen organizado pero con frecuencia cae víctima de sus propios desplantes y desatinos. Se mete a Monterrey o Ciudad Juárez y les lleva, en su apuro electoral, la “carne al asador” a los narcos. Quiere demostrar así que no es este un estado fallido y permite con acciones escenográficas que una lata de refresco o una amenaza de bomba haga tambalearse al gobierno entero.

No son ciertamente los panistas, los de Fox o los de Calderón, que, en el fondo son los mismos, quienes crearon este fenómeno que tiene al país en jaque, esa responsabilidad es sobre todo de los artífices del régimen autoritario que alentó por décadas la impunidad y la corrupción. Fue el PRI el que sembró la semilla de este mal profundo que nos aqueja, pero es a los panistas a quienes se les salió totalmente de control, a quienes les estalló en pleno rostro. Son ellos, por otro lado, quienes tampoco han tenido y pese a sus supuestas credenciales democráticas, la firmeza y la fuerza para encarar al gobierno de los Estados Unidos, verdadero responsable por su laxitud ante el consumo de drogas y su ineficiencia en el combate a sus narcos locales, de la tragedia que nos arrastra.

Son ellos los panistas que han ocupado, “haiga sido como haiga sido”, Los Pinos estos últimos 9 años los que, por su ineficiencia, por la irresponsable y mecánica absorción de los usos y costumbres del régimen autoritario han resultado unos por omisión, otros por ineficiencia, los responsables de este colapso del estado. Porque más allá de que unos u otros se rasguen las vestiduras es de esto, de un colapso, que estamos hablando.

Incapaces de conducir el gobierno, aferrados a un discurso propagandístico que niega la realidad, empeñados a fondo en una permanente campaña para preservarse en el poder, a los panistas –son ellos mismos los que ahora al ventilar sus diferencias lo reconocen– se les está deshaciendo el país entre las manos.

http://elcancerberodeulises.blogspot.com

eibarra@milenio.com

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'La reelección'
Carmen Aristegui F.
27 Feb. 09

Joaquín Gamboa Pascoe se ha reelecto, aunque nunca fue electo, como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Ocurrió el martes 24. La mayoría de la prensa no consignó el dato. Reforma lo publicó en primera plana y La Jornada, con una muy buena crónica, en interiores. La mayoría de los medios, nos cuentan, ya habían abandonado el lugar cuando se dio la escena. La "reelección" sucedió fuera de la orden del día y al final de una asamblea que se convirtió en pachanga. Supongo que se creía que ya no habría prensa y dieron paso a la propuesta del propio Gamboa Pascoe para que se formara un comité para organizar la elección de dirigente que se tenía que llevar a cabo en 2010. Obsequioso, el líder de la Federación de Trabajadores de Jalisco, Rafael Yerena, postuló al único candidato posible, es decir, el propio Gamboa. Imelda García, en estas páginas, contó con detalle cómo se entronizó al líder cetemista: "'Es el único líder auténtico, de unidad, y debe estar al frente de la CTM otros seis años' (declaró Rafael Yerena)... en el auditorio sonaron las matracas, estallaron las porras, la banda tocó fanfarrias y se desplegó una manta tricolor en la que se leía: 'Gamboa 2010-2016'... 'De veras quieren que sea su líder en el próximo sexenio?', preguntó Gamboa Pascoe. '¡Síiiiii!', fueron los gritos". Por aclamación, pues, y después de tan potente discurso de convencimiento, Gamboa Pascoe se echó a la bolsa la continuación en el puesto. Ya para entonces, los asistentes a la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de la CTM se habían recetado una fiesta con la Sonora Dinamita y un grupo de seis bailarinas en bikini que se dedicaron a entretener a los presentes.

Gamboa Pascoe quien, alguna vez, acuño la frase: "A mí nunca me verán jodido ni con huaraches", al ser cuestionado por periodistas acerca de sus viajes a África y de su afición por los automóviles de lujo, acababa de asumir la presidencia del Congreso del Trabajo apenas unos días antes frente al presidente Calderón. En el discurso pronunciado en Los Pinos para esa ceremonia, evitó el humorcillo cínico de la frase anterior, pero no regateó en las adulaciones para el presidente panista.

No debe pasar desapercibido este acontecimiento, entre otras cosas porque nos recuerda que de esta manera está constituida una parte sustantiva de la realidad laboral en este país. La configuración injusta que produce líderes enriquecidos y trabajadores pauperizados -en una situación que tiende a agudizarse en tanto avanza la crisis económica- está retratada con amplitud en la figura de este líder cetemista.

Mientras que los trabajadores enfrentan una severa caída salarial y sus fuentes de trabajo están en peligro por la contracción de las economías, la guardia cetemista se reproduce en sus viejas formas acompañada, ahora, por los gobiernos de la alternancia. Para nadie es un secreto lo que conlleva para los trabajadores la permanencia de las viejas estructuras corporativas del sindicalismo mexicano que, por más mermadas y disminuidas en su representación política que estén, siguen concentrando un alto porcentaje de las contrataciones colectivas de este país. Las fortunas y privilegios obtenidos por décadas por dirigencias como ésta han significado para la clase trabajadora la expoliación de sus derechos laborales a través, fundamentalmente, de la existencia de contratos de protección y los manejos oscuros de las cuotas sindicales. Los viejos líderes que orondos pasean sus fortunas son la representación perfecta de esta asimetría. Especialistas como Enrique de la Garza, de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirman, por ejemplo, que el beneficio por administrar un contrato de protección ronda entre el 10 y el 25 por ciento del total de la nómina. Imagínese el dinero que corre por ese circuito. El pago a quien firma un contrato de esta naturaleza a nombre de los trabajadores "libera a la empresa de toda clase de conflictos laborales que finalmente les significa sustanciales ahorros frente a riesgos de huelga o tener que acceder a otorgar aumentos salariales más allá de lo necesario". Los contratos de protección son, dice el académico Alfonso Bouzas de la UNAM, un "centro de negocios" para los dirigentes. Y sí, las grandes fortunas visibles, conocidas o sospechadas de los líderes de esa cúpula entronizada desde hace décadas, provienen, precisamente de esa connivencia ratificada en estos días en la figura de Gamboa.

Los estudiosos de la realidad laboral en México estiman que los llamados contratos de protección o de simulación -que conllevan esas jugosas rentas para quienes los administran- representan aproximadamente el 90 por ciento de los 300 mil inscritos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por eso hay que ver en la "reelección" del líder cetemista no sólo el madruguete que lo perpetúa y las viejas formas con que se hizo. En el fondo, el triste panorama que ofrecen los liderazgos sindicales que dominan la escena nacional nos recuerdan algo grave y profundo. Son figuras arcaicas, premodernas y dinosáuricas que -como la de Gamboa- se "reeligen" y ensanchan en nuevos espacios que cuentan con la bendición oficial. Son la huella fallida de nuestra transición.

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PLAZA PÚBLICA Pemex y la Usumacinta

Miguel Ángel Granados Chapa
27 Feb. 09

Tanto Pemex como sus contratistas son responsables de omisión y negligencia en la adopción de medidas de seguridad en la explotación petrolera en plataformas en la sonda de Campeche, que ya causaron muertes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el domingo pasado su recomendación sobre el caso de la plataforma Usumacinta de Pemex en la sonda de Campeche, una tragedia en que murieron más de 20 personas. El documento de la CNDH se envió al director general de Petróleos Mexicanos y al procurador general de la República. Visto que en diversas recomendaciones la oficina del ombudsman nacional ha perfilado conductas de la PGR sistemáticamente adversas a las investigaciones de la CNDH, me ocuparé en otro momento de revisar puntualmente el tenso estado de la relación entre ambos órganos del Estado: la CNDH y el Ministerio Público federal.

Me limito entonces, en estas líneas, a examinar la indagación realizada por esa Comisión Nacional en torno al grave episodio ocurrido el 23 de octubre de 2007, en relación con el funcionamiento de la empresa petrolera nacional y la contratista cuyo personal padeció la combinación de mal tiempo y negligencia e irresponsabilidad. Debe tenerse presente que inmediatamente después de lo acontecido en la plataforma Usumacinta, la dirección de Pemex dispuso la realización de dos investigaciones paralelas. Se confió una a la comisión especial independiente encabezada por el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, y otra al Battelle Memorial Institute. Ambas actividades concluyeron con informes por separado dados a conocer un año después, el 31 de octubre de 2008. La recomendación de la CNDH, que contó entre sus insumos con el informe Battelle, es un complemento de aquellas pesquisas, desde el mirador de los derechos humanos.

La CNDH encontró que "los encargados de la plataforma, tanto de PEMEX como de la compañía perforadora, sabían que ésta no estaba bien posicionada, aunado al conocimiento del mal tiempo que se estaba presentando en esos días, por lo que debieron prever que las maniobras para el reacomodo de la plataforma conllevaban un alto riesgo para los trabajadores a bordo de la misma, situación por la cual tenían que resguardar en una zona de seguridad a los obreros y posteriormente tratar de realizar maniobras de posicionamiento de la plataforma...".

No se hizo así, como tampoco se tuvo en cuenta que en el Golfo de México "no existe una embarcación dedicada al rescate... situación que debió ser prevista por PEMEX desde el momento mismo en que comenzó a explorar y explotar pozos petroleros sobre plataformas mar adentro, ya que debería ser una prioridad ineludible el brindar todos los elementos necesarios a los trabajadores...".

Al no haberlo hecho, "quedó acreditado que PEMEX no ha cumplido con (su) Reglamento de Seguridad e Higiene... así como tampoco con el Programa Emergente de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que lo obliga a la implementación de mecanismos para la reducción de los riesgos operativos y la exposición de sus trabajadores a condiciones de riesgo, ya que ha permitido que algunas de las empresas subcontratadas por esa paraestatal no cumplan con los requisitos mínimos respectivos dentro de las instalaciones petroleras".

Meses antes del siniestro de la plataforma Usumacinta, el diputado Cuauhtémoc Velasco había denunciado las condiciones de inseguridad que privan en las labores encomendadas a contratistas. De allí que tenga sentido el señalamiento de la recomendación de "que cuando PEMEX entrega un contrato a una empresa privada es necesario y obligatorio realizar las visitas de inspección o supervisión a las instalaciones que se subarriendan (sic) a fin de verificar que se cumplan con todos los requisitos necesarios para el debido desempeño de las estructuras...". En esas visitas de control debe observarse "que se cumpla con cuestiones de seguridad laboral, debido a que se encuentran comprometidas la integridad física y la vida de seres humanos, y es el caso de que cuando se realizó la licitación de la plataforma Usumacinta se dejaron (sic) de hacer mención de algunas condiciones inseguras... lo que implica responsabilidad por omisión de PEMEX".

También de modo irregular "se permitió que los trabajadores de la plataforma... ejercieran su trabajo sin capacitación, en condiciones inseguras, arriesgando en todo momento su integridad física y vida, debido a que no se tomaron en cuenta las medidas para la corrección de esas deficiencias estructurales, a pesar de conocer directamente las fallas de seguridad (que padecen) tanto sus plataformas como las de las empresas subcontratadas, tal como consta en las diversas demandas laborales que se han presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje...".

De lo anterior se desprende esta recomendación al director, a quien se pide implementar "las acciones necesarias para que se otorgue al personal... la capacitación adecuada y permanente no sólo para el desempeño de sus funciones, sino para la salvaguarda de su integridad física y de su vida, con especial atención en el uso de los equipos de seguridad con los que cuenta cada estructura de esa paraestatal, ya sea propia o rentada...". También se pide a Pemex "que no se otorguen licitaciones a las empresas que no cumplan con las medidas de seguridad necesarias...".

Hay igualmente una referencia a las indemnizaciones, pues a la CNDH no le queda claro que se hayan pagado y pide "que se envíen las pruebas de cumplimiento que demuestren que ya fueron cubiertas las indemnizaciones a los deudos de las personas fallecidas" o en su caso "proceder de inmediato a su entrega". También debe probarse que se prestó asistencia médica y sicológica.


Cajón de Sastre


El incremento en los emolumentos de los consejeros electorales, y su posterior rectificación o matiz, ha puesto en el ánimo público la cuestión de las remuneraciones de los altos funcionarios de la administración, de los órganos constitucionales autónomos, así como de senadores y diputados federales (amén de lo que ganan los gobernadores y los alcaldes de grandes ciudades). Es la hora de volver a la noción de servicio público, abandonando la concepción patrimonialista, chambista, de que llegar a un alto cargo resuelve los problemas económicos de los funcionarios por largo tiempo. Está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados (pues el Senado la aprobó ya) una ley de salarios máximos, que establece un claro límite a ese respecto: nadie debe ganar más que el presidente de la República. Procédase en consecuencia.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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Porfirio Muñoz Ledo El salario del hambre 27 de febrero de 2009

bitarep@gmail.com

Estuvo de moda en la segunda posguerra una cinta de Georges Clouzot: El salario del miedo. Sus personajes arrostraban riesgos insólitos a cambio de una paga miserable. Hace 40 años se ha instalado en México una política cleptómana, que ha despojado progresivamente a los asalariados del fruto de su trabajo.

Se ha configurado un “salario del hambre”, que retribuye a los trabajadores sólo una tercera parte de lo que percibían al inicio del ciclo depredador. El salario mínimo —en abierta contradicción con el mandato constitucional— ha perdido 78% de su poder adquisitivo, y el salario promedio, 63% desde 1982.

Al tiempo que abríamos las fronteras a la circulación de mercancías, servicios y capitales aceptábamos limitaciones indignas al tránsito de personas, en vez de incluirlas en el TLCAN, como ocurrió en la integración europea. Las disposiciones laborales de ese instrumento quedaron confinadas en “acuerdos laterales”, sin fuerza obligatoria alguna.

El diferencial de salario básico entre EU y México —que en los 70 llegó a ser de cuatro a uno— hoy es de 15 a uno. La migración se ha vuelto una catapulta transfronteriza que compensa el valor del trabajo en el mercado regional, cuando debiese haberse dispuesto —como en Europa— su igualación gradual a efecto de frenar el éxodo mediante el desarrollo.

Semejante patología es causa eficiente de la crisis. Deprime la demanda, estrecha el mercado interno y castiga a la producción en beneficio de la economía financiera y la concentración monopólica. La salida del atolladero exige una recuperación drástica del salario, que a su vez sería reproductora del empleo y cimiento de la cohesión social.

Entre nosotros la política salarial es una obligación de Estado por disposición de la Constitución. Así, la fijación de los salarios mínimos, aquellos “suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación de los hijos”. Actuar en contrario es una severa violación del estado de derecho.

Es también imperativo que la rectoría económica conduzca a “una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y las clases sociales”. Resulta apenas creíble que, al tiempo que se promulgaban estos deberes constitucionales en 1983, comenzaba a imponerse en el país el dictado neoliberal de la desigualdad. La apoteosis de la simulación.

Todo modelo económico reposa sobre un sistema de relaciones de poder. El vaciamiento social de la política económica obedeció a la entronización de tecnócratas que suplantaron los fundamentos populares de la soberanía por la entrega al extranjero de las decisiones estratégicas y la supremacía de los intereses privados. El pecado mayor de la transición fue su incapacidad para transferir poder a los ciudadanos.

Se discuten la extensión, profundidad y duración de la crisis. Menos las transformaciones políticas que requerirían implantar cambios económicos sustantivos. De las grandes depresiones y conflagraciones han emergido nuevos regímenes, como el socialismo, el fascismo y el populismo. También los equilibrios que en su tiempo alcanzó la socialdemocracia.

La era del liberalismo político llega a su fin. Sobre ella se encaramaron los poderes fácticos ahora desacreditados. Se barrunta el surgimiento de nuevos actores colectivos que no pueden ser únicamente el poder mediatizado del sufragio ni los movimientos de masas. El péndulo apunta hacia el robustecimiento de las identidades y poderes locales y hacia una enérgica reaparición de las organizaciones de clase.

En 1938 Keynes escribió al presidente Roosevelt sobre las medidas de recuperación económica: “El crecimiento de la negociación colectiva resulta esencial”. En esa línea, Obama ha reiterado la necesidad de revertir políticas antagónicas al sindicalismo: “No veo a las organizaciones de trabajadores como parte del problema; son parte fundamental de la solución”. Los salarios y condiciones de trabajo efectivamente pactados entre empresas y sindicatos han sufrido, incluso en México, mucho menor deterioro que el resto de las remuneraciones. Los países, desarrollados y emergentes, que han preservado mecanismos de democracia social reflejan tasas más elevadas de crecimiento y mejores índices de recuperación.

Ante la agresión del gobierno contra la estabilidad en el trabajo debe articularse una respuesta eficaz de la sociedad civil y de las organizaciones gremiales. Debe limpiarse ante todo la cloaca corporativa que ha sido cómplice de la explotación.