■ Falso, que el uso de la fuerza pública haya sido un recurso necesario, asegura Leonel Rivero
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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) citaron en dos ocasiones tesis jurídicas basadas en los juicios de Nuremberg y en los más recientes tribunales especiales para Ruanda y Yugoslavia, sobre la responsabilidad de los altos mandos y los gobernantes en la comisión de excesos y violaciones a los derechos humanos por sus mandos inferiores, durante los cuatro días que se enfrascaron en el análisis del caso de San Salvador Atenco.
Sin embargo, apunta el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Leonel Rivero, pese a reconocer ese marco legal internacional, caminaron en sentido contrario para concluir que pese a la brutalidad ejercida, el uso de la fuerza pública en mayo de 2006 fue “legítimo” y deslindaron de toda culpa a gobernantes, autoridades y altos mandos.
“Tenía expectativas moderadas. Pero el resultado fue peor al que esperaba –expresa en entrevista–; pensé que el ministro dictaminador, José de Jesús Gudiño, y el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, honrarían la palabra que habían empeñado ante un grupo de víctimas (en particular mujeres violadas, ex presos golpeados y familiares de procesados) con quienes se reunieron durante el proceso de investigación.”
Rivero, defensor de los reos de Atenco desde que los familiares dieron por terminada la labor de la abogada Bárbara Zamora, expresa: “lo que más me llamó la atención, al final, fue una frase de Ortiz Mayagoitia para cerrar la sesión. Dijo: ‘Avizoramos la oportunidad de valorar los hechos pasados con la mirada puesta en el futuro’. Sí, claro, en eso estaban pensando, en el futuro político del gobernador Enrique Peña Nieto. Concretamente, en 2012. Eso fue lo que determinó el giro final de la última sesión, que tendió un manto de impunidad sobre todos los que, en palabras del ministro Genaro Góngora, podrían haber sido señalados incluso como autores intelectuales de las graves violaciones a las garantías individuales”.
El abogado siguió los cuatro días de debate sentado al lado de Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión. “Después de tener que pelear por nuestro derecho a estar presentes en el salón de plenos, en nuestro carácter de víctimas, nos colocaron en la hilera de hasta atrás, junto a la puerta. Fue Trini quien me hizo notar algo de lo que no me percaté al principio. ‘Mira –me dijo–, fíjate cómo nos miran con desprecio’. Al final, cuando todo concluyó, me hizo otro comentario muy certero: ‘para nosotros ha sido una lección muy valiosa. Nos confirma que en este país la justicia no es para los pobres’. Y tiene razón, esta nueva injusticia se reduce a una cuestión de clases sociales”.
Intermediación e incumplimiento
En opinión del defensor, son muchas las objeciones que pueden hacerse a la resolución de la Corte, pero se centran en una sola. “Los jueces dictaminaron la legitimidad del uso de la fuerza en Atenco alegando que era un medio necesario para controlar los disturbios, ya que se habían agotado todas las vías de solución pacífica al conflicto suscitado. Pero no fue así. Lo sé porque fui el intermediario entre los dirigentes del frente y las autoridades. El día 3 de mayo, yo mismo hablé con Ismael Urzúa, funcionario de la Secretaría de Gobernación, pidiendo una interlocución con el gobierno de Peña Nieto. El frente ya tenía cerrada la carretera. Él propuso una reunión en Ecatepec, esa misma tarde. El frente ofreció, y cumplió, permitir que las ambulancias entraran a la clínica a recoger a los policías ahí resguardados, que no secuestrados. Urzúa prometió que en 10 minutos se comunicaría con nosotros el procurador estatal Humberto Treviño. No lo hizo. Trini insistió y logró hablar con él. Fue él quien dio por rota la negociación al decir que lo que pasara ya no era su problema. Y colgó. Todo esto lo saben los ministros, lo declararon y documentaron los del frente durante la investigación de la Corte. Al principio no entendí por qué Gudiño no incluyó esta información clave en su dictamen. Ahora entiendo por qué”.
Rivera se pregunta si, ante la opinión pública, la decepcionante resolución de la SCJN tendrá un costo político. “Dejaron pasar una oportunidad histórica. El peso de su pronunciamiento era, sobre todo, moral. Ellos son el tribunal garante de la Constitución. En lugar de poner en el centro de su preocupación el derecho de las personas –lo que llaman el principio pro homine–, optaron por la vía letrista, rígida, y tomaron como referencia la Ley de Seguridad Pública del Estado de México y otras secundarias para exonerar a Peña Nieto, a Eduardo Medina Mora y a las otras autoridades que ordenaron los operativos”.
Frente a este resultado, le surge otra duda: “¿Qué le espera al movimiento popular de Oaxaca con este antecedente?”
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