lunes, 29 de marzo de 2010

Drogas ¿legalización?

En una entrevista con la cadena televisiva estadunidense CNN, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, habló –por primera vez en lo que va de su administración– de la legalización de las drogas como una de las soluciones posibles para combatir el narcotráfico y hacer frente a la crisis de seguridad y violencia que vive el país, fenómenos relacionados, en buena medida, con el accionar de las organizaciones dedicadas al trasiego de sustancias ilegales.

Calderón dejó meridianamente claro que no está de acuerdo con una eventual despenalización de las drogas y descartó la idea por “inútil”, toda vez, dijo, que los precios de las drogas ilícitas se fijan en Estados Unidos y en consecuencia, no tiene sentido que “los países en desarrollo, las economías pequeñas” traten de “modificar el problema en sus términos económicos”. Sin embargo, reconoció que “es un debate muy importante”, que “hay argumentos serios a favor y en contra” de una medida semejante, y admitió que erradicar las drogas “es imposible”, por lo que la solución real es, a su juicio, asegurar el cumplimiento de las leyes.

De manera inevitable, tales expresiones dan actualidad al debate en torno a la legalización de las sustancias ilícitas. En la circunstancia actual se ha hecho evidente que el problema de salud pública de las adicciones ha dejado de ser presentable como argumento de quienes postulan la ilegalización y la persecución a ultranza de sicotrópicos; de hecho, se da por sentado que el consumo de enervantes no puede ser eliminado de los escenarios sociales, y diversas voces han señalado que la prohibición, lejos de atenuarlo, tiende a agravarlo, por cuanto criminaliza a los adictos y los obliga a involucrarse en actividades delictivas. Ante la práctica de la prohibición y de la represión, se ha postulado, tanto en México como en otros países, la pertinencia de una acción gubernamental concentrada en la prevención de las adicciones, el estricto control oficial de los sicotrópicos, la realización de campañas educativas al respecto y el establecimiento de programas de desintoxicación para los farmacodependientes.
Se ha señalado, asimismo, que el narcotráfico –y los fenómenos indeseables que trae aparejados, como la violencia y la corrupción de autoridades e instituciones y autoridades, e incluso la subversión del estado de derecho– no se origina en el consumo de drogas, sino en el carácter ilegal de éstas; el gran negocio de los cárteles consiste, precisamente, en burlar la prohibición, y es esa circunstancia la que eleva el precio de los enervantes muy por encima de sus costos de producción y otorga, en consecuencia, márgenes de ganancia astronómicos para las organizaciones delictivas, las cuales adquieren, de esa manera, un poder económico capaz de sufragar armamento de alto poder, grandes aparatos logísticos y de telecomunicaciones, estructuras de administración y cooptación de funcionarios públicos.

El gobierno estadunidense pasó, en las primeras décadas del siglo pasado, por una experiencia muy semejante, cuando, a raíz de la prohibición legal de las bebidas alcohólicas, el país se vio asolado por mafias que acumularon fortunas astronómicas mediante la producción, el contrabando y la venta de licores, y que pervirtieron a las instituciones de seguridad pública y a sectores de la clase política.

Ciertamente, la primera tarea de un gobierno es asegurar el cumplimiento de las leyes, pero en el caso específico de México, y en el tema de las drogas, ese empeño no sólo ha resultado insatisfactorio, sino que ha tenido un altísimo costo en vidas, en la tranquilidad perdida de la población y también, paradójicamente, en un inocultable incremento de las acciones delictivas de las organizaciones criminales y de las violaciones a las garantías individuales por las corporaciones de seguridad pública, tanto civiles como militares.

Es pertinente, en suma, emprender un debate en el que, más allá de ideologías y posturas morales, se examine la pertinencia de pugnar por una despenalización internacional, consensuada y programada, de las sustancias sicotrópicas ilícitas.

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