Pide Amnistía Internacional para tres dirigentes presos que protestaron por las elevadas tarifas de energía eléctrica en CandelariaCAMPECHE, Campeche, 7 de marzo.- La agrupación Amnistía Internacional acusó a las autoridades mexicanas de utilizar indebidamente el sistema de justicia para encarcelar a tres dirigentes comunitarios, tras sus protestas contra las elevadas tarifas eléctricas en Candelaria, y reclamó su libertad inmediata e incondicional.
La organización internacional declaró “presos de conciencia” a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, del movimiento de resistencia civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica en Campeche.
“Estas tres personas fueron detenidas en julio de 2009, en relación con su participación en el movimiento. La Procuraduría General de la República acusa a los tres dirigentes de retener presuntamente como rehén a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana”, indicó.
“Los cargos se basaron en una querella interpuesta por el representante legal de la CFE, por obstrucción de servicio público, un delito menor”, apuntó.
Amnistía manifestó también que “la querella se presentó tras una reunión de los dirigentes con la CFE para pedir la reconexión del suministro de electricidad. Sin embargo, la PGR fabricó después el cargo adicional de toma de rehén, un delito grave por el que no se puede conceder la libertad bajo fianza”.
“En enero de 2010, un tribunal federal de apelación falló que las pruebas contra los tres acusados carecían de fundamento y no indicaban que los delitos se hubieran cometido. Sin embargo, la PGR ha recurrido sin justificación contra este fallo, prolongando de este modo su reclusión hasta la resolución del recurso”, abundó.
Amnistía Internacional reclamó a las autoridades que pongan a estas personas en libertad inmediata e incondicional.
“Los cargos penales presentados contra Sara, Joaquín y Guadalupe son totalmente infundados y parecen haberse presentado únicamente para detener su campaña contra las elevadas tarifas eléctricas”, afirmó Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.
“Es hora de que las autoridades mexicanas dejen de perseguir a personas que llevan a cabo actos legítimos de protesta y disidencia”, puntualizó.
La agrupación relató que “el 25 de septiembre de 2008, unas 40 personas de la ciudad de Candelaria acudieron a las oficinas locales de la CFE para pedir la reconexión del suministro eléctrico. La CFE había cortado el suministro a miembros de la comunidad por impago, aunque había negociaciones en curso”.
“Después de la protesta, el representante legal de la CFE presentó una querella ante la Procuraduría General de la República por el delito de obstrucción de un servicio público contra las personas que figuraban en una lista de deudores de la CFE por impago de facturas”
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