Este panorama se verá agravado por las alzas impositivas avaladas en meses pasados por los legisladores del PRI y el PAN. Ayer mismo, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la ciudad de México señaló que el incremento en los impuestos provocará un aumento generalizado de 5 por ciento en los precios de productos y servicios, y que el poder adquisitivo acusará una pérdida de 20 por ciento a consecuencia de esos mismos ajustes, tan sólo en el primer trimestre del año. En la capital del país, la circunstancia descrita se torna más compleja con los incrementos aplicados por las autoridades locales en los costos de distintos servicios, entre ellos el del pasaje del Sistema de Transporte Colectivo-Metro.
El descontento social ante la cascada de aumentos de tarifas, impuestos y productos de primera necesidad ha comenzado a manifestarse, como quedó en evidencia con las protestas realizadas ayer por organizaciones de transportistas en distintas ciudades del país, y con la advertencia de ese mismo sector de convocar a un paro nacional para presionar al gobierno federal a regresar el precio del diesel a 6.30 pesos por litro.
Los aumentos que se comentan son ilustrativos de la actitud insensible que la clase gobernante en su conjunto ha adoptado frente a las necesidades de una sociedad que continúa debatiéndose en medio de la crisis. A pesar de las múltiples voces que desaconsejan la aplicación de alzas impositivas en periodos de recesión, y pese al reconocido potencial inflacionario que encierran medidas como el incremento del precio de los combustibles y de las tarifas eléctricas, el calderonismo ha decidido avanzar por esas vías; ha mantenido, al mismo tiempo, una implacable contención salarial, y ha profundizado con ello el empobrecimiento de amplios sectores de la población. La ofensiva desatada por las autoridades en contra de la economía popular contraviene incluso los preceptos de la economía de mercado, toda vez que inhibe el consumo y, al desincentivar la circulación de dinero, dificulta la reactivación de uno de los motores del desarrollo nacional: la economía interna.
No hace falta demasiada perspicacia para comprender que tales actitudes, nocivas en cualquier circunstancia, resultan particularmente riesgosas para la de por sí precaria estabilidad del país, en un contexto marcado por el desempleo, por la falta de mecanismos de seguridad social y la insuficiencia de los servicios de salud; por las dificultades que enfrentan millones de jóvenes para acceder a la educación, y, en general, por la ausencia de oportunidades de desarrollo personal y familiar. Son relevantes, al respecto, las advertencias realizadas por múltiples y muy diversos sectores de la sociedad –desde los progresistas hasta representantes de la jerarquía católica– en torno al riesgo de que surjan estallidos sociales ante la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para paliar los efectos de la crisis aún vigente.
En lo que toca a las alzas decretadas por el gobierno capitalino –y sin afán de soslayar una pérdida de sensibilidad social por las autoridades locales, como quedó exhibido con el aumento al precio del Metro–, es inevitable vincular a éstas con el manejo inequitativo de los recursos federales que se realiza año con año en perjuicio del Distrito Federal y su población desde mediados del sexenio foxista.
En la hora presente, la postura adoptada por los encargados del manejo económico del país es un elemento de agravio adicional a las malas noticias económicas y las dificultades que enfrentan distintos sectores laborales y productivos del país. En lo inmediato, es necesario que las autoridades de los distintos niveles de gobierno ensayen alternativas viables en el manejo de la economía, que operen como factores de distensión ante las crecientes muestras de inconformidad social.
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