Elegí en mi último artículo (El Semanario, 254, del 15 de octubre) el tema de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), sin saber que representaría al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la “aventura jurídica” que decidió seguir, según la desafortunada expresión con la que el secretario del Trabajo se refirió al juicio de amparo. Estoy, pues, involucrado en este asunto y aunque las autoridades han querido litigarlo en los medios, yo no haré lo mismo. Los argumentos jurídicos han sido expuestos en donde corresponde y confío en la honorabilidad, independencia y buen juicio del Poder Judicial de la Federación para rescatar la legalidad.
Me preocupan las reacciones que emanan de prejuicios, intereses y de la manipulación mediática del gobierno federal; denotan la inmadurez de buena parte de la ciudadanía. No hablaré de las autoridades ni de la rapiña mediática, sino de quienes han decidido apoyar al Presidente, sin importarles que se trate de una acción ilícita.
Algunos antecedentes ayudan a entender estas reacciones:
a) El servicio de LyFC era muy deficiente y los actos de corrupción frecuentes. No obstante, la culpa principal no puede recaer en los trabajadores ni en su sindicato, sino en la propia empresa, en este caso, el gobierno mismo. Al afirmar el presidente Calderón que era el SME el que ahí mandaba, nos dice que durante la mitad de su mandato abdicó de la responsabilidad de prestar el servicio de energía eléctrica en el centro del país y nos autoriza a suponer que ha dejado que otros sectores tomen las decisiones que la Constitución asigna al Ejecutivo federal, como la conducción de la política económica, por poner un ejemplo dramático.
b) Los trabajadores de LyFC tienen prestaciones muy superiores al común denominador de los trabajadores mexicanos, entre las que destaca la jubilación a los 30 años de servicio. Sus salarios, sin embargo, distan mucho de ser buenos; en promedio no alcanzan los 500 dólares mensuales, lo que está muy lejos de ser un privilegio, si bien es vergonzoso que la mayoría de nuestros trabajadores esté por debajo de esa cifra.
c) Históricamente, el SME no ha sido fácil, precisamente porque es un sindicato verdaderamente representativo, en un país en el que en su inmensa mayoría los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo son meras simulaciones y los empresarios y el gobierno se sienten con el derecho de controlar y corromper a los líderes y a evitar que los trabajadores ejerzan sus derechos colectivos.
Dicho lo anterior, paso a relatar algunas de las reacciones a las que me refiero:
En una reunión reciente en la que la mayoría de los asistentes eran empresarios y en la que me pidieron hablar de la defensa jurídica del SME, después de exponer los argumentos que demuestran la inconstitucionalidad del decreto de extinción, alguien dijo que era lo mejor que había hecho Calderón, opinión a la que se sumó la mayoría, sin importarle la trasgresión de la ley; en el ambiente se respiraba la terrible sentencia de que “el fin justifica los medios”. Unos pocos manifestaron su desacuerdo advirtiendo el riesgo que supone avalar una conducta ilegal de la autoridad, lo que parece legitimar a priori otras acciones igualmente ilícitas… hasta que la víctima es uno mismo.
Hay, desde luego, opiniones más autorizadas, como las de los integrantes de ese excelente programa de Canal Once, que es Primer Plano, que trataron el tema los días 12 y 19 de octubre y 16 de noviembre, aunque tampoco están a salvo de los prejuicios, como cuando María Amparo Casar “aplaudió” la decisión que justificó en los “altos sueldos” y las jubilaciones y afirmó que no era una lucha en contra del sindicalismo ni de la autonomía sindical, secundando así al secretario de Gobernación. Fue también el caso de Leonardo Curzio, quien criticó la construcción de un gimnasio de “ciento y pico de millones” (que equivale a unos $1,500.00 por agremiado, lo que no parece fuera de lugar, salvo que se piense que un gimnasio sea un lujo excesivo para un trabajador). Sergio Aguayo se sumó a la crítica al SME, pero al mismo tiempo hizo ver que Calderón no habló de los privilegios y salarios de la alta burocracia, de los regímenes fiscales especiales que gozan los grandes empresarios ni de los sindicatos que favorece su gobierno. Fue José Antonio Crespo quien puso el dedo en la llaga al decir que no estaría de acuerdo con la decisión si pasase por alto las leyes.
Me preocupa también la reacción del rector de la UNAM, que publicó un desplegado para lamentar la decisión del STUNAM de hacer un paro de labores para apoyar al SME. Olvida que la solidaridad es un arma fundamental del sindicalismo y su comunicado no refleja el sentir de la comunidad universitaria.
No me extraña que el Congreso de la Unión no haya planteado de inmediato la controversia constitucional, a pesar de que el decreto desobedece su mandato e invade sus atribuciones. De nuevo se anteponen los intereses de los partidos a la legalidad y a la dignidad de los legisladores.
Me duelen las vergonzosas reacciones de algunas organizaciones gremiales de abogados como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y muy especialmente la mía, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que apoyaron públicamente el decreto de extinción, con argumentos falaces que denotan el ánimo de servir a los intereses gubernamentales, sin reparar en el daño social que su irresponsable acción puede causar, comprometiendo un prestigio que no siempre se han ganado a pulso.
Finalmente, aprovecho para rescatar las reacciones de los escasos sindicatos verdaderamente representativos que han apoyado al SME, tanto en el discurso como en la práctica, así como el valioso apoyo de ese pequeño espacio que aún sobrevive en la iglesia Católica y que sigue creyendo que la justicia social es una exigencia de la moral cristiana.
PREJUICIOS, INTERESES Y REACCIONES http://bit.ly/6ykKbG
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