Miguel Ángel Granados Chapa
7 Oct. 09
Es de suponerse que a la acción contra el liderazgo voraz de Martín Esparza (el calificativo corresponde a la muy activa propaganda oficial de estos días) seguirán procedimientos semejantes contra Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. Como al dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de petroleros de la República Mexicana se les señala como uno de los factores del deplorable estado del sistema educativo y de la industria petrolera, y a los miembros de agrupaciones, como a los del SME, de gozar privilegios desmesurados con cargo al languideciente erario público.
Pemex se halla en quiebra técnica: sus activos son inferiores a sus pasivos. Recientemente el senador Francisco Labastida Ochoa dijo que por cada peso suyo, Pemex debe 293. Produce cada vez menos y hay que inyectarle onerosos recursos públicos. Y en contraste con la pauperización de la empresa, sus trabajadores, y sobre todo la cúpula sindical, reciben prebendas que no escandalizan a quienes, sobre la base de profusa información gubernamental, profieren hoy condenas contra el SME. El 24 de julio, pocas semanas antes de ser despedidos, el director general de Pemex y su director corporativo de administración suscribieron, prácticamente a escondidas, un nuevo contrato colectivo con el sindicato que dirige desde 1993 Romero Deschamps. Incrementaron en 21.16 por ciento el bono de productividad a que se obligó la empresa desde 2005, cuando su actual director, Juan José Suárez Coppel, era director corporativo de Finanzas. La prebenda deriva del Plan Maestro de Productividad y partió de otorgar un 14.4 por ciento, a pesar de que los rendimientos por trabajador eran cada vez más exiguos. Ahora que la productividad ha decaído a mayor velocidad, ese bono ha ido en aumento. Con el monto acordado en julio, en vigor desde hace dos meses, ese gaje significa un 42 por ciento sobre el salario base.
Respecto de la educación, poco hay que añadir al conocimiento general de la repercusión que tiene el pacto político entre la SEP y el SNTE en el deterioro de la calidad educativa, que se aprecia en los resultados de ENLACE, que si bien recientemente ha reflejado mejoría en algunos renglones, por años ha mostrado niveles muy deprimidos. Un factor principalísimo en la generación de tal desastre es la creciente conversión del sindicato en órgano de gobierno: no sólo el yerno de la presidenta del sindicato, Fernando González Sánchez, manda en la principal Subsecretaría, sino que la Alianza por la Calidad Educativa establece mecanismos, como su consejo rector, que entrega funciones de autoridad al sindicato.
Por eso supongo que Gordillo y Romero Deschamps seguirán la suerte de Esparza, el líder de los electricistas del centro del país. Fajados ya los pantalones, como se le alaba que esté haciendo con el SME, el presidente Calderón podrá actuar en igual sentido con el SNTE y el STPRM. Pero mi suposición se basa en un dato falso: de lo que se trata no es de corregir los graves defectos de la industria petrolera y el sistema de educación básica, y de evitar dispendios siempre gravosos pero en mayor medida en una época de crisis aguda. Al negar la toma de nota a la elección del dirigente electricista, el gobierno realiza no un acto racional de administración del patrimonio público -como el que significaría obrar en Pemex y la SEP- sino, sobre todo debilita o elimina un foco muy activo de oposición, de activismo político disidente que resulta estorboso.
Gordillo y Romero Deschamps son aliados del Presidente. Lo era de modo muy expreso la lideresa sindical, cuyos buenos oficios fueron útiles para formalizar una buena relación política, expresa, del dirigente petrolero con el gobierno calderonista. Por eso están a salvo. Por eso es ingenuo esperar que el daño que infieren a zonas muy sensibles de la economía y la vida social mexicana pueda ser remediado en el corto plazo. En cambio, Esparza no sólo encabeza un sindicato recipiendario de beneficios que escandalizan a las buenas conciencias muy conformes con el dispendio en general, sino que forma parte, por sí o a través del Frente Sindical Mexicano, de un frente obrero que coincide con el Movimiento en defensa de la economía popular que sigue a Andrés Manuel López Obrador.
Tal condición, por supuesto, no debe ser coartada para un manejo ilegal y faccioso del poder sindical. Es muy claro, las cifras difundidas por el equipo de Esparza así lo muestran, que la candidatura de Alejandro Muñoz tuvo en las elecciones de junio pasado casi tanto asentimiento como el expresado a favor de Esparza, si no es que mayor, en caso de que las acusaciones de fraude correspondieran con la verdad. La diferencia en la votación para cada uno de los candidatos a secretario general es estrecha. Si la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dispone anular las elecciones y reponer el procedimiento, por más sesgo que se advierta en esa resolución judicial, la corriente que apoya a Esparza haría bien en acatar el laudo y disponerse a ganar una vez más los comicios internos.
De lo contrario, estará ofreciendo un blanco fácil a la tirria de la Secretaría del Trabajo. En el sexenio pasado se opuso al líder Napoleón Gómez Urrutia un dirigente postizo. No parece que ésa sea la situación de Muñoz. Ha tenido sostenida presencia en la vida sindical. Era tesorero del comité encabezado por Esparza. Una nueva contienda daría luz al SME.
Cajón de Sastre
Hoy hace exactamente un año tuve el alto honor de recibir del Senado de la República la medalla Belisario Domínguez. Terminé las palabras de agradecimiento por esa distinción con demandas específicas a los miembros de esa Cámara. Por un lado, que legislaran contra la desaparición forzada de personas, una plaga que se multiplica en diversas modalidades, pero que en todos los casos cuenta con la autoría, la complicidad, la complacencia o la ineptitud de agentes del Estado. Igualmente pedí la expedición de una ley de amnistía, pues igualmente proliferan personas presas por sólo su participación en movilizaciones, lo que constituye una criminalización de la protesta social que hemos de atajar. Un año después, sin la solemnidad de aquel acto, reitero esas peticiones, cuya satisfacción hará bien a la República.
miguelangel@granadoschapa.com
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