Rayuela
Dicen que la industria de la radio y televisión ya encargó una estatua tamaño natural de Beltrones.
Sólo discuten dónde colocarla.
Editorial
Ley de medios: legisladores claudicantes
El martes de la semana pasada, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, encabezado por Manlio Fabio Beltrones, presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión en la que se insiste en renovar “a perpetuidad” las concesiones que detentan los grandes consorcios mediáticos –como pretendía el engendro legislativo popularmente conocido como Ley Televisa–, ahora al amparo de la figura de “prórroga” y mediante el pago de una “contraprestación económica” al Estado, que sería determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para colmo, se pretende descontar de esa cantidad el costo de los espacios publicitarios que las televisoras deben otorgar, de manera gratuita, a la difusión de programas electorales, según lo establecido en la reforma sobre el tema que se aprobó el año pasado.
Por si esto fuera poco, con esta enmienda se pretende eliminar la revocación de concesiones como sanción para las empresas mediáticas que incurran en violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –medida contemplada en la iniciativa original elaborada por el panista Ricardo García Cervantes, frenada desde junio pasado–, lo que garantizaría impunidad a quienes infrinjan la ley y constituiría una aberración jurídica.
La propuesta de reforma que se comenta tiene como telón de fondo una ofensiva que emprendieron los dueños del poder mediático hace más de dos años con la redacción –a instancias del duopolio televisivo– de la Ley Televisa, su aprobación unánime en la Cámara de Diputados y su aval, el 30 de marzo de 2006, en el Senado. El apoyo que los legisladores –con honrosas excepciones– dieron a ese proyecto impresentable demostró su sometimiento al poder de facto de los grandes empresarios de la comunicación. Por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversos pasajes de la legislación referida y evitó, de esa manera, que se consumara un atentado contra los derechos y la propiedad nacionales.
Meses después, cuando en el contexto de las adecuaciones a la ley electoral se pretendió reducir el costo y la duración de las campañas y prohibir tanto a partidos políticos como a particulares la contratación de espacios para difundir propaganda electoral, los propietarios de los medios de comunicación respondieron con una virulenta campaña de hostigamiento, presiones y chantajes en contra de los legisladores federales, pues la medida afectaba sus intereses económicos, al restringir los vastos márgenes de ganancias que acostumbran obtener durante las campañas, y políticos, al delimitar la influencia de los conglomerados empresariales en la preferencia electoral de los ciudadanos.
Posteriormente, en un lamentable espectáculo montado ante los senadores, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, encabezada por las dos principales empresas televisoras del país, realizó una inverosímil defensa de “la democracia” y “la libertad de expresión”, entendida esta última como libertad de hacer negocios, como si no fueran los propios concesionarios los que históricamente han restringido o suprimido la libre manifestación de ideas a los comunicadores profesionales y cancelado, mediante ocultamientos y tergiversaciones mañosas de la realidad, el derecho ciudadano a la información.
En estos episodios, la falta de decoro de quienes detentan concesiones de radio y televisión ha sido tal que parecieran olvidar que el medio del cual tienen usufructo –el espectro de frecuencias electromagnéticas– es una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público. Otro tanto podría decirse de los legisladores que han apoyado las embestidas antinacionales de los propietarios de los medios: con tal actitud, parecieran ignorar que su papel de representantes populares los obliga a colocarse del lado del bienestar general, no del particular; a defender los intereses de la nación, no los de unos cuantos, y a preservar la integridad territorial, de la que forma parte el espacio radioeléctrico.
En suma, la iniciativa presentada por Beltrones y sus correligionarios persiste en el intento de revertir recientes reivindicaciones del interés público sobre el particular y de la potestad de la nación sobre su territorio; aprobarla implicaría, por tanto, un retroceso inaceptable, una lesión a los intereses nacionales y una nueva y vergonzosa claudicación del Poder Legislativo a las presiones e intereses de los concesionarios privados.
■ Las actividades del movimiento son y seguirán siendo difundidas, responde la empresa
Pluralidad y apertura informativa, exigen AMLO y seguidores a Televisa
■ Demandan que se hable de las causas de la pobreza, el desempleo, la carestía y la inseguridad
Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional regresaron ayer a Televisa para reiterar a esa empresa, que representa “el poder de los poderes” en México, su demanda de pluralidad y apertura, después de que la televisora les asegurara que sus actividades y posiciones son y seguirán siendo cubiertas y difundidas en sus espacios noticiosos.
Esa fue la respuesta a la solicitud de respeto a la libertad de información que le presentaron el 11 de noviembre pasado, pero no satisfizo al ex candidato presidencial y a sus miles de seguidores que se apostaron frente a las instalaciones de la empresa en avenida Chapultepec.
López Obrador indicó que su presencia en el lugar no fue sólo para exigir que se atienda a su movimiento y a su persona, “sino para que se aborden con seriedad los grandes y graves problemas nacionales, y se dé voz a todos los mexicanos.
“Queremos que se informe sobre las causas de la pobreza, del desempleo, de la carestía, de la migración, de la inseguridad y de la violencia. Que se hable de la corrupción y de la impunidad, que tanto daño le han hecho al país. Queremos que se invite a especialistas de todas las corrientes de pensamiento para debatir el porqué, a pesar del fracaso, se insiste en sostener el modelo económico neoliberal. Esto es, en esencia, lo que demandamos”, señaló.
“El poder de los poderes”
Aseguró que no es asunto menor acudir a Televisa a demandar pluralidad y apertura. “Con nuestra presencia estamos dejando de manifiesto que en esta fábrica de mentiras hay más poder, que se oiga bien, que en Los Pinos, que en la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) o que en el Congreso de la Unión. Aquí está el poder de los poderes”, señaló.
El mitin –segundo que encabeza López Obrador frente a la empresa– inició con la lectura de la respuesta que Manuel Compeán Palacios, director general corporativo de comunicación de Grupo Televisa, envió ayer, a las 15:25 horas, a la coordinación nacional del movimiento, a casi un mes de que fue entregada la solicitud de respeto a la libertad de expresión que hicieron a Emilio Azcárraga Jean, presidente del corporativo.
En el documento, manifestó que “la política editorial de Televisa busca reflejar fielmente todas las voces de nuestra sociedad en el marco de la objetividad y la pluralidad. Es por ello que las actividades del movimiento en defensa del petróleo, y en especial las del licenciado Andrés Manuel López Obrador, han sido cubiertas rutinariamente por nuestros noticiarios”.
Como ejemplo, citó que la “visita” que realizaron el 11 de noviembre fue difundida en distintos espacios informativos, así que “tengan la seguridad de que las actividades y posiciones de su movimiento sobre los temas fundamentales que se debaten en el país seguirán siendo cubiertas y difundidas por Televisa”.
“¡Qué poca madre!”, gritaban los asistentes al mitin conforme avanzaba la lectura del documento. Porfirio Muñoz Ledo, coordinador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), tomó la palabra, exigió la democratización de los medios de comunicación y propuso “abolir este monopolio, con toda la fuerza del pueblo”.
Después, Rafael Barajas, El Fisgón, integrante de la comisión de difusión del movimiento, consideró que la respuesta de Compeán fue una burla y le recordó que la objetividad y pluralidad de las que habló, Televisa sólo las enarbola para “defender sus intereses y hacer coberturas más sesgadas, engañar, mentir y emprender campañas de difamación y hasta de odio.
“Así lo hizo con el movimiento estudiantil de 1968, con los movimientos sindicales independientes desde 1970 a la fecha; con el fraude de 1988, con Manuel Clouthier, con el cardenismo, con los zapatistas, con López Obrador, con el fraude de 2006, con los luchadores de Atenco, con los movimientos de Oaxaca”. Conminó a iniciar una campaña contra la televisora, que incluya pedir a la gente apagar su televisor o cambiar de canales, que deje de asistir a los actos que organiza la empresa, cancele los contratos con su cablera y se abstenga de apoyar a sus equipos deportivos.
Después, López Obrador advirtió que el regreso de ayer a Televisa no será el último. “Hagamos el compromiso de volver las veces que sean necesarias hasta lograr que se atienda nuestra demanda de pluralidad y apertura informativa”. En tanto, sostuvo, esperemos a ver resultados del planteamiento presentado por el ejecutivo de la empresa, porque “no nos estamos chupando el dedo. Pronto vamos a saber cuál es la verdadera intención de Televisa. Evaluemos, y en nuestra próxima asamblea del 25 de enero próximo, en el Zócalo capitalino, tomemos decisiones”.
Insistió en pedir a los dueños de la televisora, entre quienes citó, además de Azcárraga Jean, a María Asunción Aramburuzabala, Pedro Aspe Armella, Ana Patricia Botín, Jorge Cutillas, Claudio X. González, Roberto Hernández, Germán Larrea, Fernando Senderos, Carlos Fernández González y Lorenzo Zambrano, que los espacios que demandan también son para tratar, “de cara a la nación, con la participación de todos los actores sociales, los grandes y graves problemas nacionales”.
Por ejemplo, citó, “sería de mucha utilidad que economistas de nuestro movimiento debatieran en televisión con el secretario de Hacienda del gobierno usurpador sobre la crisis económica y, en particular, sobre temas como el desempleo, la devaluación (del peso), el uso y destino de las reservas internacionales de México; las alzas de las gasolinas, el diesel, el gas, la luz y los artículos de primera necesidad, así como la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los fondos de ahorro de los trabajadores, entre otros asuntos”.
Recordó que esta empresa tiene 80 por ciento de cobertura nacional. Es el medio de comunicación que llega a todos, pero no se tratan estos temas. “Se ha dedicado nada más a manipular para mantener este régimen de corrupción, de privilegios; este régimen caduco que ha llevado a la desgracia a nuestro pueblo”.
En la parte final de su discurso, López Obrador afirmó que ya hay 2 millones 400 mil afiliados al “gobierno legítimo de México”, y viene, anticipó, la constitución de 2 mil 500 comités municipales. Pidió mantenerse serenos y tranquilos ante las “diferencias” en los partidos del FAP, porque existe este movimiento y “no sólo se cuenta con el apoyo de militantes de PRD, PT, Convergencia, contamos también con el apoyo de millones de ciudadanos que no tienen partido, de organizaciones sociales y ciudadanas”.
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