Miguel Ángel Granados Chapa
25 Mar. 08
Es imposible minimizar el sentido y alcance de la situación que padece el PRD, pero conviene ubicarla en el cuadro general de los partidos, y no dejar de lado las razones de los adversarios de esa organización para magnificar y aun falsear las dimensiones de la crisis, que no sólo es electoral
La mayoría de los militantes y los votantes del Partido de la Revolución Democrática no merecen el descrédito que la actual crisis depara a esa organización. No lo merece tampoco la todavía incipiente democracia mexicana, que requiere de un potente partido de izquierda. La corrupción de buena parte de los cuadros dirigentes del PRD, que se ejerce cotidianamente y se abulta en coyunturas en que se disputa el poder, como el actual proceso electoral, no corresponde a la condición ética de la mayor parte de quienes son sus miembros y votaron el 16 de marzo pasado. Esa diferencia entre el grueso de la militancia y sus dirigentes deviene en amplia medida de la conversión de la política como responsabilidad en la política como negocio y modus vivendi, transformación especialmente dañina en agrupaciones basadas en la solidaridad y la abnegación. Pocos fenómenos tan grotescos y socialmente dañinos como el espectáculo de los quijotes en engorda.
La sola imposibilidad de conocer en definitiva el resultado de la jornada electoral dentro del plazo fijado y la incertidumbre sobre cuándo y cómo terminará el proceso son reveladoras de la crisis perredista. Después de que, tal como se había previsto y conforme a las reglas establecidas, se supo el resultado de dos conteos rápidos, realizados por sendas empresas cuya metodología fue conocida y aprobada por las partes, resultado que en ambos casos favoreció a Alejandro Encinas con hasta ocho puntos de ventaja sobre su principal contendiente, Jesús Ortega, el proceso ha corroborado la evidencia del deterioro perredista. Tras la aproximación estadística ofrecida por los conteos rápidos, los resultados preliminares fueron manipulados y el órgano electoral nombrado ex profeso, encabezado por el antiguo director del IFE, hoy senador Arturo Núñez, se vio en la necesidad de cerrar el programa respectivo. Luego, el miércoles 19 los cómputos estatales se vieron frenados y obstruidos al punto de que al comenzar esta semana se tienen resultados en 20 entidades pero no en 12, por lo que fue imposible realizar el domingo el cómputo nacional. El combate de acusaciones mutuas se ha agravado por la necesidad de que el conteo de votos en ocho entidades se realice fuera de ellas, y no haya podido ser realizado todavía en la sede nacional de ese partido. No se avizora que en las próximas horas las causas del trabamiento en el escrutinio se diluyan, por lo que parece imprescindible una decisión de la Comisión de Garantías, el tribunal interno del PRD, todavía a salvo de descalificaciones, para eliminar los obstáculos políticos que se disfrazan de jurídicos y acelerar los cómputos y conocer los resultados definitivos. En cualquier caso, es inevitable la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el órgano que calificó la elección de 2006 descalificada por el PRD.
Sin pretender disminuir la severidad de la crisis perredista, y por lo tanto sin ánimo de cohonestar la multitud de insuficiencias y de pequeñas y grandes trampas desplegadas antes, durante y después del 16 de marzo, es preciso decir que sobre la real se ha montado una operación mediática encaminada a magnificar el alcance de la situación perredista. El tiempo en noticiarios de televisión y radio y los espacios periodísticos consagrados a exhibir las miserias de la conducta electoral del PRD muestran una intención política mucho más allá de la informativa (aunque por supuesto haya órganos de prensa que la practiquen con profesionalismo probado cotidianamente). Se trata de mostrar cuánta autoridad falta al partido de Andrés Manuel López Obrador y a éste mismo, por su papel en la contienda interna, para insistir en la ilegitimidad de la elección de 2006 y para denunciar los propósitos, no expresados pero cada día más sabidos, de la reforma energética y para desnudar los vicios del personal gubernamental, como el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Las consecuencias de la campaña efectista alcanzan a perredistas de la talla del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en una apasionada diatriba contra su partido ha solicitado que se anule la elección, sin que haya hasta ahora indicios de que se reúnan los requisitos para invalidarla. Por ese motivo ninguno de los candidatos en querella aceptó el planteamiento de Cárdenas, tan severo que más parece anunciar su renuncia al partido que significar una propuesta de solución al actual momento crítico.
La elección de comité nacional del PRD en 1999 fue anulada tras conocerse la victoria de Amalia García sobre el mismo Jesús Ortega, que hoy parece estar en semejante situación a la de entonces. No se extendió como ahora, fuera del partido, un juicio tan acre sobre sus defectos como el que se está esparciendo con fruición. Tampoco lo hubo respecto de la elección de Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo en el PRI, tan tramposa que la descalificó su principal damnificada, Beatriz Paredes, que, sin embargo, prefirió no sacar la consecuencia de sus dichos y se mantuvo priista. No se montó un espectáculo en torno a las maniobras de Manuel Espino para lograr su reelección y mucho menos a las de sentido contrario surgidas desde Los Pinos, incluido el destapamiento de Germán Martínez en la misma sede presidencial.
Lástima que los vicios y lacras del PRD alimenten las tendencias a considerarlo, como a López Obrador, un peligro para México. Lástima, en mayor medida, que los perredistas tramposos ofrezcan la carroña que esos apetitos reclaman.
Cajón de Sastre
José Luis Cortés Trejo, que como regidor del ayuntamiento de Tlalnepantla presentó el 25 de octubre de 2005 denuncia formal contra el ex gobernador del estado de México Arturo Montiel por su enriquecimiento, y el 25 de abril de 2006 una más contra su sucesor, Enrique Peña Nieto, por encubrimiento, no quita el dedo del renglón. Presentó el 13 de marzo, ante la PGR, denuncia o querella contra el ex presidente Vicente Fox y el ex procurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca. Por hacer lo mismo que Peña Nieto, es decir, solapar a Montiel, los señala como posibles autores de delitos contra la administración de justicia, uso indebido de facultades y coalición de servidores públicos, entre otros.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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