Condenados a muerte

Carmen Aristegui F.
28 Mar. 08

EU golpea la justicia internacional desatendiendo los convenios que valida sólo para sus ciudadanos, no para los nuestros

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tiró esta semana, literalmente a la basura, el fallo que la Corte Internacional de Justicia emitió en marzo de 2004, que le da la razón a México en el caso de 51 paisanos condenados a muerte. México ganó, entonces, una batalla de altos vuelos en la justicia internacional. Acusó a Estados Unidos de incumplir sistemáticamente sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención de Viena y entabló una acción judicial a nombre de los mexicanos que habían sido enjuiciados y condenados a morir en procesos marcados por irregularidades. Demostró que se les había negado el derecho a comunicarse con su embajada o consulado para solicitar ayuda. El fallo implicaba, por supuesto, que las sentencias fueran revisadas. La Suprema Corte estadounidense ha dicho que no. Niega que se revise el caso de Ernesto Medellín Rojas y -por extensión- el de los otros 50. Decidió que: "Ni el fallo de la CIJ ni la orden del Presidente constituye una ley federal aplicable que esté por encima a los límites de diversas solicitudes de revisión". Será el Congreso quien decida si da a la justicia doméstica los elementos para que cumpla con algo a lo que, se supone, ya está comprometido desde hace décadas. Con ironía, vale recordar que fue Estados Unidos quien propuso el protocolo para garantizar este derecho a ciudadanos extranjeros en 1963 y lo ratificó -en conjunto con la Convención de Viena- en 1969. El caso es que Estados Unidos ha incurrido sistemáticamente en el incumplimiento de su propio planteamiento. "A la mayoría de los más de 100 extranjeros condenados a muerte en Estados Unidos se les ha negado este derecho. Al menos 15 han sido ejecutados sin que se les comunicaran sus derechos diplomáticos al ser detenidos, lo que constituye una violación del derecho internacional", dijo en su momento Amnistía Internacional. Estados Unidos hoy niega a México lo que hizo valer para sí en el primer caso que la Corte Internacional resolvió a partir de este protocolo. Fue este país quien recurrió a la CIJ y logró ganar una demanda contra Irán por el caso de los 52 rehenes en 1979. Es decir, una doble vara inaceptable. El fallo a favor de las garantías para sus ciudadanos en otro país vale y se aplica pero el fallo internacional a favor de los mexicanos con procesos irregulares en territorio estadounidense no se puede aplicar. Bonita historia. Esta decisión, tomada seis votos contra tres, determina que no existen mecanismos dentro de la propia justicia estadounidense para cumplir el fallo de la CIJ y determina, además, que el presidente Bush rebasó su propia autoridad cuando ordenó a Texas revisar el caso de Ernesto Medellín Rojas, sentenciado a muerte en Texas. Viene a cuento hoy recordar lo poco que duró el entusiasmo entre los expertos en derecho internacional cuando, en marzo de 2005, el presidente George Bush anunció que respetaría el fallo ganado por México pero dos días después anunciaba a Naciones Unidas su retiro del Protocolo Opcional de la Convención de Viena, es decir, el que obliga a los firmantes a aceptar como la última instancia a la CIJ. Ahí estaba cantada la suerte de lo que hoy estamos conociendo sobre este incumplimiento. Cuando Bush anunció que respetaría el fallo y ordenó a las cortes que revisaran las sentencias, lo hizo ya no como una obligación internacional sino como un acto de volun- tad. La suspicacia que eso levantó, ahora se ve, estaba plenamente justificada. Texas se inconformó y, al paso del tiempo, la Corte dice simplemente que el presidente Bush excedió su autoridad. ¿Sabía Bush que aceptar el fallo a favor de México pero, simultáneamente, abandonar como país la obligatoriedad de su cumplimiento provocaría lo que finalmente ocurrió esta semana?, ¿que la Corte, como resultado de aquello, rechazaría la jurisdicción internacional? ¿Hubo cálculo en la postura de Bush? El caso es que México deberá manifestar su enojo y tendrá que desplegar un intenso cabildeo entre congresistas y autoridades para lograr que el fallo sea cumplido por las cortes estatales a partir de una improbable ley que las obligue a ello. La Cancillería ha rechazado ya la resolución y analiza las implicaciones del caso. Ha dicho que definirá acciones legales inmediatas. Supongo que alegará, entre otras cosas, que el fallo a su favor se obtuvo antes de que Bush decidiera abandonar el protocolo que obligaba a su cumplimiento. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo entonces que el retiro del protocolo no debería ser interpretado como una indicación de que Estados Unidos no cumpliría con sus obligaciones internacionales. El caso es que sí. Que los casos -salvo que ocurra algo extraordinario- están cerrados y los condenados, condenados están. Estados Unidos, una vez más, le da la espalda a la justicia internacional.