domingo, 12 de septiembre de 2010

La tragedia de Tabasco.

PLAZA PÚBLICA.
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 10

Los ríos Grijalva y Usumacinta son sólo parte de una vasta red de corrientes y lagunas que de promesa de desarrollo se han convertido en una amenaza para los pobladores de Tabasco

El retraso en la construcción de la estela con que se festejaría el Bicentenario es motivo de vergüenza o fuente de humor cáustico. Pero esa demora no genera efectos trascendentes, salvo quizá complicaciones del tránsito en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Pero el que no se haya concluido el Plan Hídrico Integral en Tabasco puede ser la causa de una tragedia de proporciones incalculables en las próximas semanas. La abulia, para decir lo menos, de la Comisión Nacional del Agua ha puesto en riesgo a los dos millones y medio de tabasqueños, no sólo a los que viven en la planicie que conduce al Golfo de México.

Tabasco ha sido sinónimo de agua. Pellicer decía, no como lo hacemos el resto de los provincianos cuando viajamos al solar nativo, "voy a mi tierra", sino "voy a mi agua". En esa entidad, acaba de recordarlo su gobernador, Andrés Granier, que representa sólo el 1.3 por ciento de la superficie total del país, se localiza la tercera parte de toda el agua dulce de la República. Los colosos líquidos, los ríos Grijalva y Usumacinta, son sólo parte de una vasta red de corrientes y lagunas que de promesa de desarrollo se han convertido en una amenaza para los pobladores.

En 2007 los tabasqueños vivieron la peor inundación de sus tierras bajas que se recuerde. Pero no han sido mucho menores los estragos de los anegamientos en los años siguientes. En 2008 la porción norte del estado, en el lindero con Guatemala, padeció la peor suerte. Y el año pasado el infortunio tocó a la Chontalpa. Ahora mismo, cuando no se ha iniciado todavía la temporada de lluvias más intensas, que sobrevendrán en octubre y noviembre, hay ya 130 mil damnificados, 12 de los 17 municipios han sido declarados en emergencia, 400 localidades están seriamente afectadas, 300 escuelas, a las que acuden 22 mil alumnos, han dejado de funcionar; 200 unidades médicas están en riesgo, y 25 de ellas han sido ya evacuadas. El jueves, cuando el gobernador Granier dio estas cifras en el Senado de la República, estaba en peligro el Hospital de alta especialidad Juan Graham Casasús, amenazado por el río Carrizal. Ciento ochenta y siete mil hectáreas de cultivos y pastizales están inundadas, con daños y perjuicios para 20 mil productores.

Lo peor, sin embargo, está por venir, y si los pronósticos temibles se cumplen, habrá en los próximos meses más del millón y medio de damnificados que Tabasco padeció en 2007. Por eso su población y su gobierno reclamaron al federal acciones que mitigaran la vulnerabilidad de la planicie tabasqueña. El presidente Calderón anunció en abril de 2008 el plan hídrico. No estuvo concluido en ese mismo año, ni el pasado. Tampoco lo estará ahora. La mala noticia se había anticipado desde noviembre. Ni siquiera estarán terminadas las obras básicas de protección que incluye ese plan.

El peligro de mayores daños crece por horas. A partir de los años sesenta se construyó en la parte alta de la cuenca del Grijalva un sistema de presas, donde se genera la mayor parte de la energía eléctrica que consume el país: Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. La situación de esta última es la que más directamente se relaciona con la planicie tabasqueña. Liberar sus demasías acrecienta el volumen de los ríos que descienden hasta el Golfo. Pero los lechos respectivos no pueden contener esas aportaciones porque están azolvados y también porque en sus márgenes se instalan asentamientos humanos. No sólo se trata de viviendas precarias, de los desposeídos que canjean la incertidumbre de esa ubicación por la seguridad que da el poseer un techo. En Villahermosa se han abierto fraccionamientos de lujo y centros comerciales en tierras donde no debió autorizarse la construcción. De modo que los caudales procedentes de Peñitas, más los provocados por las lluvias de agosto, las más copiosas en el medio siglo reciente, no alcanzan a ser retenidos por los cauces, y las tierras aledañas se inundan. Y eso no obstante se prevé que los 2 mil metros cúbicos por segundo que vierte esa presa crezcan hasta 2 mil 500.

No sólo eso: Angostura empieza a delinearse como una nueva amenaza. El jueves, por primera vez en su historia de 35 años, se abrieron sus vertederos. Se trató sólo de una prueba, de la verificación de su estado. Pero la Comisión Federal de Electricidad lo hizo en previsión de que las precipitaciones pluviales que causen los próximos fenómenos meteorológicos aumenten su nivel, ya ahora mismo excedido, por lo que acaso sea preciso desfogar la presa.

El presidente Calderón estuvo esta semana en Tabasco, para una reunión de evaluación en presencia del gobernador del estado. Al día siguiente éste viajó al DF para hacerse oír por los miembros del comité senatorial de protección civil. En ambas reuniones quedaron de manifiesto circunstancias políticas y financieras que complican la adversa situación que sufre esa entidad. Una principalísima es el grave deterioro de la economía estatal, que Granier atribuye a las desgracias de los años pasados. A los 40 mil millones de pesos que oficialmente se calcula ha perdido el estado, el gobernador añadió 10 mil millones de pesos más por daños laterales.

Ese magno quebranto ha dejado en la inopia al erario estatal. Algo ha de haber también de ineficacia y de otras causas en ese empobrecimiento gubernamental. Habrá que precisar las cifras. Pero el hecho es que Tabasco no puede recibir los recursos que ha solicitado al Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, porque no puede aportar las cantidades que el funcionamiento de ese fondo reclama a los gobiernos estatales. La Secretaría de Gobernación expidió el jueves la declaratoria de emergencia para 12 de los 17 municipios tabasqueños, pero como si no lo hubiera hecho: no fluirá el dinero federal hasta que el gobierno de Granier aporte el porcentaje establecido. Y no puede hacerlo, no tiene con qué, según ha reconocido.

(No es tal insuficiencia sólo problema de Tabasco. Veracruz lo padece también. Para atender la emergencia en 25 municipios el Fonden ha autorizado mil 704 millones de pesos. Pero se requiere que el gobierno de Xalapa aporte 848 millones, de los que dice carecer. Alega que apenas está por generar recursos la bursatilización de un porcentaje de las aportaciones federales practicada por el gobernador Fidel Herrera. Apenas en junio el Ejecutivo local, que se ufanaba de tener todo el poder en las manos, ofrecía a sus correligionarios gasto sin límite para fines electorales. Después de esa liberalidad ha llegado la hora de las penurias, con perjuicio de los pobladores de las zonas inundadas, que deberán esperar a que funcione el controvertido mecanismo financiero con que el gobernador dijo que haría crecer su hacienda.)

Granier reclama un trato excepcional para Tabasco, para que los fondos federales lleguen aun sin aportar la contribución local. Es difícil que el Fonden mitigue sus reglas en ese caso, porque tendría que hacerlo para Veracruz también y para otros estados, como Oaxaca, donde el fin del sexenio pondrá en claro los desvíos de recursos hacia la contienda electoral, amén de los despilfarros y la corrupción que todavía caracterizan al año de Hidalgo, el postrero de las administraciones priistas. El gobierno local no puede apuntalar su pedido aduciendo el cumplimiento cabal de sus tareas frente a las desgracias presentes y las previsibles. Apenas está por concluir el Programa estatal de cambio climático, así como el Plan maestro de protección civil, que incluye el programa de contingencias contra inundaciones. Cuando se ha anticipado la hora de hacer, el gobierno de Villahermosa transita apenas por la etapa de la planeación.

La demora del Plan Hídrico Integral, a cargo de Conagua, es muestra de una irresponsabilidad que no debería ser soslayada, por el alto costo social que el retraso implica, y por los eventuales daños humanos y económicos que su consumación a tiempo pudo evitar. La displicencia en la asignación de los recursos públicos, el subejercicio del gasto son defectos estructurales de la administración federal panista. La discusión del paquete fiscal en el Congreso, iniciada el miércoles pasado con la presentación de los proyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, deberá servir para enmendar prácticas que pueden redundar en tragedias.


miguelangel@granadoschapa.com