miércoles, 16 de junio de 2010

"No sirve para nada".

Ayer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.

Si en 2006 Mariano Azuela, que entonces presidía la SCJN, calificó al artículo 97 de la Constitución de "anacrónico y redactado con los pies", ayer el magistrado Salvador Aguirre Anguiano descalificó ese numeral de la Carta Magna al aseverar que "no sirve para nada". Con ello, el togado traicionó el juramento establecido en ese mismo artículo y socavó el fundamento mismo de su encargo, toda vez que él mismo tomó posesión como ministro en cumplimiento de ese lineamiento constitucional.

Más inaceptable aún, si cabe, fue lo expresado por el actual titular de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la Constitución se viola "en muchísimas ocasiones", porque muchos funcionarios públicos, "que ni siquiera saben leer ni escribir", juran el cargo sin conocer la ley. Al margen del tufo discriminatorio de ese aserto, el hombre que preside la más alta instancia de impartición de justicia admitió, de esta manera, lo que han venido señalando diversos sectores de la oposición política y social: que las instituciones del país suelen operar al margen de la legalidad. Ni más ni menos.

Por desgracia, lo dicho por Ortiz Mayagoitia se confirma con la forma en que se han desempeñado las instancias que habrían debido procurar e impartir justicia en el caso ABC –incluida la propia SCJN– y que, a más de un año de esos trágicos sucesos, no han podido o no han querido investigar ni sancionar las omisiones, los actos de corrupción y la desidia institucional que condujo a la muerte trágica de 49 niños.

Como han venido denunciando los padres de las víctimas, los funcionarios y ex funcionarios que fueron señalados como responsables en el dictamen de Zaldívar –el ex titular del IMSS, Juan Molinar; el actual director de ese organismo, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros– realizaron un intenso cabildeo en el inmueble de Pino Suárez y Corregidora, y a esa tarea se unió el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en lo que constituyó una inocultable presión política y una intromisión del Ejecutivo, una actitud tan poco decorosa como la de quienes, siendo responsables de preservar la independencia del Poder Judicial, sucumbieron a tales presiones y tomaron una decisión basada en el influyentismo: con ello, el máximo tribunal exhibió un comportamiento orientado por un doble rasero y extendió el historial de fallos vergonzosos adoptados por sus propios integrantes: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la exoneración de los responsables por la represión en Atenco, por citar algunos de los casos más relevantes.

En suma, a la vergüenza nacional de un sistema de seguridad social desdeñoso de la integridad física de sus asegurados y de sus familiares, y entregado a satisfacer el afán de lucro de particulares, ha de agregarse ahora la de un Poder Judicial que proclama, argumentando tecnicismos legales, la imposibilidad de impartir justicia y que, con ello, se niega a sí mismo, niega la vigencia del orden constitucional en el país y del estado de derecho, deja en la indefensión jurídica a incontables ciudadanos agraviados por distintos niveles de gobierno y proclama, en forma incluso literal, que el mandato de la Carta Magna "no sirve para nada". Si lo anterior es cierto, resulta inevitable inferir que la Suprema Corte tampoco.

Link.