domingo, 6 de junio de 2010

Cinco de junio no se olvida.

PLAZA PÚBLICA.
Miguel Ángel Granados Chapa
06 de Junio 2010

No ha habido capacidad de condolencia con los deudos ni con los niños sobrevivientes, varios de ellos expuestos a riesgos o a daños ya actuantes y que se prolongarán por muchos años, la vida entera en algunos casos

Minutos después de conocido el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar sobre la muerte de 49 niñas y niños, y las lesiones a 104 más ocurridas en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el director del IMSS, Daniel Karam, pretendió disminuir su relevancia llamándolo "un elemento mas" de la investigación constitucional emprendida.

Se equivoca. No es un "elemento más" en esa indagación. Si emocionalmente le acomoda restarle importancia, es asunto suyo. Pero si bien en cada página de ese documento se insiste en señalar su carácter ("este proyecto sólo refleja la opinión del ministro ponente"), procesalmente es de mayor trascendencia que el informe preliminar del 26 de febrero, que no incluía el nombre del director del IMSS entre los funcionarios responsables de las violaciones graves a garantías individuales, como sí lo hace el texto presentado el jueves por el ministro Zaldívar, uno de los dos de más reciente incorporación al pleno.

Es de tan alto relieve el proyecto, que los ministros de la Corte no se ocuparán la próxima semana de otra cosa que de leerlo. De su estudio y evaluación resultará la resolución final de la Corte, a adoptar la cual dedicará el pleno sus sesiones a partir del lunes 14. En su receso de una semana, y en la discusión de la siguiente, cada ministro adoptará su propia posición, que puede ser diferente de la de Zaldívar, ciertamente, pero también puede coincidir total o parcialmente con ella.

La posición de Karam obedece a una notoria estrategia gubernamental en que importa más preservar la imagen y el cargo de los funcionarios que la adopción de sus responsabilidades y el esclarecimiento final de los hechos. A esa estrategia corresponde difundir la opinión del ex director de ese instituto Juan Molinar Horcasitas, como si se refiriera al proyecto de Zaldívar. Cuando el ahora secretario de Comunicaciones y Transportes descalifica "el documento" se refiere al informe preliminar de los magistrados Rosario Mota y Carlos Ronzón, no al que servirá de base para la decisión del pleno. Por eso resulta equívoca, y manipuladora, su queja de no haber tenido derecho de audiencia. Para la elaboración del informe de los magistrados no fue llamado, en efecto, pero sí con posterioridad a su presentación. Ya fue escuchado y, dada la naturaleza de la investigación, cuya etapa deliberatoria está por llegar a su fin, no es preciso oírlo de nuevo.

La Presidencia misma es parte de esa estrategia, dirigida al mismo tiempo a controlar daños y a propagar la imagen del gobernante principal como siempre atento a las exigencias ciudadanas. En el fondo de esta estrategia hay sin duda una aguda incomprensión de la naturaleza del asunto y de sus consecuencias. Así como se obró con negligencia y mediante corruptelas en el contrato de subrogación y en el funcionamiento de la bodega de niños disfrazada de guardería, sin conciencia cabal de lo que se hacía, de ese modo en esta secuela no ha habido capacidad de condolencia con los deudos ni con los niños sobrevivientes, varios de ellos expuestos a riesgos o a daños ya actuantes y que se prolongarán por muchos años, la vida entera en algunos casos.

El activismo de los padres en este año ha sido visto no como un problema humano, la reacción natural de quienes sufrieron y sufren, sino como un problema político, de esos que se enfrentan con dinero, dividiendo a quienes protestan, haciéndolos chocar para que lleguen al extremo de mirarse con desconfianza y aun recelo (como se obra frente al SME, típicamente). Ello es consecuencia de que el gobierno federal trabaje para sí y no para el bien de los gobernados, en general y en particular los que sufrieron un daño de dimensiones abrumadoras.

También es por esa causa que en Los Pinos, y en las oficinas de sus colaboradores, se prefiere ver la intervención de la Corte como una intromisión al margen de la ley, que pueda manejarse a conveniencia. Si a la postre el pleno adopta una posición menos severa sobre la responsabilidad de los funcionarios federales, el gobierno la tendrá como aval a su conducta. Si, al contrario, los ministros mantienen el rigor conceptual del proyecto, y las consecuencias que de él derivan, el gobierno directamente o través de sus voceros informales pretenderá ridiculizarlos, como se pretende hacer con el ponente, a pesar de que éste, a su vez ya aminoró los alcances del informe preliminar sobre la legalidad del sistema de subrogación. Éste contraviene de mo- do expreso la ley del seguro social y pretende curarse con acuerdos de menor jerarquía jurídica, in- suficientes por ello para remediar la infracción de origen.

El proyecto de Zaldívar propone una interpretación atrevida del artículo 97 que podría amilanar a algunos de sus colegas. Argumenta que la investigación constitucional se justifica "cuando por el estado de cosas el ejercicio de otros recursos ordinarios no alcanza" o cuando tales medios "son insuficientes para reparar el daño a las víctimas". Acudir a la Corte no es un recurso de última instancia, no significa que se agoten antes todos los medios. La intervención del alto tribunal -que desahoga un medio de control constitucional- ocurre cuando "debido a la gravedad de las violaciones y a la indiferencia de las autoridades, las víctimas no hayan visto satisfecha su demanda de justicia. En suma, la Suprema Corte entrará allí donde las autoridades e instituciones han fallado".

Como consecuencia, cuando "los entramados constitucionales y metajurídicos dificultan el señalamiento de responsabilidad de las instancias de gobierno de las que dependen o con las que están orgánicamente vinculadas los entes encargados de investigar y sancionar las conductas violatorias de los derechos", entonces la Corte "no puede permanecer al margen de los acontecimientos públicos ni de las demandas de la sociedad, máxime en aquellos casos en que las autoridades, lejos de obedecer siempre al bienestar social y al bien público, debido a omisiones o negligencias ponen en riesgo los valores que precisamente intenta proteger la Constitución". Y anticipándose a la crítica que ponga el acento en los riesgos que supone el activismo judicial, posible con mayor claridad en la aplicación del artículo 97, cuya vigencia debe ser revalorada, Zaldívar afirma con razón que la "solidez institucional de la Suprema Corte permite que el ejercicio de sus atribuciones se realice con una idea clara del contexto en el que se desenvuelven con una firme ética de la responsabilidad".

La Corte no emitirá sentencias con efectos tales como la destitución de funcionarios, el encarcelamiento de los mismos, la obligación de indemnizar a las víctimas y sus deudos: "la Corte no puede ni debe sustituir a los otros órganos del Estado". Pero sí aporta, y en ello radica la trascendencia de su intervención y de su resolución final, y aun del proyecto de Zaldívar, cualquiera que sea su suerte en el debate (como ocurrió en el caso de Lydia Cacho con la posición del magistrado Juan N. Silva Meza), "su visión y autoridad como el máximo tribunal del país".

El cinismo social que nos envuelve ha abatido el valor de la ética, que se basa en el respeto a las personas tenidas como un fin y no como un medio. Por eso, con desdén o con alivio se asegura que la Corte "sólo" emitirá una suerte de recomendación, un llamado tenue dirigido a conciencias impermeables o ausentes. La atribución de la Corte, alega Zaldívar, debe entenderse como parte de "el juego democrático y que coadyuva a la operatividad real de todo el sistema".

Mientras esa acción y esas reacciones tenían lugar lejos de Hermosillo, en la capital sonorense se proclamó que el 5 de junio no se olvidará. No sólo por el decreto presidencial que declaró día de luto nacional esta infausta fecha, sino porque ayer se redobló el ánimo de los familiares de las niñas y niños muertos, y de las decenas de niñas y niños que padecieron heridas y alteraciones orgánicas terribles. En no pocos casos, su atención ha quedado sujeta a determinaciones burocráticas que no reconocen la peculiaridad del suceso original, no sólo por sus dimensiones monstruosas sino porque entre otros factores lo causó el órgano que ahora regatea cuidados y recursos.

Consistan en eso el recuerdo permanente, el duelo nacional: en tener presente el sufrimiento de quienes padecieron el daño, y en comprender su indignación.


miguelangel@granadoschapa.com