PLAZA PÚBLICA.
Miguel Ángel Granados Chapa
27 May. 11
El entramado aún no se aprieta con el último hilo, pero podemos ya sentir su textura: Enrique Peña Nieto domina los órganos electorales, que le han urdido una coraza mucho antes de que se inicie el proceso electoral. Esa labor anuncia la que se proponen realizar a favor del gobernador mexiquense tanto el Consejo General del IFE como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el año próximo.
Si algún mérito hay que reconocerle a Peña Nieto, o a quien lo asesore o maneje, es su capacidad de establecer estrategias a mediano y a largo plazo. En septiembre pasado, por ejemplo, aprovechó a plenitud los resquicios que abre el Código electoral frente a la prohibición de difundir propaganda personalizada. Pueden hacerla los integrantes de los poderes públicos, federales o locales, con motivo de sus informes anuales de labores. Deben limitarse, sin embargo, a un lapso determinado antes y después y a un entorno geográfico específico, el del territorio donde realizan sus funciones.
Peña Nieto emprendió una colosal campaña de difusión, dentro del tiempo permitido, pero no respetando las fronteras. Contrató con 12 televisoras la difusión de ¡3 mil 500 spots! sobre su quinto informe. Los mensajes se emitieron de Sonora a Yucatán y no sólo en el Estado de México. La difusión de su figura y de párrafos de sus discursos, así como de los actos donde dice cumplir sus compromisos de campaña, ha sido un modo reiterado de ser del gobernador, y es uno de los factores que explica el que vaya en punta entre los preferidos para ser candidato del PRI y luego presidente de la República, según las mediciones demoscópicas. Es altamente probable que se pusiera en aprietos a quienes en las encuestas se inclinan por el mexiquense si se les pregunta por qué, y todavía más si conoce su desempeño en la entidad que gobierna.
Pero se ha construido una imagen poderosa a fuerza de dinero y televisión, que no es lo mismo pero es igual según la dialéctica del trovero cubano. Por eso el lanzamiento de su campaña en torno al quinto informe. El PAN se quejó ante el IFE y el organizador de las elecciones cohonestó en la práctica los hechos del gobernador. Inconforme, ese partido acudió al Tribunal federal de elecciones, ante el cual el PRI le opuso una intensa labor de cabildeo. El acto más relevante de esa fase de la estrategia fue la cena o comida o reunión para tomar el té a que convocó, en su propia casa, la presidenta del principal órgano de la justicia electoral, María del Carmen Alanís. Asistieron en representación directa de Peña Nieto y su partido, los diputados Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Videgaray (que ahora coordina una campaña de la que preferiría haber sido el centro): un consejero electoral, Marco Antonio Baños, y un aspirante a serlo, Enrique Ochoa, uno de los varios candidatos impulsados por Alanís para ocupar vacantes del IFE.
Puesta al descubierto esa reunión por Roberto Zamarripa, se esperaba que la magistrada se excusara de participar en la sesión en que se resolviera el caso de Peña Nieto y sus 3 mil 500 spots. Pero qué va, con la aquiescencia de todos sus compañeros participó en la sesión y hasta fue ponente en las conclusiones del Tribunal sobre el caso: el gobernador fue declarado inocente, libre de culpa, y se ordenó al IFE castigar a las televisoras que, generosas o manirrotas y excesivas como son, fueron más allá de las órdenes de inserción pagadas por el Estado de México y propagaron por doquier la amena imagen del sucesor de Arturo Montiel, su tío.
En el penúltimo capítulo de esta serie, anteayer el Consejo General del IFE, que renguea a falta de tres de sus miembros, no designados todavía por la Cámara de Diputados, que desde octubre es omisa también a este respecto, acató la resolución del Tribunal, que le ordenó sancionar a las 12 televisoras (si son tantas, es porque dependen o son repetidoras, salvo una que otra excepción, de las integrantes del duopolio). Blandiendo la ley, con gesto fiero y rigor savonarolesco, la cúpula electoral castigó a las concesionarias de televisión ¡con una amonestación! Se había propuesto aplicarles una multa de más de 15 millones de pesos, un monto mayor que el que habían ganado, para impedir que se haga buen negocio violar la legalidad, como ocurre cuando la sanción es menor que la ganancia obtenida de mal modo. Pero como hay un número par de consejeros, por la falta de los tres que la negligencia de San Lázaro no ha nombrado, se produjo un empate. En otra ronda de votación, el consejero presidente, Leonardo Valdés, mudó el parecer inicialmente expresado y votó por la estremecedora reprimenda. Al parecer pretendió sólo desempatar la votación e impedir que se empantane el funcionamiento del órgano electoral. Pero mostró de ese modo una volubilidad que inquieta a los observadores de cómo cumple el IFE sus responsabilidades.
Los dos siguientes pasos son previsibles: el PAN y acaso el PRD también se inconformarán ante la resolución favorable a las televisoras. Y cuando la queja llegue al Tribunal demos por hecho (el precedente autoriza a conjeturarlo) que la amonestación será validada por la Sala Superior. Y entonces se completará la operación: se vulnera la ley, se obtiene provecho político de esa conducta y allí están los órganos electorales para generar impunidad. Es un pésimo augurio para lo que ocurrirá a partir de octubre, cuando arranque el proceso electoral.
Cajón de Sastre
¡Se inician tiempos brillantes para la República y aun para el mundo, debido a la fulgurante buena estrella electoral del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero! Su candidato a la dirección gerencia de el FMI, Agustín Carstens, que fue su jefe, quien ignora que alabanza en boca propia es vituperio, seguramente convencerá a los países fuera de Europa para que lo elijan sucesor de Dominique Strauss-Kahn. Y la cargada que se inició ayer en su favor al mejor estilo priista seguramente también lo llevará a ser candidato del PAN a la Presidencia de la República, tal como ya había previsto el presidente Calderón, de lo que no estaban ciertos los incrédulos Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, que supusieron participar en un proceso libre de elección, y no en una maniobra arreglada desde Los Pinos, como se hacía antes del año 2000.
miguelangel@granadoschapa.com
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