viernes, 2 de julio de 2010

Más que elecciones.

Carmen Aristegui F.
2 Jul. 10


Las elecciones del próximo domingo 4 de julio se desarrollarán en un ambiente enrarecido, cargado y peligroso. Se elegirán 12 gobernadores, más de mil presidentes municipales y 477 diputados locales. Son las primeras elecciones que se realizan desde la reforma constitucional de 2007 que determinó que "el primer domingo de julio" sería el único día para realizar elecciones locales. Se agruparon en una sola fecha a casi todos los comicios de este año. Es por eso, el que viene, un "súper domingo electoral". Catorce estados de la República irán a las urnas en medio del peor clima político electoral de los últimos años. El asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú a la gubernatura de Tamaulipas es el punto extremo de un conjunto de sucesos y situaciones que están dinamitando el frágil ingrediente de la confianza para el electorado. Se han dañado gravemente la transparencia, la equidad y los rangos de certidumbre indispensables para una elección democrática.

El acribillamiento a mansalva del candidato y sus acompañantes aumenta gravemente la inquietud sobre el papel y alcance que tiene el crimen organizado en la configuración y ejercicio del poder político en nuestro país. Quedan abiertas las interrogantes sobre las razones por las cuales los asesinos (que se hicieron pasar por miembros de la Marina, según la información publicada por Reforma) cometieron un crimen de esta naturaleza y desafiaron así a todas las instancias del Estado mexicano y a la sociedad entera. Por las razones que haya sido, el crimen organizado determinó que el candidato Torre Cantú no llegaría a la gubernatura de Tamaulipas. Un obligado ejercicio hipotético lleva a pensar que el casi futuro gobernador estaría en condiciones de afectar los intereses de sus asesinos o que esta muerte, por alguna razón, es producto de la disputa entre el otrora poder único del Cártel del Golfo, disputado hoy por los sanguinarios Zetas.

Oficialmente se ha atribuido este crimen a la delincuencia organizada y queda inscrito así en el circuito de la llamada narcopolítica, que se ha ido tornando cada vez más violenta hasta llegar al extremo de ejecutar a un candidato a la gubernatura. Del mismo modo fue asesinado hace unas semanas, también en Tamaulipas, el panista Manuel Guajardo, favorito para competir por la alcaldía de Valle Hermoso. Aunado a esto están los múltiples casos de violencia, intimidación y cooptación sufridos por una cantidad indeterminada de aspirantes y candidatos a diferentes cargos de elección popular en todo el país. El encarcelamiento de quien fuera candidato de la izquierda, Greg Sánchez, a la gubernatura de Quintana Roo, acusado de vínculos con el crimen organizado, es también otro factor inédito que enrarece las elecciones. Lejos estamos de que se dispute exclusivamente el poder político y electoral de los estados y cabeceras municipales. En Tamaulipas, como en otras partes del país, frente a lo que estamos es a la descarnada disputa por los territorios del crimen y por los espacios del poder político que permitan mantener y garantizar los índices de impunidad y protección que hacen posible la actividad delincuencial. La narcopolítica es, sin duda, la peor parte, pero no única, de este acelerado proceso de degradación y descomposición. Al contexto se suma el prolongado secuestro de Diego Fernández de Cevallos, cuyo trasfondo aún es desconocido, además de las prácticas de espionaje político que han confrontado seriamente al PRI con el gobierno federal.

Tendremos, como se anticipa, una intensa actividad jurisdiccional -intrigante, por cierto, la solicitud de renuncia de la fiscal de la FEPADE a cuatro días de las elecciones-. En la mayoría de los estados, el PRI tiene ya cantada la victoria. En otros, lo cerrado de la contienda anticipa muchos conflictos y, eventualmente, violencia. Está bajo sospecha la autonomía de una parte importante de autoridades electorales. El poder de gobernadores sin contrapeso que ejercen -como reconoce de sí Fidel Herrera Beltrán- un "pinche" poder a plenitud nulifica, en la práctica, lo más elemental de un modelo democrático. La irresponsabilidad de los actores políticos ha llevado a un proceso de degradación de las instituciones político electorales, que ponen en entredicho los valores democráticos que creíamos haber ganado. El clima creado es profundamente inquietante. La viabilidad democrática, la tranquilidad de los ciudadanos y nuestra coexistencia pacífica están seriamente amenazadas.