miércoles, 21 de abril de 2010

La violencia, confusa e injustificada.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, señaló que el país merece un desarrollo "muy alejado de cualquier expresión de violencia". La afirmación del rector de la UNAM resulta importante y atendible, sobre todo porque en los pasados tres años México ha sido conducido de manera turbia y confusa a una "guerra contra el narcotráfico" que ha propiciado, en efecto, escenarios de confrontación bélica en distintos puntos del territorio nacional y ha arrojado un elevado número de muertos –más de 22 mil, según cifras oficiales–, pero que en sentido estricto no tendría ni siquiera que llamarse así: por un lado, porque la estrategia anticrimen desplegada por el gobierno federal no es congruente con los objetivos propios de una guerra –la defensa de la seguridad nacional, la integridad territorial y la soberanía– y, por otro, porque los propósitos y los bandos de ese conflicto están cada día menos claros: antes bien, el fenómeno que se busca combatir está profundamente incrustado en la economía, la política y la sociedad, y resulta, por tanto, inviable hacerle frente con la fuerza armada, cuando se requieren soluciones como la moralización de las instituciones y el combate a la corrupción policiacas, la reactivación económica y la erradicación de la pobreza y la desigualdad social.

En la hora presente, la sociedad ha comenzado a resignarse a la pérdida de paz social y de la seguridad pública, ha enterrado ya a un buen número de víctimas inocentes y ha asistido a la reiteración, cada vez más recurrente, de un discurso oficial muy semejante al que el gobierno de Estados Unidos emplea para justificar las masacres de civiles en Afganistán: los muertos inocentes son "bajas colaterales" inevitables, y hasta justificadas. Ello, a pesar de que no hay una plena identificación del "enemigo" correspondiente: antes bien, y a contrapelo de lo que expresó recientemente el propio Felipe Calderón de que las víctimas inocentes "son las menos", pareciera que el objetivo final de esta violencia es la población misma, si se toman en cuenta los múltiples casos de víctimas ajenas a toda sospecha de pertenencia a grupos delincuenciales, si se considera la destrucción social causada por la violencia y se atiende a la consideración de que todos los asesinados en el contexto de la cruzada antinarco son, en estricto rigor jurídico, inocentes, pues nunca se demostró lo contrario ante los tribunales.

El hecho de que persistan "resistencias" en las filas castrenses a participar en la estrategia antinarco –"porque carecemos de protección", según dijo el titular de la Defensa, Guillermo Galván– resulta esclarecedor del grado de confusión intrínseca en la estrategia de seguridad calderonista: a fin de cuentas, si los soldados han recibido de sus superiores la orden de desplegarse en territorio nacional para desempeñar funciones que les son ajenas –escenario que termina casi invariablemente en un cúmulo de atropellos en contra de civiles inocentes–, lo menos que podrían esperar los militares a cambio es que los responsables de dicha decisión –es decir, los mandos civiles– les otorguen algún tipo de cobertura jurídica. Si lo que hay en curso en el país es en efecto una guerra, resulta obligado reconocer que la sociedad se enfrenta a la perspectiva indeseable de la suspensión de garantías, el estado de excepción y el quebrantamiento total de la legalidad.

Sería particularmente lamentable que, ante los elementos de juicio mencionados, los legisladores decidieran aprobar fueros especiales para los efectivos del Ejército: ello no sólo implicaría otorgar impunidad a los responsables de abusos y un quebranto mayúsculo al estado de derecho, sino abriría márgenes para la multiplicación de las expresiones de violencia en contra de la población. Es tarea irrenunciable del Estado combatir a la delincuencia organizada, pero para ello debe valerse de los instrumentos legales a su disposición, y la guerra no puede ser uno de ellos.

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