En respuesta a las declaraciones formuladas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien la víspera sostuvo que el sistema de justicia penal en Chihuahua –basado en juicios orales– "es uno de los factores causales del desgobierno que se vive, sobre todo en el municipio de Ciudad Juárez", el gobernador de esa entidad, José Reyes Baeza, señaló ayer que tales señalamientos obedecen a una lógica electorera, y afirmó que "el sistema penal de Chihuahua no está vigente en todo el país, y la situación de todo el país es de desgobierno".
Las declaraciones de ambos funcionarios se inscriben en una serie de jaloneos políticos entre los ámbitos federal y estatal en relación con el clima de violencia en esa entidad fronteriza, particularmente en Ciudad Juárez. Tales rebatiñas resultan especialmente exasperantes por cuanto se gestan sobre el sentir generalizado de miedo y zozobra que padecen los habitantes de esa urbe, el cual tiene como componente central la manifiesta incapacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la seguridad pública en ese y en otros puntos del territorio nacional.
Significativamente, ayer mismo seis policías –cinco federales y uno estatal–, así como un joven de 17 años, fueron asesinados tras el ataque de un comando armado en el centro de la convulsionada ciudad fronteriza, hecho que fue calificado por el presidente municipal juarense, José Reyes Ferriz, de "reacción de la delincuencia organizada ante la serie de detenciones que se están haciendo", en una reiteración de los argumentos con que constantemente responde el gobierno federal a los hechos de violencia que azotan distintos puntos del territorio nacional.
Los cada vez más recurrentes actos de barbarie que se viven en esa localidad, y la manifiesta incapacidad de las fuerzas públicas –sean soldados o policías federales o estatales– para contener el baño de sangre cotidiano, han sembrado y extendido la percepción de que en Ciudad Juárez persiste un vacío de gobierno que es proporcional al avance de las organizaciones delictivas en grado de determinación y capacidad de fuego. A lo que puede verse, esta percepción no se limita a esa localidad ni es privativa de los distintos sectores de la sociedad mexicana: también ayer, en el contexto de la Convención Nacional Bancaria que se celebra en Acapulco, el ex presidente de Estados Unidos William Clinton señaló que la guerra contra el narco se está perdiendo, porque los cárteles de la droga poseen mejores armas.
Ciertamente, la explicación del avance y la profundización de la violencia no puede ni debe reducirse a la aplicación de determinados modelos de justicia penal: tales fenómenos son originados por condiciones sociales, económicas e institucionales diversas e inveteradas, y se ven acicateados, hoy día, por la adopción de políticas de seguridad que tienden a multiplicar la violencia, en lugar de contenerla, y por la persistencia de una visión estrecha de los fenómenos delictivos, que ha llevado a las autoridades a limitar su combate al terreno policial.
En la circunstancia presente, una responsabilidad principal de los distintos niveles de gobierno es la contención, mediante acciones sensatas, eficaces y dentro del marco de la ley, del derramamiento de sangre, lo cual implica no sólo la adopción de políticas policiales, sino la rectificación de las desastrosas directrices económicas vigentes; la moralización de las corporaciones policiales y, en general, de la administración pública y el reconocimiento de que la violencia que hoy se vive, tanto en Ciudad Juárez –la cual no es nueva y ha sido desatendida durante por lo menos los tres lustros recientes por los respectivos gobiernos estatales, federales y municipales– como en otras partes de la República, no podrá ser revertida si no se le hace frente desde una perspectiva integral.
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