El golpe de mano de Felipe Calderón en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la decisión de liquidar la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ha confirmado, por si acaso hiciera falta, la necesidad que tiene el Estado y la clase política mexicana de ejercer el poder de la mano del duopolio Televisa y TV Azteca.
Si uno revisa el operativo diseñado desde Los Pinos para tomar las instalaciones de LyFC, resalta en primer lugar la necesidad de difundir por televisión las imágenes del despliegue policiaco y militar, no solo para amedrentar a los trabajadores. Gracias a ese despliegue mediático, el gobierno de Calderón ha ganado la batalla de la opinión pública. Baste leer a la mayoría de opinadores liberales de este país darse cuenta cómo repiten las justificaciones del gobierno federal para liquidar LyFC y para enfrentar el SME.
Pero si uno se toma la molestia de leer un poco se verá que los argumentos oficiales son falaces: LyFC no tiene las millonarias pérdidas por las “excesivas prestaciones” de los sindicalizados. Es una empresa pública que tiene pérdidas debido a una política que limita la generación de energía propia y porque se le obliga a comprar energía cara a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo a las leyes federales, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determina el precio de la energía.
El columnista Alberto Barranco reveló que en 2008 LyFC pagó a la CFE 46,408 millones de pesos (mdp) por la energía recibida y sin embargo Hacienda apenas le permitió cobrar 31,916 mdp. Como bien resumió Barranco: el gobierno de Calderón obligó a LyFC a comprar la energía a 146 pesos par venderla a 100 pesos.
Según el discurso del gobierno, los principales “beneficiarios” del déficit de LyFC son los “privilegiados” sindicalizados del SME.
Pero los beneficiados de esta política financiera que va en demérito de las finanzas de LyFC han sido los industriales: 70 por ciento del consumo de electricidad que distribuían en el Valle de México se destinaba a 46 mil industrias cuyos propietarios pagan a 46 centavos el kilovatio-hora, mientras que a los usuarios domésticos se les cobra a 1.50 pesos la misma medida de energía.
Como se ve, el asunto no es de déficit. El otro argumento usado es que el gobierno de Calderón intervino de manera “valiente” para poner orden en un sindicato corrupto. ¿De veras? ¿Si Calderón es tan valiente por qué no se atreve a poner remedio en el cacicazgo corrupto que ejercen en sus respectivos gremios Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores Morales y Joaquín Gamboa Pascoe? Porque no puede y porque no quiere. Son líderes sindicales funcionales al modelo económico y al calderonismo. El problema con el SME tampoco es sindical. Estos datos no nos hacen cerrar los ojos a las denuncias de corrupción que hay entre algunos dirigentes del SME, pero en ese caso que se presenten denuncias bien integradas y se actúe en consecuencia.
Entonces las razones del “quinazo” de Calderón en contra del SME y de LyFC hay que buscarlas en otra parte. Aquí apunto algunas:
- Quitar a una fuerza sindical que estorba los planes de privatización encubierta de la energía eléctrica. Calderón se desgañita afirmando que su gobierno no privatizará el sector eléctrico, pero en los hechos ya hay una privatización en marcha: la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 772 permisos para que empresas privadas produzcan cerca de 35 por ciento de la energía que consume el país.
- Otra razón para el “quinazo” contra el SME es que al parecer algunos connotados políticos panistas son accionistas de una empresa (WL Comunicaciones) que tienen interés en arrendar y usufructuar la red de 1,100 kilómetros de fibra óptica que LyFC tiene en el Distrito Federal, lo que reportaría un negocio multimillonario.
- La salida a la crisis diseñada por el gobierno requiere un relanzamiento del proyecto neoliberal mediante otra ronda de “reformas estructurales” (laboral, fiscal, agraria, etc…) por lo que necesita debilitar a los contingentes sindicales más fuertes.
- Finalmente, la embestida en contra del SME por parte de Calderón busca de apoyos entre la población, especialmente clases medias, clases altas, sectores empresariales y medios para ganar legitimidad que no le está reportando la “guerra contra el narco”. La credibilidad de la clase gobernante va a la baja y el proyecto neoliberal está sumamente debilitado. En momentos de aumento del antagonismo social, el poder político pretende minar contingentes que podrían formar parte de un bloque social independiente.
