Pobreza: fracaso nacional.

De acuerdo con datos dados a conocer el viernes pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza patrimonial en el país ha crecido en forma sostenida en lo que va de la presente administración: de 44.7 millones de mexicanos en esa condición en 2006, la cifra pasó a 50.6 millones en 2008, y a 57.7 millones en 2010, lo que arroja un deslizamiento hacia la pobreza de 8.7 por ciento de la población, es decir, 13 millones. Si a principios del gobieno calderonista 42.6 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza patrimonial, esa proporción creció hasta 51.3 por ciento en 2010.

Diversos investigadores y académicos han cuestionado los criterios y los sistemas de medición empleados por la dependencia referida y han realizado cálculos divergentes –y mucho más alarmantes– que sitúan la proporción de mexicanos pobres en 77 por ciento (más de 80 millones), si se considera en la cuenta a las personas que sufren al menos una carencia social que les impide tener una vida plena con respecto a sus derechos sociales.

Pero incluso si se dan por buenos los números del Coneval, esa mayoría absoluta de pobres en el país es referente inequívoco de un fracaso de grandes proporciones del quehacer nacional: una nueva década perdida para el desarrollo social y el bienestar, un estancamiento que equivale a retroceso y una defraudación masiva de esperanzas personales que, inevitablemente, alimenta la descomposición social y política.

Los datos mencionados constituyen, por lo demás, la certificación de inoperancia del modelo económico al que se han aferrado las elites gobernantes desde 1988 y hasta la fecha: la abdicación a las obligaciones del Estado en materia de educación, salud, empleo, alimentación, vivienda, servicios y rectoría económica, la privatización e incluso el saqueo de la propiedad pública, la abierta toma de partido de las autoridades laborales a favor de los patrones y en contra de los asalariados, el abandono del campo, la irresponsable apertura de fronteras y la entrega del mercado nacional a los capitales trasnacionales, el mantenimiento de una política fiscal que exenta a los grandes corporativos y se encarniza con los pequeños causantes cautivos, y el crecimiento escandaloso, a lo largo de los sexenios, de la corrupción y la inmoralidad en las oficinas públicas.

Debiera ser evidente que, con semejantes porcentajes de depauperación, no hay economía capaz de protagonizar una reactivación exitosa y durable, toda vez que carece de un mercado interno sobre el cual puedan impulsarse la industria, el comercio y los servicios.

Por otra parte, resulta inevitable cotejar este crecimiento de las carencias sociales durante la administración actual con el incremento de la violencia delictiva y la pérdida del control, por parte del Estado, de regiones enteras del país. Durante años se ha señalado, en todos los tonos y desde diversos sectores de la sociedad, la relación causal entre la pobreza, la marginación, el desempleo y las carencias educativas y de salud, con el desarrollo de los fenómenos delictivos que azotan al país, con la también creciente descomposición institucional y con la incapacidad gubernamental para librar con éxito la guerra en la que el gobierno calderonista comprometió al país. Por mucho que se persiga a los grupos delictivos, la criminalidad no podrá ser derrotada en tanto siga siendo una de las tres perspectivas de supervivencia –además de la migración y la mendicidad– para millones de personas.

En suma, las cifras sobre el incremento de la pobreza dadas a conocer por el Coneval indican la verdadera urgencia nacional: lo que debe ser reformado, antes que cualquier otra cosa, es el modelo económico impuesto en México hace un cuarto de siglo.

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Las ONG y el almirante.

Carmen Aristegui F.
29 Jul. 11

El difícil y delicado papel que han puesto a desempeñar a las Fuerzas Armadas de nuestro país en los últimos años ha conllevado un conjunto de afectaciones de diferente índole. Una de las principales, como se sabe, relacionada con los derechos humanos. El creciente número de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas ha hecho que las organizaciones ciudadanas y activistas adquieran un papel fundamental en un contexto como el que hoy se vive. Sus trabajos de investigación y de denuncia resultan indispensables para la sociedad ante fenómenos de desapariciones, torturas y muerte de civiles que se presentan en diferentes partes del país atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas y policiacas en el marco del combate al crimen organizado. La que realizan las ONG es una tarea de vigilancia ciudadana que debe ser apreciada y valorada por la ciudadanía y por las propias instituciones. Significa un esfuerzo de gran valía para intentar contrarrestar los efectos perniciosos de una estrategia gubernamental que ha traído consigo un costo humano de grandes dimensiones en vidas y en afectación de derechos. Por supuesto que miles de muertes, torturas y desapariciones son responsabilidad directa de los criminales que deben ser perseguidos y juzgados por las autoridades. Aquí de lo que se está hablando es de las implicaciones que tiene para el país que un número indeterminado de estos crímenes haya sido cometido por las propias autoridades. Por eso la apuesta por los derechos humanos es crucial para un país como el nuestro. No en vano se aprobó una reforma constitucional, de gran calado, en esta materia. Justo por eso sorprenden e inquietan las declaraciones del secretario de la Marina, acerca de este tipo de organizaciones ciudadanas y la defensoría de derechos humanos. Este martes, durante la ceremonia de graduación de cadetes de la Heroica Escuela Naval y con la presencia de Felipe Calderón, el almirante Francisco Saynez acusó a las ONG de caer en el "juego perverso de los criminales" y las identificó como organizaciones "utilizadas" por los grupos delictivos que pretenden "manchar el prestigio y buen nombre de las instituciones". Apenas hace unos días se echó a andar una campaña, con el patrocinio de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para invitar a la población mexicana a sumarse a la defensa de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Esta iniciativa tuvo lugar a raíz de las numerosas agresiones y persecución de diversos activistas y miembros de Organizaciones No Gubernamentales. Es grave que una voz oficial se exprese de la manera en que Saynez lo hizo, pero más grave aún es que lo hace cuando hay un marco de persecución y agresiones como las que se han denunciado en contra de los defensores.

Si las autoridades federales, el almirante Saynez en particular, saben de alguna organización que -presentándose como ciudadana- en realidad colabora y desarrolla sus tareas, de forma deliberada, para favorecer a los criminales y participar de un "juego perverso" para dañar a las instituciones, entonces tendrían que identificar a quién o a quiénes se refieren y describir el tipo de acciones que se realizan para ello porque, entonces, estaríamos frente a una modalidad del propio crimen organizado. Si eso es lo que está en el trasfondo de la declaración, tendría que alertarse a las ONG auténticas, con información específica y no con generalizaciones, y, por supuesto, actuar en consecuencia. Si de lo que se trata es de otra cosa, la exigencia debería ser diferente. Si estamos, como parece, ante una declaración oficial, del más alto nivel, denostando el papel de las organizaciones ciudadanas, colocándolas como entes "utilizables" y alentando la idea de que trabajan, en realidad, para los criminales, es algo que no debe ser tolerado ni por la ciudadanía ni por el mando superior de quien emitió la declaración. Haría bien el secretario en reconsiderar su dicho. Es deseable y exigible una nueva declaración en donde manifieste su respeto por los derechos humanos y por quienes los defienden desde las organizaciones ciudadanas. No es aceptable que desde la voz oficial se pretenda "criminalizar" o poner bajo sospecha el trabajo ciudadano. El secretario dijo, también este martes, en Veracruz: "no se requiere violar la ley para hacerla cumplir". Precisamente de eso se trata, almirante. Esa premisa es, exactamente, la razón de ser de las ONG.

Descomposición desbordada.

En días pasados, Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y jefa máxima del Partido Nueva Alianza (Panal), admitió sin tapujos los pactos que realizó en 2006 con el entonces candidato presidencial Felipe Calderón para conseguirle votos a cambio de posiciones de poder, que a la postre se tradujeron en las titularidades de la Lotería Nacional (que se entregó a Roberto Campa, aspirante presidencial elbista), la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, ocupada hasta la fecha por su yerno, Fernando González Sánchez, y la dirección general del Issste, que ejerció el también elbista Miguel Ángel Yunes durante los primeros tres años de esta administración, hasta que optó por la candidatura panista al gobierno de Veracruz, hace un año. En sus declaraciones de la semana pasada, Gordillo se deslindó de Yunes y pidió que se realizara una auditoría a las finanzas de la institución que éste dirigió.

Ayer, el político veracruzano reaccionó a lo dicho por la lideresa, la acusó de haberle exigido 20 millones de pesos mensuales de los fondos del Issste para sufragar al Panal, dijo que “los únicos intereses” de Gordillo Morales son el dinero y el poder, y pidió, a su vez, que se realice una auditoría a sus bienes personales y a las finanzas del sindicato que ella controla.

Ciertamente, ni el cacicazgo de Gordillo ni la candidatura presidencial panista pudieron, en 2006, mantener en secreto sus acuerdos, éstos se hicieron del dominio público y han sido vistos, desde entonces, como uno de los factores irregulares que permitieron el acceso de Felipe Calderón Hinojosa a Los Pinos y que le han impedido, durante más de cuatro años, un ejercicio presidencial plenamente legítimo. Independientemente del papel que el grupo de Gordillo haya podido desempeñar en la conformación del 0.56 por ciento de los sufragios (menos de 250 mil votos) que, según las cifras oficiales, Calderón obtuvo como ventaja frente a su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador, la componenda entre el PAN y el Panal –que en ningún momento se presentó como una alianza electoral asumida, registrada y franca– fue una manera de defraudar la voluntad de los votantes de ambos partidos, pues ni unos ni otros fueron informados de qué clase de fórmula política favorecían con su sufragio: los primeros no sabían que estaban contribuyendo a un gobierno que sería rehén político de Gordillo, en tanto que los segundos ignoraban que sus sufragios por Campa Cifrián serían trasegados en favor de Calderón.
Mal suele terminar lo que mal empieza. La inmoralidad de los acuerdos referidos se perpetuó en la conformación del equipo calderonista, ha impedido al titular del Ejecutivo federal decidir libremente sobre política y administración de la educación pública y, a la postre, el pleito entre Yunes y Gordillo pone al descubierto la vasta descomposición institucional que afecta al gobierno en su conjunto. Si, en el caso de la Lotería Nacional han salido a la luz algunos trasiegos ilícitos de dinero de esa institución hacia el cacicazgo que controla el SNTE, no hay razón para suponer que no haya ocurrido algo semejante en el Issste. Los señalamientos de Yunes en torno a las exigencias monetarias de su ex compañera de correrías políticas son verosímiles, pero no necesariamente lo es su alegato de inocencia. Si, como el propio veracruzano lo reconoce, el charrismo sindical de Gordillo contribuyó a financiar su fracasada campaña por la gubernatura de su estado natal, y si, como él mismo lo dice, “el único interés de Gordillo es el dinero y el poder”, resulta obligado preguntarse a cambio de qué le fueron entregados tales dineros.

A la luz de lo que hoy se sabe acerca de la incrustación del grupo elbista en la administración pública, resulta imperiosa e impostergable una investigación independiente y exhaustiva de las finanzas del Issste, del SNTE, de la Lotería Nacional, de la Subsecretaría de Educación Básica, así como del patrimonio de políticos y funcionarios involucrados en el intercambio de favores que ha venido ocurriendo en la administración en curso. Es indispensable, asimismo, que el titular del Ejecutivo federal esclarezca ante la sociedad los alcances y las implicaciones de su pacto con Gordillo, que ha acarreado descrédito e ilegitimidad a su administración y que ha introducido el cinismo como moneda corriente en la vida pública del país.

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Secuestro de migrantes: ¿indolencia u ocultamiento?

Al cumplirse una semana del presunto secuestro de por lo menos 80 migrantes en la localidad de Medias Aguas, Veracruz –hecho denunciado por el sacerdote Alejandro Solalinde, encargado del albergue Hermanos en el Camino–, y ante la ausencia de avances en las investigaciones sobre el episodio, resulta preocupante la postura asumida por las autoridades federales encargadas de esclarecer el caso: ayer, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, dijo que la dependencia a su cargo –la cual inició dos averiguaciones previas al respecto– carece aún de elementos que permitan confirmar el citado plagio; señaló que existen algunas imprecisiones y dijo que ni siquiera se sabe el número exacto de víctimas.

Ciertamente, dada la circunstancia de clandestinidad en que suelen viajar los trabajadores indocumentados en nuestro país y ante la ausencia de registros oficiales en poder de las autoridades sobre el número de extranjeros que transitan sin los documentos correspondientes, resulta difícil establecer con exactitud la cantidad de víctimas afectadas en episodios como el denunciado por Solalinde. Pero esa consideración no puede ser empleada como un intento para deslindar a la PGR de su responsabilidad de investigar estas denuncias, como parece desprenderse del discurso de Morales: bajo esa lógica, la autoridad federal y las estatales no podrían investigar ningún caso de secuestro masivo de migrantes, pues siempre habría algunas imprecisiones sobre el número de las víctimas. Por añadidura, la acusación de Solalinde cobra verosimilitud en un contexto marcado por el plagio de más 11 mil migrantes entre abril y septiembre del año pasado –según ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, y en el que, como ha afirmado el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de secuestro.

Ahora bien, con independencia de las fluctuaciones en las cifras manejadas por los denunciantes y por las autoridades –los primeros han dicho que podrían ser hasta 130 los plagiados; las segundas sólo han confirmado el posible secuestro de cinco personas– los testimonios disponibles sugieren que el pasado viernes 24 tuvo lugar un episodio de privación ilegal de la libertad en el citado municipio veracruzano, y esa sola consideración tendría que bastar para que el Estado cumpla con su obligación de procurar justicia. En cambio, la postura de la titular de la PGR pone en entredicho el afán de esclarecimiento con que tendría que conducirse la dependencia a su cargo, y a ello deben añadirse las denuncias del propio Alejandro Solalinde en el sentido de que funcionarios de la procuraduría federal han intimidado a los testigos de los hechos.

Por lo demás, a los dichos de Morales Ibáñez deben añadirse los formulados previamente por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), que han rechazado su responsabilidad en el episodio porque el presunto plagio no ocurrió durante un traslado oficial de extranjeros, como si durante dichos desplazamientos no se hubiesen registrado ya secuestros de migrantes y como si no hubiera evidencia de que, en no pocos casos, han sido los propios funcionarios migratorios los que han puesto a ciudadanos mexicanos y extranjeros en manos de sus captores.

Las posturas referidas dan cuenta de un patrón de conducta tendiente a deslindar de antemano a las autoridades federales de su responsabilidad por investigar estos hechos, y resulta obligado preguntarse si ello es consecuencia de una irresponsabilidad e indolencia inadmisibles, o bien de un designio de ocultamiento.

En todo caso, preferible a posturas como las referidas sería que las autoridades aceleraran las averiguaciones correspondientes y las llevaran a sus últimas consecuencias, y que tomaran en cuenta y ponderaran los testimonios y los datos disponibles en vez de desacreditarlos de antemano. De lo contrario, se estará enviando a la población el mensaje alarmante de que las corporaciones gubernamentales siguen constituyendo –sea por acción o por omisión– un factor principal de atropello contra los particulares –nacionales o extranjeros– en el país.

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