Tienen que reaccionar.

El hallazgo de 72 cadáveres de migrantes extranjeros que tuvo lugar el pasado lunes en una ranchería de San Fernando, Tamaulipas, es el más reciente de una serie de episodios similares que se suman a la cuota diaria de ejecuciones y levantones relacionados con la delincuencia organizada y la estrategia oficial para combatirla.

La conclusión insoslayable de este escenario de barbarie y confrontación bélica es que el país enfrenta una ruptura del estado de derecho: ninguna persona se encuentra a salvo de una violencia cada vez más cruenta y confusa, que ha cobrado la vida no sólo de criminales, policías y soldados, sino también de niños, presidentes municipales, candidatos a gubernaturas; de miles de ciudadanos comunes y ahora de migrantes extranjeros. Tal circunstancia expresa, además, la incapacidad del Estado para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, empezando por la vida: antes al contrario, las propias autoridades se han vuelto protagonistas de frecuentes atropellos a esas garantías.

A este panorama de ilegalidad e impunidad generalizadas se suman el incumplimiento recurrente, por el grupo en el poder, de los derechos constitucionales a la salud, al trabajo, al salario remunerador, a la educación y a la igualdad ante la ley, así como de los principios de soberanía nacional y de laicidad del Estado. Un dato ilustrativo de la renuencia gubernamental a cumplir los preceptos de la Carta Magna es el señalamiento formulado ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, violó la Constitución al difundir, en el contexto de la pasada campaña electoral, anuncios de su gobierno.

Ante esta circunstancia de ruptura de la legalidad y el orden constitucional, el país requiere de una reacción mucho más radical y profunda que cónclaves con propósitos mediáticos, como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, hace dos años, o los Diálogos por la Seguridad, recientemente realizados.

La solución a la presente emergencia no se alcanzará mediante la celebración de reuniones como las referidas, que terminan por ser, en el mejor de los casos, una mera enunciación de buenas intenciones y en las que no se toma en cuenta a los interlocutores. La clase política en su conjunto debe empezar por asumir la gravedad de la circunstancia y dejar de aparentar que el país vive en una normalidad democrática y jurídica. Debe reaccionar.

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