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La tragedia ocurrida el pasado viernes en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— en Hermosillo, Sonora, donde un incendio cobró la vida de 38 niños y dejó heridos a decenas más, así como a seis adultos, ha dejado tras de sí un profundo sentir de indignación y consternación en la sociedad sonorense y nacional, en cuya percepción los espacios destinados supuestamente al cuidado de los niños –y en particular, de los hijos de asalariados y de familias de escasos recursos– se han convertido, en cambio, en entornos que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pequeños.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el inicio de una investigación orientada a deslindar responsabilidades y esclarecer estos dolorosos sucesos. Independientemente de los resultados que arrojen tales pesquisas, hay razones de sobra para afirmar que esos acontecimientos no tienen un responsable único, sino que son consecuencia de una cadena de negligencias lamentables: la habilitación de una nave industrial como guardería, no obstante que el espacio carecía, hasta donde se sabe, de las condiciones de seguridad necesarias –extintores, señalamientos, salidas de emergencia–; la ubicación del inmueble en las cercanías de una gasolinera; la presumible falta de capacitación del personal de la guardería para actuar ante una emergencia de este tipo y, por supuesto, las deficiencias en la supervisión del personal de protección civil de la entidad y de las propias autoridades del IMSS.
Esta suma de omisiones, descontroles y vicios previos a los hechos pone en perspectiva –de manera por demás trágica– las enormes deficiencias y los riesgos que conlleva el sistema de subrogación adoptado por el propio IMSS, que otorga la operación de las guarderías a particulares, y que ha crecido de manera exponencial durante las dos administraciones panistas: entre 2000 y 2007, el número de guarderías del IMSS a cargo de particulares pasó de 757 a mil 426, mientras que el total de las que operan bajo el régimen de prestación directa
sigue siendo el mismo que a inicios de la década (142). Tales cifras ponen de manifiesto la abdicación del Estado a cumplir con una de sus responsabilidades principales en materia de seguridad social –la de prestar servicios adecuados a los trabajadores y sus familias– mediante la imposición de un modelo que, para colmo de males, ha sido expandido por el gobierno calderonista a través de la aplicación del programa de estancias infantiles
.
De acuerdo con las autoridades federales, la aplicación de este sistema tiene por objeto la ampliación del servicio de guarderías con calidad
en todo el territorio nacional. En los hechos, sin embargo, la subrogación ha derivado en un deterioro sostenido de la atención que se presta en esas instalaciones a cargo del IMSS, y ha acabado por convertir a éstas en establecimientos con fines de lucro, en donde lo que importa es maximizar las ganancias y abatir los costos, a pesar de que en muchas ocasiones esto opere en perjuicio de los infantes y sus familias. Por añadidura, y a la luz de episodios como el ocurrido el viernes pasado en Sonora, queda al descubierto la falta de supervisión, la permisividad y la presumible corrupción en la que incurren autoridades encargadas de regular estos servicios.
Lo ocurrido en la guardería ABC ha dejado al descubierto un conjunto de vicios resultantes de la tendencia gubernamental por sustituir lo público por lo privado, y anteponer la lógica del mercado al interés y bienestar general. Tales anomalías son incompatibles con las responsabilidades estatales de velar por la seguridad de la población en su conjunto –comenzando por los sectores más vulnerables, como la niñez– y deben ser corregidas a fin de evitar que tragedias de este tipo se repitan, aunque transite en contra de las inercias ideológicas del grupo que detenta el poder.
El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora dio a conocer los nombres de los propietarios de la guardería ABC, subrogada por el IMSS, que se incendió ayer, dejando como saldo 35 menores muertos.
Los propietarios son:
Gildardo Francisco Urquídes Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella.
| Porfirio Muñoz Ledo Ciclo histórico 05 de junio de 2009 |
Estamos en una coyuntura terrible, Felipe Calderón está desesperado por pasar reformas que atentan contra los derechos básicos de nosotros los ciudadanos; desde el tema del IVA a alimentos y medicinas hasta la promoción abierta y legalizada de un Estado de excepción. Este es un “presidente” que no elegimos y sin embargo tiene a todo el aparato del Estado sumiso y complaciente. La Suprema Corte de Justicia decreta lo que le conviene, los militares hacen labor de policía única para él, el poder legislativo pasa las reformas que emanan de su viciada pluma –recordar que durante la contingencia sanitaria obligó a los legisladores del PAN a aprobar la ley de la Policía Federal sin leerla, así como modificaciones a la ley de adquisiciones y obras públicas, negociando con el PRI y aprovechando que el PRD andaba de vacaciones -. Así mismo, tiene amenazados a los gobernadores y a los ciudadanos por la fuerza de la policía en una guerra sin cuartel ni enemigo claro. La pregunta a continuación es ¿Tiene usted ganas de permitirle aprobar todas las leyes represivas que todavía tiene en el tintero, otorgándole la mayoría en el Congreso? ¿Quiere usted dejarle el campo libre de oposición para que nuevamente haga firmar a los legisladores sin leer las reformas?
Citaré a continuación a una mujer valiente y respetable, Lydia Cacho. “Aunque no exista la figura jurídica del voto en blanco, aunque los partidos digan que salieron nulos, ellos sabrán muy bien que el mensaje es: no soy tu cómplice, no me engañas, no me usas, tus candidatos no me representan. El abstencionismo es abulia, el voto en blanco es una acción ciudadana, un acto de libertad, una rebelión pacífica, un acto de congruencia, un acto de civismo.” (El universal 1/06/09. Plan B, columna de opinión de Lydia Cacho). Y en muchos casos tiene razón, la mayoría de los candidatos no representan a la ciudadanía, sino que responden a intereses de grupo y sirven como operadores de la dirigencia de cualquier partido político, pero no estoy lista para darme por vencida. No estoy lista para permitirle a Calderón recortar aún más mis libertades ni endeudar a mis descendientes, si es que los llego a tener. Tampoco estoy lista para que la ilegitimidad de las instituciones, y por lo tanto la imposibilidad de exigirles que cumplan con el trabajo de protegernos nos lleve a considerar la vía armada como la única vía posible para lograr un cambio en nuestro país. Mucho menos estoy lista para declarar nula la democracia para mi pueblo.
Y sobre todo, no estoy dispuesta a decirles a los candidatos ciudadanos que están dando la lucha, no solo contra la derecha, sino contra la propia indefinición de los partidos que les dieron la candidatura, y contra la desesperanza de los votantes, que no tienen mi apoyo y sus ideales nunca van a tener foro. Ellos, que son los menos, sí me representan y no los dejaré solos.
Es cierto que las instituciones, sobre todo los partidos políticos, están en una quiebra moral y en una bancarrota de legitimidad. En la Resistencia tenemos un proyecto de nación que tiene la intención de reformar toda la concepción de poder en nuestro país, pero lamentablemente, además de la mira en el futuro, debemos contener los ataques presentes, pues no podemos esperar a que el país esté en ruinas para reconstruirlo. Preferimos luchar por ambos frentes; haciendo posible la revolución de conciencias que desembocará en una mejora en el proyecto de nación que sostenemos, y evitando que el sistema corrupto nos cancele la posibilidad de hacerlo.
Así que vamos a dar la lucha por todos los caminos que tengamos a nuestro alcance; desde el Congreso hasta la creación de economía alternativa, pasando por el trabajo comunitario, la manifestación de nuestras ideas a través de medios alternativos de comunicación y círculos de estudio, la organización en nuestras respectivas colonias, la exigencia de los derechos a través de la protesta en las calles y la observación crítica de las acciones que han de emprender los dirigentes que nos representan.
Por todo esto, agradezco a la Resistencia Civil Pacífica por mantener siempre la esperanza de un mejor país y mantenernos realistas, buscando lo imposible.
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| Manuel Bartlett Díaz Anular el voto 04 de junio de 2009 |
| Rosario Ibarra ¡Alerta, México! 04 de junio de 2009 |
Una muestra palpable fue la detención de 25 policías de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Tijuana, Baja California, llevada a cabo entre los días 21 y 30 de marzo. Los llamaron de la “comandancia” y, en cuanto llegaron, fueron privados de su libertad y trasladados a las instalaciones del octavo Batallón Militar denominado Aguaje de Tuna, en donde estuvieron cinco días, sin que se determinara su calidad jurídica ni acceso a defensa legal alguna.
Al abuso que constituyen las detenciones sin orden judicial se agrega el hecho terrible de la tortura, pues durante ese tiempo fueron brutalmente golpeados, sometidos a descargas eléctricas y constantemente amenazados con que iban a ser ejecutados.
Después de esos días, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 4… ¡en Tepic, Nayarit!, en donde se prolongó su detención ilegal hasta el 13 de mayo y en donde también un juez de distrito dictó en su contra autos de formal prisión… Hasta hoy, esos policías de Tijuana se encuentran encarceldos en el citado Centro Penitenciario (en Tepic, Nayarit), sin que a sus abogados se les permita el acceso a las constancias de su proceso penal, “ para que se realice el derecho que constitucionalmente tienen a una defensa legal adecuada”.
Este hecho no es único; constantemente se repiten en todo el territorio nacional los hechos ilegales, los hechos en los que se viola la Constitución, acompañados de la impunidad de la que gozan los que los cometen. Todo ello es un ultraje a la dignidad del pueblo de México; es una burla que llena de oprobio a quienes pensamos y luchamos por que se respete la ley. Cada acción de esa índole es como un fuetazo, como un golpe artero a los sentimientos nobles y a los anhelos del pueblo pobre de México, que es el más vulnerable y el más injustamente tratado.
No es nueva la falta de apego al mandato constitucional en México: desde hace muchos años sufrimos al enterarnos o ser víctimas de las acciones anticonstitucionales en las que han incurrido los diferentes gobiernos. La historia moderna del país está llena de esas páginas tristes que la memoria, la fuerte memoria, “la terca memoria” del pueblo guarda celosamente, porque no se pueden echar al olvido los días, los meses y los años que hemos sufrido… y lastima, duele, hiere la insania, el descaro, la burla que el actual gobierno sigue haciendo de la ley.
No se puede corregir la ilegalidad con actos ilegales. En muchos medios se escribe o se habla de las bondades de las acciones del Ejército. Se escribe sobre el accionar de los militares: que detienen, que interrogan a los detenidos y que los conducen y los encierran en cuarteles (en donde no pocas veces son torturados).
La historia es larga ya… ferrocarrileros, maestros, médicos, estudiantes, campesinos, indígenas del norte, del centro y del sur, estudiantes otra vez y campesinos también otra vez, y sigue el Ejército intimidando al pueblo en calles y en caminos, y sigue el gobierno sacando a los soldados de los cuarteles (pueblo pobre uniformado), para maltratar al resto del pueblo pobre, y los de arriba aplauden y felicitan a los “mandos”… “¡Qué importa que se viole la Constitución!”.
Llamo “¡Alerta, México!” a estas modestas líneas, porque las escribo en Monterrey y me ha parecido terrible el enterarme de que los candidatos a la gubernatura de los dos partidos más grandes del país aplauden y festejan el accionar de las Fuerzas Armadas, y no he leído ni escuchado palabra alguna de rechazo a dicha conducta de parte de los “grupos sociales de cierto nivel”… sólo los pobres hablan en contra… y en son de queja. Por eso repito fuerte: ¡alerta!
Dirigente del comité ¡Eureka!
El actual Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel d’Escoto Brockmann, ex-canciller de la Nicaragua sandinista, está dotando de un rostro nuevo a la entidad.
Washington.- Walter Kendall Myers, trabajador retirado del Departamento de Estado y su esposa, Gwendolyn Steingraber, fueron detenidos y acusados formalmente de espiar para Cuba durante las últimas tres décadas, una falla de seguridad que un funcionario calificó de increíblemente grave.
